Murió uno de los procesados por la masacre de 1974 en Quillota, mientras la justicia sigue dilatando el proceso

Por Miguel Tapia G.

"No, yo no soy sapo ni torturador. Soy un especialista en Inteligencia del Ejército; soy un militar de profesión que hice cursos para análisis de Inteligencia y nunca he matado a nadie ni he participado en ninguna de esas cosas..."

Hoy recuerdo esas palabras que pretendían ser amistosas, cuando en el sitio chilemipatria.cl leo el aviso, fechado el 17 de junio: "Se Comunica el sensible fallecimiento de quien fuera nuestro Director, SOM de Ejército Sergio Placencia Sepúlveda ( Q.E.P.D.). Sus funerales se realizarán mañana miércoles 18 de Junio, a las 15:00 hrs. en el cementerio parque del mar en Con-Con, Quinta Región. El Directorio al igual que todos nuestros socios se adhieren al dolor de la familia Placencia y ruega a Dios Todopoderoso por el eterno descanso de nuestro Camarada y amigo, como así también les de la paz y el consuelo ante tan irreparable perdida. La Directiva".

Murió Sergio Placencia, uno de los militares procesados por la masacre perpetrada en Quillota por uniformados contra nueve indefensos militantes de izquierda esa madrugada del 18 de enero de 1974.

Placencia me habló por los aciagos tiempos de 1985/86. Me sorprendió en la barra del restaurant- grill O'Higgins de Quillota, donde yo solía visitar a su dueño, mi entrañable amigo Miguel Gradinier, hoy fallecido. El suboficial mayor era padre de un locutor de la radioemisora en la que yo trabajaba y su conversación de acercamiento partió por ese tema. Y su explicación surgió cuando le enrostré su calidad de agente represivo de la dictadura. Después recalcó: "Soy de Inteligencia, pero pacífico".

Tiempo después supe que estaba enfermo. Cuando en julio de 2003 fue sometido a proceso -junto a otros siete ex uniformados- como uno de los autores de la masacre, supe que se le había diagnosticado cáncer. Estuvo detenido dos veces, pero en ambas ocasiones obtuvo libertad bajo fianza debido a su precario estado de salud.

También otros imputados se manifiestan enfermos. Pero el proceso sigue estancado, al parecer durmiendo en algún cajón del escritorio del ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Julio Miranda Lillo.

Este magistrado -quien en décadas pasadas se desempeñó como juez del Crimen en Quillota- se hizo cargo del caso después que la magistrada Gabriela Corti fue separada del proceso, justo cuando había avanzado considerablemente en las indagaciones, establecimiento de los acontecimientos y definición de responsabilidades.

Los familiares no se explican por qué no se ha cerrado el sumario, si la ministra Corti dejó la investigación suficientemente avanzada, con siete militares y un carabinero -todos en retiro- ya procesados, faltando solamente la acusación y el Plenario, que permitirá a las partes interiorizarse sobre el cúmulo de antecedentes acumulados en al menos seis años de investigación.

En el tribunal no hay explicación. El actuario que lleva la causa en la Corte porteña, Andrés Garfe, solamente se limitó a responder a la hija de una de las víctimas de la masacre que "todavía estamos en eso" y cuando se le preguntó si la causa permanece estancada, le aseguró que "aunque no lo crea, va muy avanzada".

El autor de esta nota intentó comunicarme en cuatro ocasiones con el afable actuario, pero reiteradamente se me informó que no me podía atender en esos momentos porque "está con el Ministro".

Otros familiares opinaron que el proceso está detenido porque "nosotros no contamos con un abogado en Valparaíso que ‘mueva' la causa, y como no hay nadie urgiendo al ministro Miranda, sigue abocado a otros procesos dejando inactivo el nuestro"... después de 34 años de acontecidos los hechos.

También recuerdan que en 2006, este mismo medio digital informó que el tribunal estaba a punto de dictar sentencia. "Dos años más tarde, el actuario nos dice lo mismo", reclama una de las familiares.

Lo concreto

Lo que tienen claro es que en el proceso no hay duda respecto de la comisión material del delito y quiénes lo ejecutaron, pero que los imputados han ido cambiando sus declaraciones iniciales, asegurando que ahora estarían cooperando con la investigación. "Eso, sencillamente no lo creemos", dice la hija de una de las víctimas.

