Fujimori y la corrupción

Miguel Tapia G., Periodista

Explicación previa

Esta edición de ZonaImpacto.cl (209) estaba totalmente lista y cuando pretendimos subir el material al sitio web, nos percatamos que nuestro portal estaba “suspendido” por no pago del hosting. Debimos esperar tres semanas para contar con los recursos necesarios, que no eran tantos, pero no los teníamos.

En estas tres semanas hubo muchas novedades que no pudimos obviar y nos precipitamos a incorporarlas a última hora, como el procesamiento y detención de la familia Pinochet  y sus adláteres, el proceso contra el juez que se atrevió a meterlos en prisión, la declaración de Lavín y Longueira como “bacheletistas-aliancistas” y la cadena perpetua dictada por la justicia argentina contra el cura que ejerció brutal represión cointra las víctimas de la última dictadura trasandina.

Añadimos este material al que ya teníamos listo y, aunque pudiera haber algunas notas algo desfasadas, aquí está nuestra visión de Chile y el mundo de hoy.

Barbaridades de Fujimori

El sorpresivo aterrizaje, la permanencia por más de un año y la extradición del ex mandatario peruano Alberto Fijumori en Chile, nos permitió conocer de cerca cómo funcionan y ejercen los presidentes populistas que conquistan el poder engañando a nuestros pueblos con ofertones ignominiosos.

El “Chino” Fujimori llegó al poder por voto popular en circunstancias que los peruanos estaban desesperados y decepcionados de sus corruptas administraciones anteriores.

Una vez en la Presidencia, comenzó a manipular la legalidad para acaparar más y más atribuciones, hasta dar el autogolpe de 1992, cuando se tomó el mando de todas las fuerzas militares; disolvió el Congreso y asumió también el rol legislativo unipersonal y destituyó a los jueces de cortes, designando otros, a dedo.

Así tuvo el camino libre para cometer las más tremendas barbaridades y arbitrariedades, con todo un país a su disposición y un séquito de serviles tan corruptos como él, dispuestos a lo que fuera para enriquecerse de manera ilícita.

Triunfo sobre el terrorismo

Tal como los viudos de la dictadura chilena dicen que la “gran obra” de Pinochet fue haber estabilizado la economía con un pueblo sometido a las armas y a empleos tan precarios como los denigrantes PEM y POJH, en Perú califican como “gran triunfo” de Fujimori el aplastamiento del terrorismo expresado principalmente por los grupos Tupac Amaru y Sendero Luminoso.

Pero lo cierto es que con el poder absoluto en sus manos, los esbirros bajo el mando de “El Chino” aniquilaron esos movimientos cometiendo las más atroces violaciones contra los derechos elementales de millares de peruanos.

El asalto a la Embajada de Japón, tomada durante meses por miembros del Movimiento Tupac Amaru con decenas de rehenes en su interior, fue calificado como el golpe de gracia que Fujimori dio al terrorismo local. Pocos mencionan que varios de los secuestradores fueron ejecutados después de haberse rendido y cuando estaban absolutamente desarmados.

Hay en este episodio otra arista más cruel aún, que me la comentó un periodista muy vinculado a los acontecimientos del Perú.

Cuenta que para consumar el asalto final sobre la Embajada nipona y liberarla de los secuestradores salvando a los rehenes, fue necesario excavar un largo túnel que fue a dar justo bajo la residencia diplomática. Las complejas excavaciones fueron encomendadas a un grupo de mineros con mucha experiencia, quienes tras meses de arduo trabajo habilitaron la vía para que las fuerzas militares dieran el golpe final. Los mineros presenciaron la matanza perpetrada contra los secuestradores, que debieron ser encarcelados y enjuiciados. Pero las fuerzas al mando de Fujimori resolvieron que no era conveniente dejar testigos de la masacre y taparon el túnel con los mineros dentro, los que así fueron sepultados en vida…

El triunfo del Chino sobre el terrorismo es producto del ejercicio de toda la fuerza brutal, sin respeto alguno por los derechos individuales y sin escatimar crímenes, ultrajes y todo tipo de aberraciones. Y nosotros harto sabemos sobre ese “estilo” de combatir el terrorismo…

Crímenes sin castigo

La Corte Suprema concedió la extradición de Fujimori por los dos delitos de violaciones contra los derechos humanos incluidos en la petición y siete de las 13 denuncias de corrupción.

Los dos casos contra los derechos humanos que van a poder ser juzgados en Perú son los crímenes múltiples perpetrados por el “Grupo Colina”, comando antiterrorista que obedecía órdenes directas del Presidente a través de su principal cómplice, Vladimiro Montecinos.

En Barrios Altos, Lima, en 1991 los militares irrumpieron una fiesta (“pollada”) por un supuesto operativo antiterrorista y asesinaron a 15 personas, entre ellos un niño de 8 años, e hirieron a cuatro.

