Amenazas contra la magistrada e intento de cerrar proceso por asesinato del padre Woodward

M. T. G.

Efectivos de la Armada torturaron al padre Miguel Woodward con tal crueldad a bordo del buque escuela Esmeralda, que le causaron la muerte.

Eso es lo que está plenamente demostrado en el proceso iniciado en enero de 2002 a raíz de la querella interpuesta por la hermana del sacerdote anglo chileno, Patricia Woodward, contra los oficiales en retiro vicealmirante Adolfo Walbaum, contralmirante Hugo Cabezas Videla, los capitanes de navío, Sergio Huidobro Justiniano, Arnt Arentsen Pettersen, Jorge Sabugo Silva, Guillermo Aldoney Hansen (llegó a integrar el cuerpo de almirantes) y los capitanes de fragata Keneth Gleiser Jo (médico que integró el cuerpo de almirantes el año 2001 como Director de Sanidad Naval) y Julio Vergara. A ellos se suman los tenientes de Infantería de Marina Rafael Yussef Sotomayor, Guillermo Morera, Luis Rebolledo, Roberto Camus, Hernán Middleton y otros de apellidos Rodríguez y Luna.

Además la querella fue dirigida contra el abogado Enrique Vicente (actual Abogado Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado en la Quinta Región) y el religioso de la Universidad Católica de Valparaíso, Jorge Bosagna.

La ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Gabriela Corti investigó los hechos logrando configurar delitos y establecer responsabilidades, aunque no pudo dar con los restos del sacerdote asesinado, que fue detenido y llevado al buque Esmeralda en los día siguientes al golpe de septiembre de 1973. Allí fue torturado hasta darle muerte y su cadáver fue trasladado al Hospital Naval, desde donde lo condujeron al Cementerio 3 de Playa Ancha, siendo enterrado en un lugar no precisado. Versiones indicaban que fue introducido en una fosa común y otras que lo enterraron en un pasadizo que más tarde convirtieron en calle y la pavimentaron. La ministra Corti dispuso incluso excavaciones, que no dieron resultado alguno.

Cuando tenía prácticamente todo el crimen aclarado, faltando sólo por ubicar los restos, en noviembre de 2004 sorpresivamente la jueza Corti dictó el sobreseimiento definitivo de la causa, aplicando la prescripción y la ley de Amnistía -entre otras causales-, desconociendo la legislación y los tratados internacionales.

La parte querellante apeló de la determinación hasta que se logró la anulación del sobreseimiento y reapertura de la causa, que quedó ahora en manos de la ministra de la misma Corte, Eliana Quezada.

Amenazas contra la magistrada

En noviembre, el diputado socialista y abogado Juan Bustos denunció que la jueza Quezada ha recibido amenazas de muerte, por lo que pidió protección policial.

Debido a las amenazas "se ha trabado el avance que ha tenido el proceso", declaró el diputado Bustos, quien actúa como querellante en el juicio por la muerte del sacerdote.

Según Bustos, la magistrada ha recibido amenazas de muerte por teléfono. "No se ha identificado el origen, pero ha recibido amenazas de muerte para amedrentarla después de la investigación que ha realizado, que ha sido excelente".

Según el abogado y parlamentario, las amenazas se deben al esclarecimiento de las torturas de que fue objeto Woodward, por lo cual la jueza Quezada "ha pedido protección, que ya tiene de parte de la policía de Investigaciones".

Por su parte Patricia Woodward, hermana del sacerdote, señaló que "sabíamos de algunas amenazas, pero no que eran de este tipo", calificandoi la situación como "muy grave".

Según el expediente del proceso, Miguel Woodward murió en la cubierta del buque escuela Esmeralda en octubre de 1973, a causa de las torturas que recibió después de su detención.

El amedrentamiento entorpeció la investigación

Hasta hace algunos meses, el avance de las indagaciones era tal, que se preveía que en agosto ya se podría cerrar el sumario y decretar acusaciones.

En julio, la abogada y diputada Laura Soto, también querellante en la causa, se había entrevistado con la jueza Quezada, manifestando posteriormente su confianza en el próximo cierre del sumario.

Tras entrevistarse con la jueza, la diputada señaló que ''ella ya tiene claro lo que sucedió. No se puede seguir negando que el sacerdote ingresó a la Esmeralda y que allí fue torturado y producto de ello falleció''. En ese sentido, dijo considerar que conocer la verdad en este caso ''será doloroso para la Armada, pero bueno para el país''. "Quizás la primera quincena de agosto la jueza haga un auto de procesamiento. Yo siento, en mi convicción, que puede afectar a ex altos oficiales de la Armada", declaró entonces la parlamentaria.

