Se sabe quiénes perpetraron la cruel matanza, pero falta aclarar detalles y persisten muchas dudas

Miguel Tapia G.

Las dudas del fallecido suboficial Sergio Placencia sobre quién dio el tiro de gracia a uno de los dirigentes masacrados el 18 de enero de 1974 en Quillota (ver nota aparte), no son tales para un oficial que entregó su testimonio ante la magistrada Gabriela Corti, que desenredó gran parte de la maraña de mentiras con que los procesados pretendían ocultar la verdad.

Según ese oficial, el entonces capitán de Ejército Daniel Walker habría dado el "tiro de gracia" al prisionero que quedó con vida. Los cuerpos de las nueve víctimas habían sido llevados desde el lugar de la masacre al Regimiento de Ingenieros. De acuerdo al testimonio, cuando Walker se percató que uno seguía con vida, dispuso subirlo a un jeep y llevarlo al lugar donde habían realizado el montaje del falso "asalto a la patrulla" y allí, sobre un montón de tierra, le disparó para darle muerte. Después regresaron con el cadáver al Regimiento. Hasta ahora no se sabe cuál de las víctimas fue tan fríamente ultimado por el uniformado.

Hay detalles verdaderamente espeluznantes en el voluminoso expediente de la Causa Rol Nº 35.738 que instruía la ministra en visita Gabriela Corti y que ahora sustancia -con extrema lentitud- el ministro Julio Miranda Lillo, por secuestro y homicidio calificado.

Para ocultar la masacre, la autoridad militar de la época realizó todo un montaje para dar muerte a los nueve dirigentes y luego sostener que los detenidos eran trasladados desde el Regimiento de Ingenieros a la Escuela de Caballería, y que en el trayecto la patrulla había sido asaltada por "elementos extremistas" dejando como saldo seis prisioneros muertos: Hugo Hernán Aranda Bruna, Julio Arturo Loo Pardo, Manuel Hernán Hurtado Martínez, Eduardo Manzano Cortés, Ángel Mario Díaz Castro y Víctor Enrique Fuenzalida Fuenzalida. Los tres restantes -el ex alcalde socialista Pablo Gac Espinoza, el abogado y dirigente socialista Rubén Cabezas Parés y el dirigente campesino Levi Arraño Sancho, del Mapu- habrían escapado, según el bando emitido en la época. Pero hoy se sabe que también fueron asesinados y todo indica que sus restos fueron lanzados al mar desde un helicóptero.

Fría planificación

En el grueso expediente judicial, se acumulan los antecedentes dejando en evidencia quiénes planificaron y dieron la orden de asesinar y quiénes ejecutaron esa orden.

Pero cuando el tribunal pretende establecer paso a paso cómo ocurrió la matanza, los interrogados entran en contradicciones. Hasta ahora, han pasado de negar toda participación hasta tergiversar los hechos, inculpar a terceros inubicables o asegurar que hubo participantes que no conocen, hasta sostener que no recuerdan nada, entrando generalmente ene videntes contradicciones.

Pero está claro que la orden de detener a los nueve militantes y dirigentes de izquierda la dio el coronel Sergio Arredondo González, quien había sido jefe operativo de la "Caravana de la Muerte" -cuyo cometido dejó un centenar de muertos por todo Chile-, y en la época era director de la Escuela de Caballería de Quillota.

La masacre fue planificada con anterioridad, con participación -incluso- de civiles, quienes asesoraron a los militares y colaboraron apoyando las acciones.

Los nueve prisioneros fueron concentrados en la noche del 17 de enero de 1974 en el Regimiento de Ingenieros, hasta donde también fueron llegando los oficiales y suboficiales citados para esos efectos. A cargo de todo el operativo habría estado el entonces capitán Francisco Pérez Egert.

Algunos de los participantes reconocen que se les citó "sólo para colaborar en el traslado" de los prisioneros de una a otra unidad militar.

Los asesinaron con ráfagas de metralleta

Se ha establecido que en el mismo Regimiento fueron separados los tres detenidos que serían dados por fugitivos de los seis restantes. Todos salieron después de la medianoche en una caravana de cuatro vehículos que enfiló por Yungay hasta Freire y de ahí al Camino a San Isidro, que da a la Escuela de Caballería.

