Municipios UDI en la mira: también investigan corrupción en Hijuelas

Zonaimpacto.cl

"Lamentablemente mi yerno descubrió que la corrupción no es sólo patrimonio de la Concertación y que también hay corrupción en municipios de la UDI".

Las palabras corresponden al ex candidato presidencial de la UDI Joaquín Lavín, quien reaccionó así después de estallar el escándalo de licitaciones y oscuros manejos en la Municipalidad de Huechuraba, al mando de la alcaldesa también UDI Carolina Plaza, quien tenía contratados al yerno de Lavín, Isaac Givovich, un egresado de Bibliotecología que trabajaba como experto en informática.

Givovich denunció que otro destacado militante del gremialismo, Iñaki Busto, había gestionado millonarias maniobras que favorecían a su empresa Gestión Municipal Avanzada, GMA, representada por Jenny Acevedo, también UDI, que a la vez era jefa de Gabinete del alcalde (UDI) por Recoleta, Gonzalo Cornejo.

Ambas municipalidades habrían incurrido en graves irregularidades financieras para favorecer a la empresa de Busto, quien había sido jefe territorial de la campaña presidencial de Lavín.

Se investigan además negocios de la misma GMA con la Municipalidad de Viña del Mar, liderada por la alcaldesa UDI Virginia Reginato.

Nada nuevo en la UDI

En ediciones anteriores de ZonaImpacto.cl, habíamos informado de irregularidades en el manejo del personal en la Municipalidad de La Cruz, encabezado por la alcaldesa UDI Maité Larrondo, a quien también los concejales Patricio Valencia (PPD) y Darma López (DC) acusaron de utilizar un vehículo y chofer municipales para comprar alimento para sus perros.

Al menos en dos casos, la Contraloría falló a favor de los funcionarios despedidos por la alcaldesa Larrondo y se tuvo que pagar indemnizaciones y/o remuneraciones con posterioridad a los despidos -todo con platas municipales- por los exabruptos de la jefa comunal, que ahora está en plena campaña para su tercera reelección.

También hemos informado sobre las graves irregularidades en la Municipalidad de Hijuelas, donde la alcaldesa UDI Verónica Rossat está desplegando una descomunal campaña para ser elegida como jefa edilicia en octubre próximo.

Esta alcaldesa no alcanzó ese cargo por votación popular. Elegida concejala en 2004, accedió a la jefatura comunal después del fallecimiento, en 2005, del alcalde titular Carlos Puelma, de Renovación Nacional (RN).

A la muerte del alcalde Puelma, elegido por mayoría de los hijuelenses, se debió votar entre los concejales para elegir a su sucesor. Para estos efectos, la UDI negoció con el consejero regional democratacristiano José Ricardo Aliaga logrando que el concejal de su tienda vote por la concejala UDI, quien así logró hacerse del cargo.

Claro que de inmediato contrató al consejero Aliaga -egresado de Derecho- como asesor jurídico, cargo que cumplió simultáneamente con sus funciones como alumno en práctica en la Corporación de Asistencia Judicial y en el Consejo Regional (CORE), lo que motivó los reclamos de algunos concejales. Por tal razón, Aliaga renunció a su puesto de jefatura, pero fue contratado para redactar unos escuálidos informes en un proyecto con un organismo extranjero, con una generosa remuneración, desproporcionada en relación a su producción. También se le encargó la redacción de diversas ordenanzas, también muy bien remuneradas, aunque resultaba demasiado fácil bajar los modelos de cualquier sitio Internet de las municipalidades.

Al Tribunal Electoral

Pero fueron demasiadas las irregularidades que se sumaron en los últimos años, lo que motivó a los concejales de la Alianza Rodrigo Furió y Guillermo Silva (ambos de Renovación nacional) y a la concejala socialista Catherine Urzúa a presentar dos recursos de remoción ante el Tribunal Regional Electoral (TRE) de la V Región, solicitando la remoción de la alcaldesa Rossat de su cargo.

La primera denuncia fue presentada en diciembre pasado y en más de 360 fojas contiene seis cargos, con sus documentados fundamentos.

La concejala Urzúa explicó que inicialmente, contaban con la asesoría del abogado del Instituto Libertad y Desarrollo (de RN) Rodrigo Flores. "Después lo echaron de esa institución y ahora es el profesional que asesora a la alcaldesa Rossat", cuenta.

Entre los cargos contenidos en esta primera presentación, se incluye la irregular adjudicación de la impresión del periódico "La Flor de Hijuelas", publicación destinada a difundir las realizaciones de la Alcaldesa, con evidentes fines electorales.

En una primera adjudicación, la Municipalidad encargó la impresión a una imprenta de Quillota sin licitación a través del sistema de adquisiciones públicas ChileCompra, lo que la jefa comunal justificó en el Decreto respectivo, aduciendo que se trataba del único proveedor de estos servicios existente en la Región. Lo anterior resulta absolutamente falso, por cuanto en el Servicio de Impuestos Internos están registradas más de cien imprentas con capacidad para producir un periódico como el que se está editando.

Una nueva adjudicación se fundamentó en que se trataba del único proveedor "confiable" en la Región, justificación que se ha mantenido en las sucesivas ediciones.

La concejala Catherine Urzúa explicó que las verdaderas razones para adjudicar "a ciegas" la impresión a la empresa favorecida es que se trata de la propietaria del periódico local de mayor circulación en la zona, que apoya abiertamente la gestión de la alcaldesa Rossat.

Además, Urzúa recuerda que dicha casa periodística arrienda una oficina de propiedad de una empresa de Rossat en San Felipe, y además emplea un servicio de vigilantes en el que también tiene participación la jefa comunal de Hijuelas.

Mucho más

La concejala socialista -que ha anunciado su candidatura alcaldicia en Hijuelas- informó que esa primera denuncia entró en su etapa de prueba.

En esta causa, la alcaldesa tendrá que responder y presentar pruebas sobre su responsabilidad en contrataciones irregulares de sus asesores Aliaga, Mateluna y Alejandro Chaparro; este último -que no es periodista- reclutado para producir y editar el cuestionado periódico publicitario.

Pero hay mucho más: en febrero de este año, los concejales Furió, Silva y Urzúa presentaron un segundo recurso de remoción con otros 16 cargos por faltas a la probidad, la que fue acogida a tramitación -es decir, el Tribunal consideró que había suficientes antecedentes para abrir causa-, notificándose a la alcaldesa Verónica Rossat el pasado miércoles 19 de marzo.

Catherine Urzúa explicó que todos los nuevos cargos son graves, pero destacan irregularidades en la elaboración del Presupuesto Municipal, "que no se ajusta a los indicadores presupuestarios" y la negativa de la Alcaldesa a constituir el Consejo Económico Social Comunal, CESCO, cuya formación es responsabilidad alcaldicia y está dispuesta por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Según la concejala denunciante, es tal el cúmulo de antecedentes y documentación que respalda las denuncias, que "lo más probable es que en corto tiempo -en los próximos meses- el Tribunal resuelva la destitución de la alcaldesa Rossat".

Para graficar sus afirmaciones, señaló que en el primer recurso, se presentaron más de 150 documentos. "Sólo en relación a la contratación de los asesores Aliaga y Mateluna, son 86 documentos y por la publicación del periódico, otros 46 documentos".

Hasta el cierre de esta nota, los medios de comunicación de la zona guardaban celoso silencio sobre el tema, a excepción de Radio Crystal, que invitó a la concejala Urzúa a su programa debate "Sin Fronteras".

Tal vez más adelante, cuando el TER resuelva sobre el fondo de las acusaciones, otro medio se atreva a informar...