Nuevas aristas “ad portas” del juicio oral

Senadores Romero y Prokurica (RN) marginados del caso “empleos brujos”

En forma unánime, la Sala Penal de la Corte Suprema confirmó la marginación de los senadores de Renovación Nacional Sergio Romero y Baldo Prokurica del denominado Caso PGE o "empleos brujos", resuelta a fines del año pasado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Los legisladores de la Alianza habían recurrido de queja contra la decisión de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones porteña que les impidió incorporarse al juicio contra los contratistas Hugo Meza y Giuseppe Malatesta, imputados por el Ministerio Público por fraude al Fisco en el desvío de fondos del PGE en Quillota, San Felipe y Viña del Mar.

El vocero de la Sala Penal, ministro Rubén Ballesteros, puntualizó que los antecedentes analizados demostraron que no hubo vicios o faltas graves de parte de los jueces recurridos para sustentar el recurso en su contra.

El fallo del máximo tribunal señala que "del mérito de los antecedentes y lo informado por los jueces recurridos, no se desprende que los sentenciadores hayan incurrido en las faltas o abusos graves que se les reprocha; y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 549 del Código Orgánico de Tribunales, se rechaza el recurso de queja de lo principal de fojas 88, interpuesto por el abogado Cristián Letelier Aguilar en representación de los senadores Sergio Romero Pizarro y Baldo Prokurica Prokurica".

Es necesario recordar que el senador Romero ha defendido lo que considera su derecho a participar activamente como querellante en el caso, lo que permitiría a él y su colega Prokurica o al abogado Letelier participar en las audiencias, interrogar testigos y solicitar diligencias.

Para nadie es secreto, además, que desde las primeras denuncias en diciembre de 2005, Romero se interesó por involucrar -de alguna forma- al senador Carlos Ominami en el Caso conocido como "empleos brujos", referido al desvío de recursos de los planes de Generación de Empleos a campañas políticas, en que uno de los imputados es el ex jefe de Gabinete del legislador socialista, Edgardo Lepe.

El defensor de los ocho imputados en estos procesos, abogado Héctor Herrera, celebró el fallo de la Suprema, afirmando que la petición de los querellantes carecía de fundamento, Dijo que el fallo "es muy significativo pues reconoce la igualdad de armas y deja fuera del juicio a quienes no tenían una participación autorizada por la ley".

El abogado Herrera agregó que los senadores Romero y Prokurica "solicitaron diligencias para figurar en el juicio desde un punto de vista político y mediático".

Formalizan a otro contratista

Para el miércoles 16 de abril -día en que debiera ser subida la presente actualización de ZonaImpacto.cl- estaba prevista la audiencia de formalización del contratista de La calera Juan Alvarado Mena, gerente de la Inmobiliaria Pacífico, quien administró proyectos PGE en varias comunas de la V Región.

Los cargos que pesan sobre Alvarado son haber administrado proyectos que no se ejecutaron al menos en San Antonio y La Calera, cuyos antecedentes habían sido mantenidos en reserva por la Fiscalía. La audiencia estaba programada inicialmente para fines de marzo, pero las partes no fueron notificadas de la citación dentro de los plazos legales, por lo que debió postergarse.

Los cargos que se presentarían contra Alvarado Mena se referirían a proyectos que nunca se ejecutaron, por los cuales el Ministerio del Trabajo pagó al contratista, y haber mantenido personal pagado a través de los PGE pero que sirvieron en campañas electorales en distintos puntos de la Región.

A pesar que el involucrado ha mantenido absoluta reserva sobre el tema, ZonaImpacto.cl ha obtenido antecedentes en el sentido que, efectivamente, la Inmobiliaria a cargo de Alvarado ejerció como contratista para programas PGE no sólo en La Calera y San Antonio, sino también en Quillota y Valparaíso, lo que involucra a varios centenares de trabajadores.