Pero a metros del paso bajo nivel de la vía férrea, la caravana se detuvo y el capitán Pérez dispuso que bajen todos los detenidos, maniatados como se encontraban, ubicándolos a un costado de los vehículos.

A cada lado del camino, unos 80 metros del lugar, efectivos militares fueron ubicados para impedir el paso de vehículos. Detrás del escenario de la masacre, un civil observaba desde la casa de su parcela, con la misión de avisar a la Escuela de Caballería apenas la macabra operación hubiese concluido.

A la orden del capitán Pérez, se inició el estallido de granadas y las ráfagas de metralletas orientadas hacia los nueve prisioneros. Fueron escasos segundos; lo suficiente para asesinar a los nueve dirigentes e incendiar uno de los jeeps de la caravana, con lo que se pretendió hacer aparecer la masacre como un "asalto extremista a la patrulla", como se le denominó oficialmente.

De vuelta al regimiento

Consumada la masacre, el capitán Pérez ordenó levantar los cuerpos y llevarlos al Regimiento. Allí, tras percatarse que uno de los ejecutados permanecía con vida, el entonces capitán Daniel Walker ordenó subirlo a un vehículo militar para trasladarlo personalmente al lugar donde se efectuó el montaje. Allí lo hizo ubicar sobre un montón de tierra y le habría disparado el tiro de gracia.

Devuelto el cadáver hasta el Regimiento de Ingenieros, se dispuso que los cuerpos de los tres que serían dados por fugados, fueran llevados a la Escuela de Caballería, desde donde antes de las diez de la mañana siguiente, fueron retirados por un helicóptero de la Armada para ser lanzados al mar, frente a las costas de Quintero.

Los restos de los otros seis dirigentes asesinados, fueron enviados a la morgue del Hospital de Quillota, donde los doctores Jorge Abde (ya fallecido) y Orazio Bruzzone -quien declaró ante la Ministra- les practicaron las autopsias. Posteriormente, los cadáveres fueron entregados a los familiares en ataúdes cerrados y sellados por una empresa funeraria escogida por los propios militares. Para asegurarlos, los cajones fueron amarrados con alambres de púa.

Todo este procedimiento se apartó absoluta y arbitrariamente de los que corresponden judicialmente, porque los militares levantaron los cuerpos sin esperar las pericias de Investigaciones, que debió intervenir inmediatamente en el sitio del suceso.

Entrabando la investigación

Establecidos judicialmente los detalles descritos y muchísimos otros tanto o más escalofriantes, cada uno de los involucrados y procesados siguen negando sistemáticamente su participación, al parecer respetando el ya conocido "pacto de silencio".

El coronel (r) Arredondo, que ordenó toda la operación, asegura haber llegado justo esa madrugada desconociendo todo lo sucedido. El entonces capitán Walker dice no haber tenido conocimiento de lo sucedido, igual que su colega Pedro Durcodoy, mientras el también capitán Pérez Egert asegura haber ido pasando casualmente por el lugar cuando fue sorprendido por el estallido de una granada, que desbarrancó su vehículo y le causó un traumatismo encéfalocraneano y graves lesiones en un brazo. Perdió el conocimiento -sostiene- y por tanto no sabe nada de lo ocurrido.

A todo esto, no se ha logrado constancia del pretendido traumatismo encefálico y quienes estuvimos cerca del caso, recordamos que por esos días, el capitán Pérez apareció con una mano vendada, afirmando que resultó lesionado leve a raíz de la refriega con los extremistas que asaltaron la patrulla.

En el proceso, no obstante, se acumulan contundentes antecedentes que le permitieron establecer participación "en calidad de autores" de secuestros y homicidios calificados, de los siete ex militares y un ex carabinero a quienes la ex instructora del caso, Gabriela Corti, sometió a proceso en julio de 2003.

Ellos son los coroneles en retiro Sergio Arredondo, Francisco Pérez, Pedro Durcodoy y Daniel Walker; el mayor en retiro Raúl Muñoz; los suboficiales mayores Leonardo Quilodrán y Sergio Placencia (recientemente fallecido), todos del Ejército, y el suboficial mayor en retiro de Carabineros Laureano Hernández.

