Día de los Trabajadores

Miguel Tapia G., Periodista

Vengo llegando desde el Teatro Municipal Portales, donde la Central Unitaria de Trabajadores de la Provincia de Quillota celebró con una velada político-artístico-sindical, el Día Internacional de los Trabajadores.

Fue grato estar en un evento público que reunió a unas 300 personas en el teatro. Claro que la mayoría eran estudiantes que habían participado en la Maratón de los Trabajadores, que fue multitudinaria, con unos 400 deportistas -incluidos minusválidos en sillas de ruedas- corriendo por las calles de la ciudad en honor al mundo del trabajo.

Faltaron trabajadores en el acto. Había banderas del Partido Comunista, pero no vi ningún pendón de un sindicato de base. En las afueras había algunos amigos comunistas reuniendo firmas para pedir se asigne el nombre del Presidente Salvador Allende a la actual Plaza de Los Ceibos, que pronto va a ser remodelada construyendo allí un amplio anfiteatro. Por cierto, firmé con gusto.

Subcontratados de Codelco

Pero lo que resulta al menos incierta es la realidad que enfrentamos los trabajadores en el Chile de hoy.

Este primero de mayo sorprende al país con una persistente huelga de los trabajadores subcontratados de las minas estatales de cobre. Es un conflicto que curiosamente parte de la ley impulsada por el propio Gobierno para regularizar la situación de los trabajadores "tercerizados". La "tercerización" u "outsourcing" es una modalidad que usan las empresas para contratar personal a través de un contratista. Pero la modalidad está concebida para aquellas labores que no tienen relación con el giro principal de una empresa.

Por ejemplo, en el caso de la producción de cobre, pueden ser exteriorizadas faenas como el aseo, la seguridad y la alimentación. Pero lo que la cuprífera estatal Codelco ha hecho es enganchar personal para tareas de extracción y procesamiento del cobre, que es su giro principal.

Esto lo ha hecho para reducir costos, ya que la mano de obra de los contratados directamente por la empresa estatal es carísima, ya que gracias a su férrea organización y gran fuerza, los trabajadores de Codelco gozan de beneficios extraordinarios, inalcanzables para otros rubros laborales. Por ejemplo, además de elevados sueldos, bonos de producción y gratificaciones, el personal de la compañía reciben regalías tan elevadas como la beca total de estudios medios y superiores para todos sus hijos, dinero para disfrutar vacaciones y trato preferencial para sus familiares si quieren trabajar en la misma empresa.

Entonces, Codelco contrata empresas menores proveedoras de personal y se da la inaceptable situación que dos trabajadores que hacen exactamente lo mismo dentro de la mina o en la cadena de producción, ganan distinto: uno, de la compañía, con buena remuneración y enormes regalías. El otro, empleado de una contratista, un salario ínfimo y ningún beneficio adicional.

Esta realidad se da en muchas empresas, estatales y privadas. La ley elaborada por el Gobierno de la Presidenta Bachelet y aprobada por el Parlamento en mayo de 2006 dispone que todos los trabajadores que se desempeñan en el giro principal de las empresas deben depender directamente de ella.

Los trabajadores subcontratados de Codelco están bien organizados y tienen dirigentes muy sólidos, por ello están librando una batalla dura para que se les aplique la ley. La Dirección del Trabajo inspeccionó minuciosamente las distintas divisiones de Codelco y elaboró una lista con los trabajadores subcontratados que cumplen los requisitos legales para depender directamente de la Compañía, pero de manera insólita la cuprífera del Estado rechazó lo dispuesto por otro órgano estatal y recurrió a la Justicia para no cumplir con lo exigido por la autoridad laboral.

Es apenas una de las injusticias a las que se ve enfrentado el mundo laboral chileno.

Una realidad dramática

La realidad que enfrenta la inmensa mayoría de los trabajadores chilenos es desastrosa, de un abismante desamparo, porque no se ha logrado restablecer ni siquiera una mínima parte de los derechos suprimidos a la fuerza por la dictadura.

Un asunto fundamental es que hasta el golpe militar de 1973, en Chile existía la sindicalización obligatoria. Entonces, todos los sindicatos eran fuertes y podían negociar de igual a igual las condiciones laborales con la empresa.

Hoy, en aras de una malentendida libertad de afiliación, incorporarse a un sindicato no es obligatorio, lo que desincentiva la organización sindical y permite las ahora tan recurridas prácticas antisindicales.

Los empleadores le temen a la organización de sus trabajadores y castigan implacablemente a todo quien quiera crear un sindicato. De esta forma, los trabajadores quedan desprotegidos y lograrán solamente las remuneraciones y beneficios que el empleador quiera proporcionarles, a su entero antojo.

Actualmente en Chile apenas el 11 por ciento de la masa trabajadora pertenece a un sindicato y puede negociar con el empresario sus condiciones de trabajo. El 89 por ciento restante está en el más absoluto desamparo y nada obliga a reajustar periódicamente sus remuneraciones, por ejemplo.

Hasta 1973 regía en Chile lo que se denominaba "la propiedad del empleo"; es decir, si una empresa me contrataba, no me podía despedir sino por razones expresamente fundamentadas.