La magistrada Corti dejó dictados los procesamientos después de haber establecido: primero, que existió el delito criminal de homicidio calificado de seis personas y el de "secuestro permanente" en el caso de los tres desaparecidos.

Segundo, que se trató de un operativo minuciosamente planificado y que su ejecución fue extremadamente cruel. Que la planificación de la masacre estuvo dirigida por el entonces coronel Sergio Arredondo (ex jefe operativo de la "Caravana de la Muerte"), con participación de otros militares y de un grupo de civiles, todos ya identificados.

Tercero, que desde el primer momento, los hechores se concertaron para armar un montaje y mentirle a la ciudadanía con la versión de que la patrulla militar que trasladaba a ocho de los nueve detenidos desde el Regimiento de Ingenieros a la Escuela de Caballería había sido "asaltada" por un grupo "extremista", resultando nueve detenidos muertos y un oficial con una lesión leve (que nadie vio jamás) en una de sus manos. Y que con el transcurso de los años, todos los implicados siguieron mintiendo para impedir que la justicia llegue a la verdad.

Cuarto, que tanto los ocho detenidos que procedían desde el Regimiento como el dirigente que estaba retenido en la escuela de Caballería, confluyeron en el Paso bajo nivel de San Isidro, a pocos metros del cual fueron acribillados por la espalda, muriendo ocho en el mismo acto. Uno -no ha sido identificado- quedó con vida, de lo que los militares se percataron cuando llevaron los cuerpos de regreso al Regimiento. Entonces, un vehículo se devolvió con el moribundo al lugar de la masacre y allí un oficial -al parecer de apellido Walker- le dio el tiro de gracia.

Quinto: que después de la matanza, los restos del ex alcalde socialista Pablo Gac, del abogado socialista Rubén Cabezas y del dirigente campesino Levi Arraño, de la Izquierda Cristiana, fueron trasladados a la Escuela de Caballería; allí -según los testimonios- los esperaba un helicóptero de la Armada que los trasladó a la costa para hacerlos desaparecer en el mar.

Con todos esos elementos, el tribunal dictó los procesamientos, pero no ha podido llegar al fallo.

Al parecer, el lento avance impreso por el juez Miranda está dirigido a construir las figuras legales que respalden la sentencia, lo que enfrentaría el inconveniente de no tener elementos objetivos que respalden la tesis de que los restos de los tres desaparecidos, que -según los restimonios- habrían sido arrojados al mar, frente a Quintero.

Lo que nadie tiene claro es la verdadera voluntad del ministro Miranda para avanzar y llegar pronto al final del proceso. Es evidente, en todo caso, que no le asiste gran urgencia por dictar sentencia.

Placencia, el dudoso

En el proceso, el fallecido suboficial mayor (r) de Ejército Sergio Placencia figura como uno de los activos participantes en la detención y traslado de las víctimas de la masacre hasta el Regimiento de Ingenieros y también habría estado en la verificación de la muerte de cada uno, de regreso a la misma Unidad militar.

También estuvo en el escenario de los crímenes; o al menos, cuando llevaron de regreso a un moribundo para asesinarlo en el mismo lugar de la matanza.

Así queda demostrado en la parte del proceso en que en distintos interrogatorios judiciales, dio versiones diferentes sobre este cruel episodio. Inicialmente declaró que el ex capitán Daniel Walker le dio el "tiro de gracia" a la víctima que no murió instantáneamente.

Pero careados ambos, a Placencia le entra la duda: "Mantengo lo declarado anteriormente en lo que respecta al herido en el asalto a la patrulla que posteriormente fue rematado por un oficial en el Camino Internacional. Pero ahora viendo a mi mayor Walker no puedo precisar con certeza de que éste haya sido dicho oficial, manteniendo al respecto las dudas que expresé anteriormente; es decir, si era éste o era Jaime Bachler..."

Pero luego enfrentado con este último oficial, nuevamente se "confunde": "Mantengo mis anteriores declaraciones. Ahora que tengo frente a mí al Oficial Bachler no puedo decir que éste era el oficial que remató al herido. Insisto la duda persiste si era éste o el Mayor Walker y para despejar dicha duda me remito al careo que se me efectuó con este último".

Hoy, los familiares de las víctimas temen que con su muerte, el proceso se siga dilatando indefinidamente pues habrá que sobreseerlo. Y, peor aún, si la sentencia sigue demorando, es posible que otros procesados enfermen o mueran también... O que pierdan la memoria.