También participaron civiles

Un suboficial de Ejército, en su testimonio, menciona al empresario agrícola Claudio Monreal Navarro, sosteniendo que "esta persona era un ‘ayudista' del Ejército, quien presenció estos hechos, además él mismo me comentó que estaba en conocimiento con antelación de la planificación de cómo iba a ocurrir el ‘asalto a la patrulla'; a él lo prepararon para esto y le correspondió hacer la llamada telefónica a la Escuela de Caballería para informar de lo sucedido, como asimismo facilitó vehículos e incluso coordinó con la funeraria que transportó a los fallecidos. Esta es una persona mayor de edad y me ha señalado que está dispuesta a colaborar, pero está asustado".

Finalmente, Monreal declaró como testigo, igual que el tristemente famoso cruel torturador Osvaldo "Guatón" Romo, ya muerto, e Ismael Villavicencio Carrasco.

El mismo suboficial dice haber reunido una serie de antecedentes sobre este episodio, "enterándome que no fue un asalto sino un ‘show' realizado por camaradas militares de esa época para eliminar a una serie de personas políticas contrarias al gobierno militar, simulando un enfrentamiento entre una patrulla militar que transportaba detenidos políticos y elementos subversivos".

También menciona nombres de otros militares que tuvieron participación: Eladio Lara Valenzuela, René Olivares Faúndez, Carlos Retamal Salazar, René Gutiérrez Herrera. También a un carabinero: Orlando Tapia Tapia.

El general Juan Arenas Franco, en tanto, menciona a un tal "Pepe" como otro de los ayudistas de los militares: "Lo único que yo recuerdo de esa noche (la de la masacre) es que anduve de patrullaje acompañado de un civil de nombre Pepe, que era dueño de una parcela ubicada frente a la Escuela de Caballería, que facilitaba su camioneta para este tipo de diligencias".

Todavía quedan dudas

El cuadro sobre la brutal masacre de hace 34 años y medio, está totalmente configurado en el proceso, con detalles tan insospechados como de crueldad extrema. Las responsabilidades también están medianamente definidas en los autos de procesamiento. Pero debido a las porfiadas mentiras de los autores, hay detalles que no encajan y el ministro no quiere cometer errores, dicen, antes de dictar sentencia. Además, no se ha logrado evidencias materiales que demuestren judicialmente que Pablo Gac, Rubén Cabezas y Levi Arraño hayan sido, efectivamente, arrojados al mar.

Hay quienes no olvidan que a raíz de la Mesa de Diálogo, el Ejército entregó una lista de desaparecidos que en realidad habrían sido lanzados al océano desde el aire, pero los restos de uno de los nombrados aparecieron más tarde enterrados en un abandonado predio militar de la Región Metropolitana.

Entonces, no es fácil creer esa versión de buenas a primeras.

Menos aún si hubo testigos que declararon que los tres desaparecidos fueron enterrados al interior de la Escuela de Caballería, señalando incluso el sector sur oriente del predio.

Pero también se desarrolló en todo Chile la horrenda "operación retiro de televisores", desenterrando restos de ejecutados políticos para deshacerse de ellos lanzándolos al mar.

Tampoco se puede olvidar -sin embargo- que uno de estos testigos declaró ante el ex Juez del Crimen de Quillota, Raúl Beltramí, e incluso acompañó al magistrado cuando éste intentó rastrear el recinto militar para verificar la versión. Pero en la época, el director de la Escuela era el coronel Francisco Pérez Egart, el mismo que como Capitán comandó la patrulla asesina y no dejó entrar al magistrado. Pérez debe ser uno de los pocos militares que supo fehacientemente el destino final de los tres cadáveres. Y si no estaban enterrados en el lugar ¿para qué impedir el ingreso del juez, con el daño a la imagen del Ejército y a la cuya propia que esa actitud provocaría...?

Las dudas suman y siguen. Pero desde que la jueza Corti dejó el caso hasta ahora, aunque lentamente, se han seguido acumulando antecedentes en el sumario. Antecedente que hasta ahora no conocemos...