En prisión seis responsables de torturas y muerte del padre Miguel Woodward

Miguel Tapia G.

En escasos momentos, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó la libertad concedida por el juez Luis Alvarado a los seis oficiales en retiro de la Armada responsables de las torturas y secuestro del sacerdote chileno-británico Miguel Woodward.

Así, finalmente la justicia mantuvo la prisión preventiva para los procesados por ser "un peligro para la seguridad de la sociedad", medida que afecta a los almirantes Guillermo Aldoney Hansen, Adolfo Walbaum Weber y Juan McKay, y los capitanes de navío Sergio Barros y Ricardo Riesco Cornejo; este último ex miembro de la DINA. Además fue enviado a prisión el teniente de Sanidad de la Armada Carlos Costa.

El juez Luis Alvarado reemplaza temporalmente a la ministra de la misma Corte Eliana Quezada, quien ha instruido la última parte del proceso por la muerte del padre Woodward, definiendo responsabilidades en su secuestro, torturas a bordo del buque escuela Esmeralda, su muerte en el Hospital Naval y la desaparición de su cadáver en septiembre de 1973.

El juez Alvarado había determinado la libertad de los seis imputados previo pago de una fianza de 100.000 pesos cada uno. Pero de inmediato, la Segunda Sala Penal del tribunal de alzada porteño, determinó por unanimidad que los seis procesados debían permanecer en prisión.

La determinación fue suscrita por los ministros Julio Miranda, Mónica González y el presidente del tribunal, Manuel Silva, quienes consideraron que los imputados son un peligro para la sociedad.

La abogada del Ministerio del Interior, Karina Fernández, explicó que "por la gravedad de los antecedentes de la causa, porque constituyen un delito de lesa humanidad y, tras recoger todos los argumentos dados por las partes, se les consideró un peligro para la sociedad y, considerando también los requerimientos de la investigación y de su éxito, se les mantuvo en prisión preventiva".

En tanto, el abogado defensor de cuatro de los oficiales, Carlos Portales, criticó la decisión de la Corte, calificando de "exagerada" la justificación de sus ministros y señalando que a partir de ahora se abocará a preparar la defensa de los altos mandos en retiro.

Inculpación y detención de responsables

Por Patricia Woodward

Estoy muy contenta con la noticia de que el caso de mi hermano Miguel Woodward ha dado un paso muy importante para adelante y que hay personas de la Armada procesadas que jugaron un papel relevante en las torturas que le fueron infligidas en 1973. Espero que esto signifique que estamos llegando a la verdad y la justicia para Miguel y para lasvictimas de la Armada.

Antecedentes del Procesamiento:

Treinta y cuatro años después del golpe de estado, y tras seis años de investigación judicial, se ha llegado a una resolución de la causa del Padre Miguel Woodward.

La Ministro Eliana Quezada ha declarado reos a: Vicealmirante (R) Adolfo Walbaum Wieber, Vicealmirante (R) Guillermo Aldoney Hansen, Vicealmirante (R) Juan Mackay Barriga, Capitán de Navío (R) Sergio Barra Von Kretschmann, Capitán de Navío (R) Ricardo Riesgo Cornejo y oficial de Sanidad Dr. Carlos Costa Canessa.

Para cinco de los procesados se ha decretado la detención preventiva en las instalaciones de la Armada en Las Salinas. El sexto, para razones de salud, está detenido en su domicilio.

Se ha comprobado que fuerzas navales, siguiendo un plan y unos procedimientos preparados meses antes por la Armada, llevaron a Miguel desde su casa en Placeres a la Universidad Federico Santa María y de allí a la Academia de Guerra Naval, donde fue torturado sin piedad. Luego, en una furgoneta manchada con su propia sangre, le llevaron al molo, donde le obligaron a subir a bordo de la Esmeralda. Posteriormente fue llevado al Hospital Naval donde se pierde su rastro físicamente.

El procesamiento de los Almirantes Walbaum y Aldoney es particularmente significativo dado que, por entonces, eran respectivamente Jefe de la I Zona Naval y Jefe del Estado Mayor de la I Zona Naval.
Este hecho deja en evidencia las declaraciones de sucesivos Comandantes en Jefe de la Armada, incluido el actual Almirante Rodolfo Codina: alegaron que las responsabilidades de los crímenes eran individuales, no institucionales, y que, en todo caso, ningún alto mando habría intervenido en ellos.

El Almirante Walbaum, además de su cargo naval, era el primer Intendente de Valparaíso nombrado por la junta militar.

El Almirante (R) Guillermo Aldoney, tras retirarse de la Armada, empezó una exitosa carrera en el mundo empresarial. Es miembro del Directorio de la Mutual de Seguros de Chile, entidad fundada por la Armada de Chile, entre cuyos otros miembros consta el actual Comandante en Jefe de la Armada, Alm. Rodolfo Codina. En 1982, se hizo Presidente del poderoso holding Compañía de Aceros del Pacífico (CAP), por entonces controlado por CORFO; unos años más tarde consiguió privatizarlo por medio de una curiosa operación financiera.

Estrechamente vinculado a la jerarquía católica - que nunca reclamó la muerte de Miguel Woodward- el Almirante Aldoney fue nombrado responsable de la seguridad del Papa durante su visita a Chile en 1986. Su primo Jaime desapareció tras ser detenido por las fuerzas navales que estaban bajo su mando.