Antes de que el comandante en jefe de la Armada, almirante Rodolfo Codina, entregara la bitácora del buque "no había absolutamente nada, no había testigos", según la diputada Soto; pero gracias a esa información "está acreditado que el sacerdote ingresó a la Esmeralda y hay testigos de que allí fue torturado y posteriormente se le envió al Hospital Naval".

"Lo más importante es que ya está listo el puzzle, que la jueza ya tiene claro lo que sucedió. No se puede seguir negando que el sacerdote ingresó a la Esmeralda y que de allí fue torturado y producto de ellas falleció", precisó la parlamentaria.

Precisamente esa es la razón que motivó a los desconocidos -presuntamente vinculados a los ex marinos que serían procesados- a amedrentar a la magistrada para evitar que arribe a conclusiones concretas o dicte los procesamientos que, de seguro, afectarían a ex oficiales de la Armada.

Órdenes insólitas

También el mes pasado, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó a la magistrada Quezada cerrar la investigación en el estado en que se encuentra, despertando indignación entre los familiares y amigos del sacerdote asesinado y, en general, en todo el sector ciudadano comprometido con la defensa de los derechos humanos.

Cercanos a la causa aseguran no tener dudas que la insólita resolución del tribunal de Alzada se originó en presiones de la Armada, que en Valparaíso tiene -y ejerce- mucho poder. Para esta rama castrense, el "Caso Woodward" es una brasa ardiendo, ya que echa por tierra la imagen que la Marina intentó por décadas proyectar, en el sentido que no participó en los crímenes y torturas de la dictadura. Además, considera que se desprestigia el icono como buque emblema del "alma marítima" de Chile.

Sin embargo, puso más alguna cuota de cordura y pudor en el Poder Judicial y a los pocos días, la Corte porteña revirtió su determinación ordenando seguir las indagaciones, pero concediendo un plazo de sólo seis meses para que la jueza Quezada cierre el proceso... Algo es algo.

El padre Woodward

El sacerdote Miguel Wooward nació en Chile pero cursó sus estudios en Inglaterra, graduándose de ingeniero civil en la década de los cincuenta. Sin embargo, tras titularse regresó a Chile para ingresar al Seminario, ordenándose sacerdote diocesano en 1961.

Ese año, su familia, que aún vivía en Chile, decidió mudarse a Europa. Miguel Woodward optó por permanecer en Valparaíso, "donde, con el paso del tiempo, se dio cuenta que quería trabajar con los pobres", contó su hermana.

El sacerdote se fue a vivir a una población del Cerro Los Placeres donde formó parte de una comunidad cristiana, y se puso a trabajar como tornero en Astilleros Las Habas, en el puerto. Como muchos sacerdotes en la época, simpatizó con el gobierno de Salvador Allende. Ingresó al partido MAPU y fue dirigente local de las JAP.

Tras el golpe militar, fue llamado a presentarse ante las nuevas autoridades militares en Valparaíso, pero no lo hizo de inmediato. Se ocultó en casas de varios amigos, "pero luego razonó que como no había hecho nada, no tenía por qué esconderse, y volvió a su casa, que compartía con algunos estudiantes", recuerda su hermana, Patricia (Woodward) Bennets.

Testigos aseguran que lo vieron tendido en una camilla agonizando producto de las torturas. Algunas versiones sostienen que desde la Esmeralda fue llevado al Hospital Naval del cerro Playa Ancha, lugar donde habría fallecido, aunque testimonios presentados en el proceso aseguran que murió en el mismo buque escuela. Su cuerpo nunca fue encontrado.

En La Calera

Conjuntamente con su trabajo como obrero en una empresa de Valparaíso, su actividad social y política y su labor pastoral en el Cerro Los Placeres, el padre Woodward participaba en la ONG "Cescla", de la Universidad Católica de Valparaíso, que apoyaba a los trabajadores para nivelar estudios.

En esas funciones, el sacerdote anglo chileno cumplió una intensa y efectiva labor en La Calera, donde ayudó a los trabajadores de la empresa Cemento Melón -hoy Lafarge Cementos- a completar sus estudios de Enseñanza Básica y Media. Dictaba clases en la sede del Sindicato 2 de la industria cementera, ubicada en la población del mismo nombre.

También se relacionó con sectores religiosos, sociales y políticos de Quillota. Este medio ha recibido antecedentes de que incluso llegó a comprar una casa en esta ciudad, donde cultivó profundas amistades e incluso forjó proyectos de futuro.

Años después del crimen del padre Miguel, por 2003, ZonaImpacto.cl provocó y presenció un encuentro entre la hermana del sacerdote Patricia "Pat" Woodward, su esposo Fred Bennetts y un grupo de ex trabajadores de Cemento Melón que fueron alumnos y amigos del cura Miguel en La Calera. Escuchamos relatos muy detallados y compartimos momentos realmente emotivos, que nos hicieron recordar otros tiempos y otras luces...