Àngels Gallardo / Barcelona
De: El Periódico
Si el proyecto de ley de salud sexual se aprueba en sus actuales términos, cosa que está previsto que ocurra el próximo otoño, los hospitales públicos deberán asumir las interrupciones de embarazo en todos los plazos previstos por el nuevo texto.
Desde que se despenalizó la intervención, la red pública apenas hace un 3% de los cerca de 123.000 abortos que se realizan al año en España (23.000 en Catalunya). El resto se hicieron en clínicas privadas y las usuarias pagaron la intervención, unos 500 euros. Las perspectivas que ahora abre la ley preocupan a los ginecólogos y obstetras de las salas de parto públicas, que temen quedar desbordados por la demanda de abortos, ya que pasan a formar parte de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud y serán gratuitos.
"Si nos llegan todas, o parte, de las peticiones de abortos que ahora asume el sector privado, solo haremos eso, quedaremos colapsados --explicó el doctor Ramon Carreras, responsable del área de Obstetricia en el Hospital del Mar, de Barcelona--. Necesitaremos más quirófanos y personal: no hay ningún hospital catalán que esté en disposición de asumir esas intervenciones".
La consellera de Salut, Marina Geli, aseguró ayer que no permitirá que eso suceda: "Mi obligación es evitar que los hospitales queden colapsados por la petición de abortos, y ya hemos previsto una solución. Quien debe hacer las interrupciones de embarazo es la red de hospitales públicos o concertados de Catalunya y, de forma excepcional, las clínicas privadas, con las que ahora concertaremos la asistencia". Ese concierto sanitario equiparará a las cinco clínicas privadas, ya acreditadas por la Generalitat para hacer abortos, con el resto de la oferta sanitaria pública, lo que cambiará de forma radical la consideración que hasta ahora ha recibido el sector, nada valorado por el colectivo médico.
En la práctica, las clínicas privadas seguirán asumiendo la mayoría de interrupciones de embarazo, opinó el ginecólogo Santiago Barambio, presidente de la asociación de clínicas acreditadas para hacer abortos (ACAI). La diferencia es que ahora será gratis para la usuaria y a las clínicas les pagará Salut. "Nosotros tenemos las instalaciones, el personal especializado y la experiencia --dijo Barambio--. En los hospitales atienden a enfermos graves y una mujer embarazada siempre quedará mezclada y a la espera".
En la actualidad, solo dos hospitales públicos, de los 64 que hay en Catalunya, aceptan hacer abortos: el Hospital del Mar y el de Vall d'Hebron, de Barcelona. Estos centros asumen las interrupciones que se ajustan a motivos "objetivos" previstos en la legislación en vigor: cuando el feto sufre malformación grave o si la vida de la mujer peligra por la gestación. Es decir, tampoco asumen abortos justificados con el riesgo psíquico de la salud de la mujer, el artículo que desaparecerá en la nueva ley y que es el motivo del 97% de los abortos.
Aun así, los servicios que atienden a embarazadas en los hospitales públicos sufren una saturación creciente ante el aumento de la natalidad que experimenta Catalunya desde hace unos cinco años. Los ginecólogos escasean.
Sara González / Barcelona
Una de cada cuatro mujeres embarazadas residentes en Barcelona aborta. Según los datos de la Agencia de Salud Pública, con cifras de los centros públicos y privados de la ciudad, de las 20.000 gestaciones registradas el 2006, más de 5.500 acabaron en interrupción voluntaria del embarazo. Solo el 3% de las intervenciones se produjeron tras detectarse defectos genéticos del feto.
La tasa de aborto en la capital catalana se situó en el 27,8% en ese año, el último del que hay datos. El porcentaje sigue por debajo del de los países europeos que aprobaron leyes de interrupción del embarazo antes que España.
El director del registro de defectos congénitos de Barcelona, Joaquín Salvador, explicó ayer, en la presentación de los datos de los últimos 14 años, que se han duplicado los abortos en casos de fetos a los que se detecta algún problema congénito. Del 19,7% en 1992 se pasó al 39,3% en el 2006 a causa de las ecografías y las pruebas invasivas, que hoy localizan los defectos antes del nacimiento en el 65% de las ocasiones, la mayoría antes de las 22 semanas de gestación.
El registro revela que en el 2006 la cifra de niños con síndrome de Down (12) se triplicó respecto del 2005, una tendencia que, según Salvador, tendrá que analizarse en función de los resultados de los próximos años.
El doctor afirmó que en Barcelona el embarazo "se controla bien" y que las inmigrantes se incorporan al sistema sanitario sin problemas. Además, ha bajado del 40% al 9% la cifra de embarazadas fumadoras.
À. Gallardo / Barcelona
De la misma forma que pueden trabajar sin necesidad de que sus padres den el consentimiento por escrito, la opinión de las jóvenes de 16 años debe prevalecer en el momento de decidir si prosiguen o no un embarazo. Esa es la posición que la Conselleria de Salut aportará en los debates a que aún se someterá el proyecto de ley sobre salud sexual elaborado por el Gobierno, que convierte en derecho legal la opción de abortar a decisión de la mujer.
"Sería recomendable que la joven informase a su familia, por sentido común y porque suele gustar compartir con los padres las decisiones importantes --afirma la consellera Geli--. En general, se entiende que la familia es un elemento positivo, de apoyo, en la vida de una adolescente, pero es evidente que no siempre es así". En este último caso, añadió la consellera, el departamento propondrá que la joven decida, pero que se establezca la presencia de un adulto --"escogido por la chica"-- que ejercerá de consejero y apoyo ante la intervención.
La Generalitat se ha inspirado en la ley francesa sobre interrupción del embarazo al decidir su posición en un tema que está resultando controvertido. En lo que existe coincidencia general es en la necesidad de reducir las cifras de embarazos no queridos que ocurren cada año en Catalunya, y en el resto de Europa, un fenómeno que avanza en paralelo a la difusión de recursos para evitarlos.
"Algo no estamos haciendo bien si los embarazos no deseados siguen aumentando entre las adolescentes --indica Ramon Miralles, presidente de la Societat Catalana de Ginecologia i Obstetrícia--. Pero no sé si será posible legislar el derecho de las adolescentes de 16 años a decidir si abortan, y no hacerlo para otros ámbitos de la vida diaria que también son importantes". En opinión de este especialista, la nueva ley del aborto obligará a revisar el concepto de la mayoría de edad.
La ley de autonomía del paciente, elaborada por el primer Gobierno de José María Aznar, decidió que la opinión de las adolescentes de 16 años ha de prevalecer, sin consentimiento de sus padres, ante todos los actos médicos a que deban someterse: desde recibir una quimioterapia a operarse a corazón abierto o autorizar la amputación de una pierna irrecuperable.
Aquella ley solo puso dos excepciones al derecho a decidir de las adolescentes: los tratamientos de reproducción artificial y el aborto. El piercing, para el que sí se exige el permiso paterno, no se considera una práctica sanitaria.
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