El asedio a la jueza del caso Esmeralda

De La Nación (www.lanacion.cl)

Primero, quisieron cercarla fijándole plazo para terminar los procesos, no importando el estado en que se hallaran.

Ante el reclamo de familiares de las víctimas y del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, el pleno de la Corte Suprema ordenó a la Corte de Valparaíso dejar sin efecto la medida de restringirle a la jueza su tiempo para terminar los juicios, considerándola una resolución ilegal.

Pero ahora Silva Ibáñez (nuevo presidente de la Corte de Valparaíso, N. de la R.) obligó a la magistrada a integrar trabajo de sala, restándole un tiempo apreciable para que la ministra avance en sus investigaciones y cierre los sumarios que se instruyen por el sistema procesal penal antiguo, y dicte procesamientos en caso que corresponda.

Agrupaciones de derechos humanos consideran que esta nueva orden, resuelta en contra de las indagaciones de la jueza y que la obligan a integrar trabajo de sala -lo que otros jueces que investigan causas similares no hacen-, atenta en contra de la última resolución del pleno de la Corte Suprema.

Respaldando a la magistrada y revocando la orden del pleno de la Corte de Valparaíso de fijarle un brevísimo plazo para terminar sus causas, aunque los hechos no estuvieran suficientemente investigados, el pleno de la Suprema recomendó a la ministra Eliana Quezada "prestar atención preferente a la tramitación de las causas que, como ministra en visita extraordinaria, le corresponde instruir".

Pero con la medida adoptada ahora por Silva Ibáñez, la magistrada no podrá cumplir lo que el pleno del máximo tribunal del país le recomendó.

Nuevas pistas

El actual cerco al trabajo de la jueza coincide con el descubrimiento de pistas desconocidas hasta ahora y que, a juicio de los querellantes, "resultan fundamentales al menos en el caso del sacerdote Miguel Woodward", y que aportarían nuevos nombres a la lista de autores, cómplices y encubridores del crimen del sacerdote a manos de oficiales de la Armada que en 1973 estaban en servicio activo.

Historial de Silva Ibáñez

Siendo juez del crimen en Santiago en 1985, Silva Ibáñez se negó a investigar el secuestro de los comunistas Guerrero, Parada y Natino. Y en 1977, estableció que la muerte del director de protocolo de la Cancillería, Guillermo Osorio -que firmó los pasaportes falsos con que agentes DINA viajaron a matar a Orlando Letelier-, se trató de "un suicidio", cuando realmente fue asesinado por agentes de este organismo.

Posteriormente, la Corte Suprema lo destituyó de la investigación del conscripto Pedro Soto Tapia, porque tras cinco años de mantener la causa en su poder, no atendió a una serie de evidencias que apuntaban a que el crimen lo habrían cometido militares del regimiento Yungay de San Felipe.

Ahora, la delicada situación de la jueza Quezada, que nuevamente está en conocimiento la Corte Suprema, debe volver a ser revisada por Silva Ibáñez y la Corte de Valparaíso.

Todo muy avanzado

En julio del año pasado, el diario electrónico "El Mostrador" entrevistó a la abogada y desaforada diputada Laura Soto, una de las querellantes en la causa, quien anticipaba que la causa estaba "muy avanzada".

A continuación, reproducimos la nota periodística de julio de 2007.

Agosto será un mes clave para la investigación que lleva adelante la jueza Eliana Quezada para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos que terminaron con la vida del sacerdote católico Miguel Woodward, quien permaneció detenido en el buque escuela Esmeralda tras el golpe militar de 1973.

La diputada Laura Soto (PPD), querellante en la investigación, se entrevistó la semana pasada con la magistrada, encuentro que le permite afirmar que "quizás la primera quincena de agosto la jueza haga un auto de procesamiento. Yo siento, en mi convicción, que puede afectar a ex altos oficiales de la Armada".

Soto que antes de que el comandante en jefe de la Armada, almirante Rodolfo Codina, entregará la bitácora del buque "no había absolutamente nada, no había testigos", pero gracias a dicha información "está acreditado que el sacerdote ingresó a la Esmeralda y hay testigos de que allí fue torturado y posteriormente se le envió al Hospital Naval".

