Otros cinco años de prisión para el homicida “Hijo Ilustre” de Hijuelas

La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia de primera instancia que condena al coronel en retiro y ex alcalde de Hijuelas, Carlos López Tapia, a cinco años de presidio, mientras su ex jefe, el ex director de la DINA, general Manuel Contreras, recibió una pena de diez años de presidio.

Ambos militares retirados fueron condenados esta vez por los secuestros calificados de Darío Francisco Miranda Godoy, José Gerardo Solovera Gallardo y Enrique Jeria Silva, ocurridos el 18 de agosto de 1976 en tres puntos distintos de la Región Metropolitana.

López Tapia tuvo participación en numerosos crímenes perpetrados por agentes de la dictadura, que lo "distinguió" designándolo en cargos de mando en el aparataje represivo y más tarde lo premió nombrándolo alcalde de la apacible comuna de Hijuelas, donde todavía gozan de la quietud campesina de la "Capital de las Flores" otros connotados militares que ejercieron la represión.

Tenebroso currículo

El currículo de este militar retirado es tan tenebroso que el juez ahora jubilado Juan Guzmán Tapia, no dudó en procesarlo mientras instruía causas por violaciones contra los derechos humanos, a pesar que son primos hermanos.

En efecto, Carlos López Tapia llegó a ser Jefe de División de Inteligencia Metropolitana que operó desde la Villa Grimaldi.

Participó activamente en la siniestra "Caravana de la Muerte", famosa misión encabezada por el general Sergio Arellano Stark, que dejó casi un centenar de víctimas en su recorrido por distintas zonas del sur y el norte del país. El "Hijo Ilustre" de Hijuelas fue segundo jefe de la misión del helicóptero Puma en sus cometidos de Linares y Cauquenes, por lo que ha sido acusado de participar en la muerte de cuatro disidentes.

También está procesado por la desaparición de la cúpula del Partido Comunista ocurrida en mayo de 1976 en el marco del denominado "Caso Conferencia". Entre otras víctimas, en esa ocasión fue detenido y hecho desaparecer Jorge Muñoz, esposo de la entonces diputada comunista Gladys Marín.

Los antecedentes judiciales contemplan que además, el ex militar ahora Ciudadano Ilustre de Hijuelas asistió en la noche del 3 de octubre de 1973 en Valdivia a la ejecución extrajudicial del líder del MIR en la precordillera de la actual Décima Región, José Liendo Vera, más conocido como Comandante Pepe.

López Tapia ya cumple cinco años de prisión por el caso de la detenida desaparecida Julia Retamal Riquelme.

Hijo Ilustre

Aún teniendo información sobre el nutrido prontuario del militar retirado, la alcaldesa UDI de Hijuelas, Verónica Rossat, sin acuerdo ni conocimiento del Concejo Municipal, le concedió el título de Ciudadano Ilustre en que se celebraba el 130º Aniversario de la comuna, el viernes 28 de julio de 2006.

Como se recordará y le fue oportunamente advertido a la Alcaldesa UDI, el anuncio de que sería objeto de homenaje público un sujeto acusado de participar como autor en múltiples asesinatos durante la dictadura, dio lugar a una bulliciosa "funa" que ese día un numeroso grupo de manifestantes realizó en las afueras del Gimnasio Municipal, donde se realizaba la ceremonia con asistencia -entre otras autoridades- del senador Sergio Romero, el diputado Alfonso Vargas y el gobernador provincial Nilton Vergara (PRSD). Este último salió momentáneamente del recinto en el instante en que López Tapia recibía su galardón.

Apoyo de la Democracia Cristiana

El caso de la alcaldesa Rossat es digno de especial análisis.

Hijuelas eligió en 2004 como alcalde al militante de Renovación Nacional (RN) Carlos Puelma, quien sufría un cáncer que le causó la muerte al año siguiente.

Fue entonces cuando un joven egresado de Derecho, consejero regional por la Democracia Cristiana, José Ricardo Aliaga, arribó a Hijuelas para negociar en representación de su partido -que es parte de la Concertación- el voto del concejal democristiano para instalar a la concejala derechista en la Alcaldía.

Recién asumida en el cargo, la alcaldesa Rossat contrató a Aliaga como funcionario del Departamento Jurídico con el cargo de técnico grado 10 de la Escala Municipal de Remuneraciones, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2005. Inmediatamente de ter-minado el período, se le contrató entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2006, pero renunció el 7 de febrero.

Al día siguiente fue nuevamente contratado; esta vez para servir como coordinador ejecutivo del proyecto "Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo Económico Local, OB-SERVA NET, correspondiente al convenio suscrito entre la Municipalidad y la Agencia de Desarrollo BIDASOA ACTIVA de Irán, España, financiado con recursos de la Unión Europea.

Ese 8 de febrero de 2006, Aliaga firmó contrato por prestación de servicios a honorarios en el mencionado proyecto sólo hasta el 7 de mayo por 570 mil pesos mensuales, estableciéndose que "el trabajador a honorarios (...) no tendrá la calidad de dependiente ni de funcionario de la Municipalidad", aclarándose que "no habrá subordinación". Sin embargo, se especifica que "se le reembolsarán los gastos de traslado u operacionales en que incurra para el buen desempeño del proyecto..."

Curioso resulta que al día siguiente de vencido el plazo del contrato, Aliaga firmó uno nuevo, en similares términos hasta noviembre de ese año. Pero el nuevo le asignó una remuneración de 700 mil pesos mensuales más el diez por ciento de impuesto que debía retener la Municipalidad.

El vínculo de la alcaldesa derechista con la Democracia Cristiana no terminan ahí, porque ahora ha establecido estrecho contacto con el ex alcalde de Valparaíso Hernán Pinto, de quien se dice podría ser candidato a diputado, a pesar de haber sido acusado de abuso sexual contra menores, cargo del que fue sobreseído por prescripción del delito.

Se sabe de varias reuniones entre ambos -incluso almorzaron juntos en un conocido centro turístico de Hijuelas- e incluso hay antecedentes de que Pinto le estaría brindando asesoría jurídica.

Alcaldesa en apuros

El concejal RN Rodrigo Furió investigó las funciones del democratacristiano Aliaga en la Municipalidad y descubrió que aparecía trabajando en Hijuelas y al mismo tiempo cumplía labores de práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial y, desdoblándose aún más, registraba asistencia simultánea a las sesiones del Consejo Regional (CORE).

Tal irregularidad dio origen a denuncias ante la Contraloría y en diciembre último se incluyó entre las numerosas causales de un recurso de remoción y denuncia por notable incumplimiento de deberes contra la alcaldesa Rossat interpuestos ante el Tribunal Regional Electoral por los concejales Furió y Guillermo Silva, ambos RN, y la concejala socialista Catherine Urzúa.

Las irregularidades denunciadas van desde uso de recursos municipales en beneficio de particulares hasta manejo con fines políticos del Programa de Desarrollo Educacional (Padem) 2008 y asignación de licitaciones fuera de la legalidad vigente.

Para enfrentar este proceso, que podría significar su remoción del cargo, la Alcaldesa que designó Ciudadano Ilustre a un condenado y procesado por homicidios contaría con la asesoría jurídica del ex alcalde porteño, el democratacristiano Hernán Pinto.