Indignación republicana por la investigación de torturas

Por: Idoya Noain, Nueva Cork
De: El Periódico de Catalunya, España

Un día después de que el fiscal general (ministro de Justicia) de Estados Unidos, Eric Holder, decidiera investigar si las torturas en los interrogatorios de sospechosos de terrorismo por agentes y contratados de la CIA son un delito, los republicanos y los sectores vinculados al espionaje intensificaron sus críticas mientras la mayoría de quienes aplaudieron el paso lo calificaban de importante pero insuficiente.

Dick Cheney, rabioso defensor de la eficacia de las torturas durante su vicepresidencia, lideró el ataque al presidente, Barack Obama, tanto por «permitir» que se abra la investigación como por crear un nuevo grupo que traslada al FBI el papel que tenía la CIA en el interrogatorio de detenidos relevantes. «Es un recordatorio de por qué tantos estadounidenses tienen dudas sobre la capacidad de esta Administración de ser responsable de la seguridad de nuestra nación», escribió, metiendo el dedo en lo que se suele ver como una llaga de las Administraciones demócratas.

Cheney vio el lunes como finalmente se hacían públicos dos informes cuya desclasificación llevaba tiempo defendiendo y que, según él, probaban la eficacia de las técnicas de interrogatorio mejoradas. Pero aunque uno de los textos, del 2005, habla de los brutales interrogatorios como «pilar crucial de los esfuerzos antiterroristas», el informe del inspector general de la CIA del 2004, también dado a conocer el lunes, reconoce que «medir la efectividad es un proceso subjetivo».

Manos manchadas

El reto para Obama es múltiple. Además de enfrentarse al descontento de los sectores vinculados al espionaje, sufre un furioso ataque republicano. El congresista Peter King ha llegado a decir que «se perderán miles de vidas y las manos de Holder estarán manchadas de sangre».

Pero al presidente le observan con atención también el ala progresista de su partido y activistas que creen que debe ir más lejos y completar una investigación que no quede en agentes y mercenarios de la CIA y llegue hasta los más altos niveles de la Administración anterior. «Buscar solo los actores de más bajo nivel en una conspiración para torturar a detenidos no ofrecerá justicia», ha dicho el congresista Jerry Nadler.

Editorial: Infamias de la CIA

Al publicar un informe sobre las infames actuaciones de la CIA en el trato de los detenidos y nombrar a un fiscal especial para que investigue lo ocurrido, el presidente Barack Obama no sólo cumple con sus promesas electorales, sino con el encomiable propósito de limpiar la imagen moral y jurídica de Estados Unidos, tan gravemente deteriorada durante el Gobierno de George Bush.

La actuación de la Casa Blanca contra la CIA, pese a las graves repercusiones políticas y de seguridad, nos resulta un espectáculo tan inédito como edificante, aunque queda por saber hasta dónde irá el fiscal en la búsqueda de los culpables y el seguimiento de los rastros de la tortura y otras ignominias. Obama y sus consejeros han llegado a la conclusión de que los interrogatorios autorizados tras la catástrofe del 11-S del 2001, con el pretexto del terrorismo, fueron una aberración histórica, una afrenta a la tradición del país, cuyo coste en honor y prestigio superó a cualquier beneficio preventivo.

El debate entre la libertad y la seguridad no solo establece un abismo entre Obama y su predecesor, sino que desgarra a los dos partidos que se turnan en el poder y previsiblemente seguirá influyendo en la batalla política.

Otro riesgo corre el presidente: el de instalar la desconfianza y la hostilidad dentro de la CIA, cuyos responsables en 2002-2004 aducen que actuaron legalmente.

El fiscal deberá obrar con sumo cuidado para que la investigación no se centre en actores secundarios cuando los principales responsables de esta sórdida historia son el presidente Bush y sus consejeros, así como los líderes del Congreso que fueron informados y prefirieron el silencio a la denuncia, el conformismo a la dignidad.