Sin embargo, comenta que a la jueza no ha podido encontrar los restos del sacerdote, no obstante de que hay testigos de que habría sido enterrado en el Cementerio de Playa Ancha.

"El problema, dice la magistrada, es que ha pasado mucha maquinaria moviendo la tierra y no se encontró absolutamente nada. No obstante lo cual, a ella le queda todavía la esperanza que, en algún momento con otros antecedentes que tenga, pueda encontrar los restos", explica.

Destaca que "lo más importante es que ya está listo el puzzle, que la jueza ya tiene claro lo que sucedió. No se puede seguir negando que el sacerdote ingresó a la Esmeralda y que de allí fue torturado y producto de ellas falleció".

Esta conclusión, a juicio de Soto, "es muy importante porque la Armada hasta el día de hoy ha estado negando que haya habido tortura en el buque, incluso se ha negado a hacer un gesto, que se le ha pedido en muchas ocasiones, para que la Esmeralda en realidad se constituye en lo que nosotros queremos y que sea apropiada para la instrucción de nuestros jóvenes".

-Quizás la mayoría de los involucrados ya no están vivos...

-Creo que va a tocar a algunos ex oficiales y, a lo mejor, la sorpresa será de alguno de los funcionarios que están en actividad. Tengo la sospecha de que va por ahí.

- ¿La jueza ha logrado hacer un puzzle que nunca antes se había hecho sobre el asesinato de Woodward?

- Me quedo con la convicción de que ella ha hecho un trabajo muy serio, muy acucioso y que cuando dicte los autos de procesamiento serán muy armados, por lo que será muy difícil que éstos sean echados abajo por algún recurso. La misma magistrada sostiene que los aportes que ha entregado la familia de Woodward, particularmente el cuñado, realmente han sido un aporte. Los datos que la familia ha entregado han dado frutos de luz de causas. Ella está muy cerca de la verdad y va a ser doloroso para la Armada, pero bueno para el país.

Fuerte conflicto

-¿Por qué cree que la Armada ocultó durante 33 años la bitácora?

-Desgraciadamente la Armada ha sido muy renuente en todas las causas que se ha seguido y yo he sido querellante en el caso de Jaime Aldoney, donde no solamente no se entregaron datos sino que además se hizo todo lo posible por oscurecer y borrar huellas de los ílicitos que ocurrieron allí. Es por primera vez que se hizo esto y por eso digo que lo hecho por Codina tiene un gran valor porque durante 33 años no se entregó esta bitácora. Sin embargo, se ha seguido negando que se torturaba en la Esmeralda cuando hay gente que sigue señalando que se torturó allí.

-¿Por qué cree que la Armada no quiere reconocer que en la Esmeralda se torturó?

-El almirante Codina debe tener un conflicto muy fuerte ya que por un lado él quiere cooperar con la justicia, pero por otra parte se le debe hacer muy difícil a él, que fue formado desde muy pequeño en la Armada, aceptar que se cometieron ilícitos de tan grave naturaleza allí.

-¿Ha hablado con el ministro de Defensa sobre el tema?

-Al ministro Goñi le pedí expresamente, como lo he hecho por oficio a cada uno de los subsecretarios, incluyendo el de la Marina, que den a conocer todos los antecedentes que existan sobre violaciones a los derechos humanos. El ministro me contó que ha estado conversando con los altos mandos de la Marina y del Ejército para indagar si hay aún antecedentes y él cree que es difícil que existan. Pero, en todo caso, yo celebro que Codina haya entregado la bitácora.

-¿Usted cree que hay antecedentes que no se han entregado a la justicia?

-Creo y siento que aún hay antecedentes que no han sido entregados y los estoy pidiendo oficialmente. Es muy difícil que los obtengamos por la experiencia del proceso de Jaime Aldoney, que ha sido tan dificultoso, donde creo que allí van haber novedades y ahí va haber acusaciones.