Sólo habría obtenido pérdidas

Sin embargo, Inmobiliaria Pacífico se habría involucrado en los PGE al aceptar el ofrecimiento del entonces Secretario Regional Ministerial del Trabajo, José Manuel Mancilla -hoy formalizado reiteradamente por fraude al fisco- de actuar como empleador y administrador de proyectos en distintas comunas de la Región, pero sólo manejando contratos y los fondos para el pago de salarios.

Lo anterior significa que Alvarado solamente recibía los listados de personas a las que debía contratar para determinados proyectos, hacía y firmaba los contratos como si cada uno fuese a trabajar bajo sus órdenes y emitía cheques de pago de salarios... pero no vio nunca a ninguno de los centenares de trabajadores que aparecían en sus planillas.

Es más: las fuentes consultadas por este medio afirman que al final de cuentas, la Inmobiliaria Pacífico "perdió mucha plata en esas operaciones" porque obtenía utilidades por no más de 4.000 pesos mensuales por trabajador contratado, siendo más altos sus costos de administración.

Para colmo, cuando por orden de Mancilla tuvo que poner término a los contratos, no tenía al día el pago de las cotizaciones provisionales "porque no le alcanzaba" y fue denunciado ante la Dirección del Trabajo, debiendo enfrentar no sólo el pago de las imposiciones adeudabas sino también multas.

También en las municipales

La denuncia inicial formulada en el Ministerio Público en diciembre de 2005 por el alcalde de Quillota, Luis Mella, era contra la campaña del entonces candidato a diputado Marco Enríquez-Ominami. Se denunció que gente de su campaña estaba pagando activistas con recursos de los Planes de Generación de Empleo, PGE.

A poco más de dos años de aquello, los fiscales han descartado toda participación del ahora diputado Enríquez-Ominami, pero ha ido quedando una secuela de formalizados, imputados y desaforados en toda la Región. La olla destapada tenía demasiados ingredientes en ebullición...

La diputada Laura Soto (PPD) fue formalizada, desaforada e imputada por fraude al fisco. También se está pidiendo el desafuero del diputado del mismo partido Rodrigo González.

El primero en ser formalizado e imputado fue el ex secretario regional ministerial del Trabajo, José Manuel Mancilla, que soporta numerosos cargos en tribunales de Valparaíso, Viña del Mar, Quillota y san Felipe, al igual que el consejero regional Edgardo Lepe, quien a la sazón era jefe de gabinete del senador Carlos Ominami, jefe de campaña del ahora diputado Enríquez-Ominami y presidente regional del Partido Socialista, además de miembro del Consejo regional.

Otro formalizado e imputado es el ex funcionario de la Intendencia Jaime Quiroz, de La Calera.

A ellos se suman los concejales de Viña del Mar Max Bastías y de Rinconada, Ricardo León; el activista político de Quillota, Luis Fernández; el ex secretario del diputado González, Fernando Avendaño y los contratistas Hugo Meza, Giuseppe Malatesta y Daniel Cárdenas.

Lo que pocos sospechaban es que los dineros de los PGE también fueron usados para financiar campañas municipales.

Por esa razón, está formalizada y separada del cargo la hija de la desaforada diputada Soto, concejala de Valparaíso Marisol Paniagua; su ex esposo y ex jefe de gabinete de la Intendencia, Uziel Valle y el concejal de Quintero y secretario de Laura Soto, Luis Gatica.

En los últimos días se supo que también será formalizado por uso de fondos del PGE en su frustrada campaña electoral para concejal en Valparaíso, el actual director regional de Aduanas, Daniel Vergara, quien fue separado temporalmente de su cargo.

Juicio oral

En los próximos días debe comenzar el juicio oral contra la diputada Soto y se debe producir la audiencia de formalización contra el diputado González, en cuya indagación se ha analizado un total de 300 cheques.

Las causas contra José Mancilla y todos los demás imputados en la zona interior de la Región se verá en un solo juicio oral que tendrá lugar en el Tribunal de Garantías de Valparaíso, donde por estos días debía ser formalizado el contratista Juan Alvarado, el más reciente de los imputados en el complejo e impredecible caso.