Hoy, le basta a un empleador aducir "razones de la empresa" para despedir a su empleado, sin más expresión de causa, pues la autoridad del Trabajo o los tribunales no exigen mayor demostración.

La ley exige expresamente que para despedir a un trabajador, el empleador debe tener absolutamente pagadas y al día todas las cotizaciones previsionales que descuenta íntegramente a sus empleados. Pero muchos empresarios insisten en apropiarse de los fondos previsionales que descuentan religiosamente a su personal y no las integran a las AFP o al INP, que son los administradores de los fondos de retiro.

También hacen vista gorda del pago de indemnizaciones. La ley actual dispone el pago de indemnización por despido, equivalente a un mes de sueldo por año trabajado para la empresa que lo está despidiendo. La dictadura impuso un tope de 11 meses para esta indemnización; o sea si llevo 25 o 30 años en la misma empresa, al despedirme me pagarán solamente 11 meses de indemnización. Y aún así, los empresarios se niegan a pagarla.

Injusticia laboral

Todos estos abusos son posibles porque la inmensa mayoría de trabajadores no tiene posibilidad alguna de defenderse frente a los abusos de los empleadores.

Si me echan del empleo debiéndome sueldos, previsión, vacaciones u otros beneficios, se supone que debo recurrir a la Inspección del Trabajo. Voy, me toman la denuncia y citan al empleador a un comparendo de conciliación, o sea una reunión para acordar una salida armónica. El empresario no se presenta y lo citarán de nuevo, hasta tres veces. Si continúa sin presentarse, el servicio público pondrá los antecedentes a disposición de la Justicia, que inicia un largo y lento proceso frente al cual el empresario pondrá un abogado... y el trabajador deberá enfrentarlo solo, por dos, tres o cuatro años, ya que los juicios laborales todavía son instruidos por los antiguos Juzgados de Letras, que están en vías de extinción.

Recién ahora, se logró una profunda reforma a la justicia laboral -que en la Quinta Región comienza a funcionar desde octubre- con jueces y tribunales especializados y exclusivos para asuntos laborales y la figura del defensor del trabajador, que resguardará los derechos legales de los empleados.

Pero para toda la Quinta Región se contempla solamente un juzgado del Trabajo en Valparaíso, con dos jueces. O sea, para obtener justicia laboral vamos a tener que viajar a la capital regional, ¿con qué plata, si me echaron del trabajo, estoy cesante y mi ex empleador no me ha pagado nada...?

De todas formas, es un avance. Ha habido varios avances, como la reforma generada durante el gobierno de Lagos y las modificaciones llevadas adelante por la Presidenta Bachelet.

Claro que ante tan profunda depresión de la situación de los trabajadores chilenos tendremos que esperar muchos años para mejorarla, porque -además- la derecha con su espuria mayoría actual en el Congreso, no dejará pasar ni una sola iniciativa que persiga beneficios para la clase laboral, porque cuida con excesivo celo los intereses del empresariado.

Así las cosas, los trabajadores estamos condenados a seguir sufriendo las peores condiciones laborales, al arbitrio de empleadores inmorales que lucran despiadadamente con su precaria fuente laboral.

Definitivamente no: este Día de los Trabajadores no daba para celebrarlo. Apenas alguna conmemoración, para no olvidarlo.

Trabajadores del Estado

Hoy en Chile, se estima que cerca de un 80 por ciento de los trabajadores dependen de pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas informales, que son las que menos cumplen con los derechos de sus dependientes y con la legislación laboral.

Pero también hay un sector especial: los trabajadores del Estado. Si bien es tradicional que los funcionarios públicos estén mal remunerados, paulatinamente han ido logrando beneficios especiales.

¿Cómo?

La actual legislación no concede facultad negociadora alguna a las asociaciones de funcionarios y les está impedido ir a la huelga.

Pero como son organizaciones poderosas, no dudan en hacer huelgas ilegales o provocar movilizaciones que presionan al Gobierno para conseguir beneficios.

Hace pocos días paralizaron por un día todos los trabajadores de los hospitales públicos, reclamando beneficios salariales e incentivos al retiro voluntario. Antes habían paralizado los funcionarios de los jardines infantiles, los del Servicio Nacional de Menores, del Servicio de Pesca y otros sectores.

La Agrupación de Empleados Fiscales, ANEF, ha anunciado nuevas movilizaciones de trabajadores públicos porque en las reparticiones de todos los ministerios se mantiene a la gran mayoría de los funcionarios bajo el régimen "a contrata"; es decir, con contratos que terminan cada año y se les puede renovar o no. De esta manera, los propios servicios públicos no cumplen con la disposición legal que limita a no más del 20 por ciento la cantidad de trabajadores bajo ese sistema.

También anuncian paralizaciones y movilizaciones los funcionarios municipales, los de consultorios de Salud Primaria, los de Tesorería y numerosos sectores del aparato público.

En fin: se nos viene un año complejo en el mundo laboral, donde van a reclamar y exigir sólo los que pueden. Los demás, aguantaremos estoicamente en silencio...