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Finalmente, la diputada del derechista partido Renovación Nacional Amelia Herrera, fue desaforada por decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en estrecho fallo de por siete votos contra seis.
La parlamentaria quedó así sin la protección que le da su rango para ser procesada, investigada e imputada por el delito de estafa, ya que se le acusa de desviar dineros municipales mientras fue alcaldesa de Quilpué para financiar su candidatura al Parlamento.
Lo anterior, a pesar que el tribunal de alzada dejó sin efecto la acusación del Ministerio Público por ejercicio ilegal de la profesión, ya que en todos los documentos, en su currículo y en los antecedentes oficiales aparecía como abogada.
Para llegar al despojo de su inmunidad parlamentaria, la diputada Herrera tuvo que enfrentar un complejo proceso que se llevó adelante a partir de la denuncia del actual alcalde socialista de Quilpué, Mauricio Viñambres, y del Concejo Municipal, incluyendo concejales de sus aliados de la UDI. Esta participación de gente de su sector derechista, la hizo denunciar incluso un boicot de la UDI en contubernio con el socialismo local para arrebatarle el cargo en la Cámara.
Amelia Herrera era casada con Arturo Longton, quien fue alcalde designado por la dictadura en Quilpué. Al advenimiento de la democracia, Longton se hizo diputado y ella ppostuló al sillón edilicio lográndolo gracias al apoyo de su marido.
Finalmente Longton no siguió postulando al parlamento y le dejó el cupo, que ella -una encantadora mujer- conquistó "sabiamente" utilizando todos los recursos del municipio que tenía a su cargo.
Acusada por el Concejo que alguna vez manejó a su antojo, de nada le sirvieron sus explicaciones de que se trataba de una maquinación política para destronarla. En Chile, los fiscales y jueces no se mueven por motivaciones políticas... salvo las excepciones que confirman la regla.
De acuerdo con los antecedentes que obran en poder de los tribunales, en enero de 2004, la entonces alcaldesa Herrera le encomendó al jefe de Marketing de su Municipalidad, Ricardo de la Barra, tomar contacto con empresas que tenían deudas con el municipio para pedirles aportes en dinero para editar una revista destacando los logros de su gestión como alcaldesa en los períodos 1996-2000 y 2000-2004.
Según se comprobó fehacientemente, ella le entregó a su subalterno un listadò de empresas que debían derechos municipales por publicidad, a las que se les debía ofrecer "compensaciones" según el monte del aporte que hicieran para la publicación de la revista.
Según declaró posteriormente De la Barra, como sabía que las deudas municipales no se pueden pagar de esa forma, le encargó la producción de la revista, conseguir los fondos e imprimir la publicación, a la firma Estudio Digital Limitada, sociedad en la cual él participaba con el 50 por ciento de la propiedad
La mayoría de las empresas morosas aceptó el sistema; entre ellas, Geosal, Inmobiliaria Caleuche, Anepco, Inmobiliaria Familar y Eduardo Gaete y Cía. De esta forma, el negocio se hizo; la revista se editó, los empresarios "colaboradores" pagaron lo convenido y la alcaldesa pudo contar con un magnífico instrumento propagandístico para su exitosa campaña electoral.
Pero lo que la ahora diputada no calculó, es que cuando la Municipalidad le cobró la deuda morosa a sus empresarios colaboradores, éstos reclamarían porque creyeron que con el aporte "extra" para su revista quedarían saldadas sus cuentas con el municipio.
Las quejas las recibió el alcalde socialista Mauricio Viñambres, quien asumió en 2004, ordenando un sumario que derivó en una querella criminal a la que se sumaron seis concejales -incluida la UDI- y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
El proceso investigativo comenzó hace dos años y fue rigurosamente instruido por el Ministerio Público, que formalizó a los funcionarios municipales que participaron en la maniobra. Esos mismos funcionarios fueron quienes comprobaron ante la Fiscalía y el tribunal, que todos los ilícitos fueron ordenados por la entonces Alcaldesa, quien en abril de 2004 Herrera solicitó al director de desarrollo comunitario, Guillermo Molina Gálvez, encomendar a cuatro funcionarios un trabajo de recolección de datos para la revista.
La publicación tuvo un costo total de 12 millones 618 mil 655 pesos; se imprimieron 17 mil ejemplares que se utilizaron en noviembre de 2005 en plena campaña parlamentaria.
Al momento en que la Corte de Apelaciones resolvió el desafuero, la diputada Herrera se encontraba en Perú participando en una reunión parlamentaria, pero su abogado anunció que apelarían ante la Corte Suprema.
En todo caso, ella ha declarado reiteradamente su total inocencia, afirmando que se trata de una brutal confabulación.
Al ser formalizada por estafa, en abril pasado, la diputada Herrera declaró a la prensa que "éste ha sido un procedimiento poco prolijo y serio, ya que a última hora, de forma apresurada e incompleta, se me pretendió llevar a un procedimiento evidentemente nulo y abusivo, por medio de seudos notificaciones inentendibles"
Asimismo, aseguró que "jamás he cometido delito alguno y las filtraciones a la prensa con fines políticos y no judiciales, demuestran que existe mala intención y, por tanto, resto seriedad a los trascendidos e infundios".
En relación con la gestión del Ministerio Público en el caso, la diputada Herrera dijo lamentar "que se haga un abuso del sistema procesal penal con fines políticos, lo que impide se cumpla con el verdadero espíritu de la Reforma Procesal Penal, que es la protección de la ciudadanía sobre la presunción de inocencia, mientras no se pruebe lo contrario".
La justicia tiene la última palabra... aunque ya ha dicho bastante.
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