
Al menos doce de los cincuenta diputados “por la vida”, se manifestaron hace años a favor de la muerte, votando contra la derogación de la pena capital, como queda de manifiesto al revisar el Acta de la Sesión 48 de la Cámara de Diputados del martes 3 de abril de 2001, cuando se votó en la Cámara Baja el proyecto de ley que derogaba la pena de muerte. Uno de estos parlamentarios, el diputado Alfonso Vargas, afirma que no es una contradicción haber rechazado la derogación de la pena de muerte y participar ahora en el grupo de “parlamentarios por la vida”.

Después de 17 años de investigación, el ministro Julio Miranda Lillo dictó condenas de no más de cuatro años contra los marinos autores del secuestro, asesinato y desaparición del entonces periodista en ejercicio, estudiante de periodismo, constructor civil, regidor e interventor de la CCU Jaime Aldoney Vargas. Testimonios consignados en el fallo dan cuenta de la extrema crueldad con que actuaron los marinos contra los detenidos después del golpe militar de 1973, que ellos han negado siempre.
“Vamos a apelar, tanto en relación con la absolución de Hüber Von Appen, como de Buch; también vamos a apelar porque estimamos que las penas son muy bajas”, dijo el diputado Juan Bustos. La familia anunció que con las indemnizaciones se creará la Fundación Jaime Aldoney, destinada a “brindar acogida, reparación y desarrollo económico-comunitario a la víctimas del régimen militar”.

Ex integrante de la Caravana de la Muerte, coronel (r) Carlos López, designado Ciudadano Ilustre de Hijuelas por la alcaldesa UDI, recibió segunda condena de cinco años de prisión por crímenes perpetrados durante la dictadura. Alcaldesa derechista ocupa el cargo gracias al apoyo de la Democracia Cristiana y ahora enfrenta un juicio de remoción en el Tribunal Regional Electoral.

El diputado socialista y abogado Juan Bustos denunció que la jueza que investiga la muerte del sacerdote anglo chileno Miguel Woodward a bordo del buque escuela Esmeralda, ha recibido amenazas de muerte. Días después, la Corte de Apoelaciones ordenó cerrar el proceso, sin seguir investigando. Pero inmediatamente después, revirtió la decisión y otorgó plazo de seis meses a la jueza para terminar la causa.

El Colegio de Periodistas de Chile valoró el fallo de la Corte de Apelaciones como otro importante paso en procura de la justicia, a 21 años del crimen del editor de la revista Análisis y destacado dirigente del periodismo, pero expresó su disconformidad con la decisión de los jueces que negaron la indemnización del Fisco a los familiares de las víctimas.
Víctor Farías lanza un nuevo libro culpando a los dirigentes obreros de la matanza de Santa María de Iquique. Aquí opina Álvaro Ramis: “Si empleáramos el método de Farías para analizar su propia obra sería bastante fácil despertar también escándalos fáciles y lucrativos. Basta retomar uno de sus argumentos recurrentes, por el que culpabiliza a la Unidad Popular por las violaciones a los derechos humanos… cometidas por la dictadura”. Hermes H. Benítez: “Cada nuevo libro de Farías pareciera hundirlo más profundamente en el pozo de la irracionalidad obsesiva, de la deshonestidad intelectual y de la histeria derechista”.
El intenso trabajo investigativo no pudo ser destruido a pesar de todas las maniobras procesales y resquicios empleados por los asesores de los Pinochet y que han apuntado desde el comienzo a tratar de sacar del proceso al juez Carlos Cerda con todo tipo de pretextos, todos falaces, sabedores como son que Cerda es de esos jueces decididos a cumplir con su deber.
En la lógica de los poderes que cogobiernan a Colombia –incluyendo al embajador de Estados Unidos, William Brownfield–, una amistad con las FARC fabricada por los medios justifica un asesinato que jamás se aclara. Las falsas imputaciones “ablandan” a la opinión pública y descalifican a las futuras víctimas.
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