Carta abierta al ministro Julio Miranda Lillo:
Reproducimos a continuación la carta abierta que familiares de las víctimas de la masacre de 1974 en Quillota enviaron al ministro en visita que instruye el proceso, Julio Miranda Lillo:
No olvidar lo que aconteció en Chile hace más de tres décadas es una exigencia permanente entre nosotros.
Como sociedad, necesitamos reflexionar sobre lo que pasó, sobre el significado que tuvo y sobre el legado del genocidio llevado a cabo en nuestro país a partir de la violenta instauración del régimen militar.
Los organismos de Derechos Humanos se encargaron de denunciar a lo largo de décadas aquellas prácticas, manteniendo vigente aquello que en definitiva no sólo nos incumbía a los familiares directamente afectados, sino a la sociedad en su conjunto.
La inclaudicable exigencia ética llevada a cabo por los organismos de Derechos Humanos a lo largo de la historia reciente de nuestro país da férreo testimonio de ello.
Por su parte, los gobiernos de la Concertación, "en la medida de lo posible" han intentado impulsar débiles políticas que han restituido apenas al país la posibilidad de establecer condiciones de justicia que permitan superar la experiencia de hechos de violencia en los cuales la sociedad entera se vio comprometida. La historia no se sitúa en el pasado.
La historia no es un fósil. Recordar y testimoniar no es un mero ejercicio arqueológico.
Sabido es que un largo camino hemos tenido que recorrer quienes en abril de 2000 presentamos la Querella N° 83 contra Augusto Pinochet y quienes resultaran responsables del crimen acontecido en Quillota en enero de 1974, específicamente por la ejecución de seis de nuestros familiares y la desaparición de otros tres.
Tras un largo itinerario, en 2003 se sometió a proceso a Altos Oficiales y Suboficiales en ejercicio en la zona en ese entonces.
Sin duda que el desarrollo del proceso y el resultado de las investigaciones no nos sorprendieron mayormente, sino que más bien se confirmó nuestra propia versión de los hechos.
Los familiares siempre supimos, siempre guardamos en nuestra memoria aquellos acontecimientos, nombres y datos que finalmente permitieron al Departamento Quinto de Investigaciones llevar a cabo su labor, la que no podemos dejar de reconocer, pues en lo profundo, nos permitió rearmar un pasado traumático, hacerlo visible y demostrar que no estábamos equivocados.
Sin embargo, las gestiones judiciales llevadas a cabo no han sido suficientes.
Necesitamos superar ese pasado traumático que nos precede mediante actos concretos que instituyan y restituyan nuestra definitiva confianza en la Justicia. Hemos esperado 34 años y todavía seguimos enfrentándonos reiteradamente contra muros simbólicos de olvido y de impunidad en la medida en que la odiosa lentitud de la Justicia pareciera estar de parte de los acusados.
Creemos que la Justicia es necesaria, que es la garantía para que esos hechos no vuelvan a repetirse. Y también creemos que esta larga demora en la dictación de sentencia sólo contribuye a impedir que como ciudadanos tengamos "confianza en las instituciones", tal como lo reiteran a veces hasta el cansancio nuestras autoridades, que se jactan de decir que en este país las "instituciones funcionan".
Al mismo tiempo que nos negamos a vaciar de sentido nuestra dolorosa experiencia, constatamos que esta ausencia de Justicia parece estar en alianza con otro aspecto no menos evidente: cada vez hay menos personas interesadas en oír, en acercarse a conocer esta otra versión de la historia; así, lo ocurrido se ha ido convirtiendo casi en un relato ininteligible para el resto.
¿Quiénes somos los familiares de las víctimas de la represión? ¿Aquellos que en ocasiones somos vistos en la Plaza de Quillota prendiendo velas y portando pancartas con las añosas imágenes de unos perfectos desconocidos...?
¿Se trata de un problema ajeno? ¿ Acaso un asesinato colectivo ocurrido hace treinta y cuatro años en esta misma ciudad fue un hecho privado, a pesar de que quienes lo realizaron eran funcionarios uniformados dependientes del Estado, que mataron con balas también financiadas por el Estado, a gente indefensa?
Por otra parte, ¿Nadie conocía a las víctimas? ¿Nadie las recuerda como vecinos, como compañeros de trabajo, de colegio o de algún encuentro en una esquina de esta ciudad? Pareciera que estamos frente a un olvido concertado.
A pesar de todo, aquí estamos como siempre, atentos e insistiendo en que no se imponga el olvido definitivo, testimoniando la pérdida una vez más pues creemos que es la comunidad entera la que debe recuperase éticamente. La justicia también es un acto ético y la necesitamos para seguir viviendo.
Familiares de víctimas
"Asalto a la patrulla"
Quillota
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