El Almirante Juan Mackay es Vicepresidente del Consejo de Almirantes y Generales en Retiro de Valparaíso. En 1973 asistió a las sesiones de tortura en las instalaciones navales de Valparaíso acompañado por un joven sobrino suyo, Rafael Mackay Backler. El Capitán Barra era Jefe de Inteligencia Naval en 1973 y ascendió más tarde a 2° Jefe de la DINA. El Capitán Riesco trabajó a sus órdenes. El Dr. Costa Canessa, siendo medico en el Hospital Naval, extendió un certificado de defunción en nombre de Miguel Woodward sin ver cadáver alguno.

Hostilidad contra Jueza

La Jueza Quezada, una mujer dedicada y valiente, seguirá sus investigaciones, con la ayuda de la Brigada de Derechos Humanos y Asuntos Especiales. Su fin será buscar los demás autores de la muerte de Miguel junto con los encubridores y cómplices de ese crimen.

Entre los testimonios específicos que serán investigadas están los entierros clandestinos por la Armada de varios detenidos desaparecidos en el Cuartel 14 del Cementerio Playa Ancha de Valparaíso.

Sin embargo, la jueza, quien ha recibido amenazas de muerte, enfrenta además la hostilidad de sus pares en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Hace poco, por unanimidad, trataron de imponer plazos a la investigación de los cuatro casos de violaciones de derechos humanos que son de su responsabilidad. Tuvo que intervenir el Tribunal Supremo, declarando la ilegalidad de esta práctica

A pesar que el Tribunal Supremo recomendó, además, que la Jueza diera prioridad a sus investigaciones, el Presidente de la Corte de Apelaciones determinó, acto seguido, que, por el contrario, debía dar prioridad a integrar Sala.

Esta persona, Manuel Silva Ibáñez, era muy conocido por sus resoluciones favorables a la dictadura durante los años ‘80, incluidas causas tales como el "Caso Pasaportes" y el caso de degollados que incluyó al periodista Paredes.

En cuanto a la Armada de hoy, lejos de colaborar con la justicia, la ha obstaculizado. El Almirante Cristián Millar, cuando ocupaba el cargo de Secretario General de la Armada, admitió descaradamente que un Almirante en servicio pudo haber visitado a la Ministra Gabriela Corti en el año 2004 "por su cuenta" para persuadirle que debía aplazar una prevista reconstitución de escena a bordo de la Esmeralda.

Por esos mismos años el Auditor General de la Armada, Alm. Juan Antonio Galván Bernabeu, con ocasión de la entrega de la bitácora de la Esmeralda a la jueza, informó a los marinos referidos en el mismo que serían el objeto de interrogatorios judiciales.

Anteriormente, un alto cargo de la Armada sin identificar había reunido a varios testigos que habían sido citados por la Ministra Corti: se pusieron de acuerdo sobre sus testimonios de antemano.

La Armada sigue igual.

El Código de Justicia Militar sigue obligando a los marinos obedecer las órdenes criminales de sus jefes.

Están en el primer ranking mundial en la compra de armamentos y sucesivos gobiernos han tolerado sus pretensiones "democráticas".

La Esmeralda debe navegar en libertad

De: Amnistía Internacional

El 4 de mayo el buque escuela "Esmeralda" zarpó nuevamente desde el puerto de Valparaíso. Amnistía Internacional considera que la "Esmeralda" no será una adecuada "embajadora" de Chile mientras las víctimas y sus familias continúen luchando por obtener verdad, justicia y reparación.

Amnistía Internacional saludó recientemente la decisión de la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Eliana Quezada quien encargó reos a seis oficiales en retiro de la Armada por el secuestro calificado y torturas del sacerdote Miguel Woodward inmediatamente después del golpe de 1973.

Debe señalarse que ha sido la acción de la justicia chilena y la persistencia de las víctimas y sus familiares lo que ha generado resultados. La cooperación de la Armada de Chile, distante, elusiva y renuente, ha prolongado innecesaria y dolorosamente durante muchos años el esclarecimiento de los casos de violaciones de Derechos Humanos en los cuáles el personal de la institución participó, tanto a bordo del buque-escuela como en otros buques e instalaciones.

"La Armada de Chile así como la sociedad en su conjunto, deben comprometerse a avanzar decididamente hacia la resolución de las causas. Las naciones se ennoblecen y fortalecen cuando los actores responsables de violaciones de Derechos Humanos enfrentan la justicia y responden por sus actos. La obtención de verdad, justicia y reparación es un acto legítimo y merecido en el marco del derecho" dijo el director de Amnistía Internacional - Chile, Sergio Laurenti.

El Artículo 17.1 de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 18 de diciembre de 1992, establece: "todo acto de desaparición será considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se haya esclarecido los hechos"

"La desaparición forzada de personas es un delito permanente. La razón fundamental de los retrasos en los procesos judiciales es la clara falta de cooperación de los presuntos responsables.", dijo Amnistía Internacional.

Al despedir nuevamente a la "Esmeralda" las autoridades deben asegurar al mismo tiempo que la Justicia pueda realizar su labor con todos los recursos y personal necesario para que los magistrados puedan resolver "los asuntos que conozcan (...) sin influencias (...), presiones, amenazas o intromisiones indebidas (...) de cualesquiera sectores o por cualquier motivo"

La campaña "Liberando a la Esmeralda" de Amnistía Internacional, que busca llamar la atención sobre la historia oculta del buque-escuela y las responsabilidades de la Armada en violaciones de Derechos Humanos no esclarecidas permanecerá activa para educar y ayudar a promover -durante todo el tiempo que sea necesario- la preocupación de la comunidad internacional.