En La Cantuta, en 1992, el “Grupo Colina” secuestró, torturó y asesinó a nueve alumnos y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Eduardo Guzmán y Valle La Cantuta.

Cuando se concedió la extradición, el Gobierno peruano estaba a punto de presentar otra petición por el asesinato de 42 reclusos indefensos al interior de la Cárcel de Castro Castro y otros casos de crímenes, secuestros y torturas perpetrados por órdenes directas del Mandatario.

Fueron rechazados por la justicia chilena los casos de las detenciones ilegales y torturas practicados en los sótanos del SIE (Servicio de Inteligencia del Ejército), donde el Chino, incluso, hizo torturar a su propia ex cónyuge, quien había sido Primera Dama, Susana Higuchi, madre de la actual diputada y brazo derecho del extraditado, Keiko Fujimori.

Lecciones de corrupción

Respecto a los casos de corrupción, la Segunda Sala de la Corte Suprema concedió la extradición por unanimidad por la “compra” de los llamados congresistas “tránsfugas” con fondos públicos. A esos parlamentarios se les pagó fuertes sumas de dineros del Estado para apoyar las iniciativas del corrupto dictador.

Por mayoría se accedió a la solicitud del Estado peruano de extradición por los casos de los 15 millones de dólares de fondos públicos que Fujimori le entregó a Montesinos como indemnización; por el pago a periodistas y dueños de medios para “comprar” su línea editorial; por la interceptación telefónica ilegal para espiar a políticos y periodistas y por el allanamiento de la casa de la esposa de Montesinos, Trinidad Becerra, con la finalidad de apropiarse de los “vladivideos” de la corrupción.

Pero se rechazaron otros seis casos de corrupción porque para acogerlos, los delitos demandados debían también estar tipificados como tales en la legislación chilena. Y no lo estaban.

Fue rechazada la acusación contra Fujimori por ordenar a la Sunat que resolviera un problema tributario de su jefe de imagen, el argentino Daniel Borobio; el caso de la contratación del prófugo argentino Héctor Ricardo Faisal con dinero del SIN, para que desacreditara a políticos de oposición y periodistas por Internet; los casos de desvío de fondos del SIN para el financiamiento de la campaña de Fujimori en 2000, la expedición de decretos de urgencia y la adquisición de medicinas chinas en forma ilegal.

Creo que hay lecciones que sacar de lo sucedido. Mis reflexiones apuntan a que la legislación peruana es más rígida para perseguir la corrupción, mientras acá seguimos siendo más permisivos con esos casos. Tal vez nos ha llegado la hora de imitar al país del norte estableciendo una Fiscalía especial Anticorrupción, que se aboque exclusivamente a detectar y perseguir los crímenes contra la probidad.

No somos corruptos… todavía

Todavía Chile sigue siendo el país con menos corrupción en América Latina, según las últimas encuestas de Chile de Transparencia Internacional (TI). Estamos en el lugar 22 entre 180 países, la mejor ubicación de Latinoamérica, aunque bajamos del lugar 20 que tuvimos el año anterior. Se nos ubica con menores niveles de corrupción que Uruguay, Costa Rica, Cuba y El Salvador; el que nos sigue –aquí- es Uruguay, en el lugar 25.

Claro: no podemos compararnos con naciones como Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia, que son las más probas del orbe.

Pero que la corrupción sigue siendo una lacra enquistada en nuestra sociedad, es una realidad preocupante y extremadamente irritante.

Corrupción e inmoralidad

La gracia de un régimen democrático frente a la corrupción es que ahora se denuncia, investiga y sanciona cada irregularidad. Y hay casos que deben ser investigados con la máxima minuciosidad, perseguidos con celeridad y sancionados con severidad.

Uno de ellos es el escándalo del Plan Trienal de Ferrocarriles del Estado, cuando bajo la conducción del democristiano Luis Ajenjo –por décadas presidente del directorio de Radio Cooperativa-, se dilapidó nada menos que 1.140 millones de dólares. ¡Es demasiada plata! Una cantidad inimaginable para personas como yo, que jamás hemos tenido ni siquiera mil dólares en nuestras manos…

Trenes de segunda mano comprados a precios de nuevos, sin licitación y que nunca sirvieron para nada; obras viales que nunca se ejecutaron, servicios inaugurados con gran pompa por el ex Presidente Lagos y que funcionaron a medias apenas un par de semanas, construcción o “recuperación” de estaciones que quedaron abandonadas y ahora ya no sirven para nada… Para qué seguir.

Mientras veía el programa “En la mira” que en Chilevisión reveló con toda crudeza detalles sobre este gran fraude, se me revolvía el estómago y pensaba: “¡Qué maricones!” Porque los responsables, que niegan descaradamente su compromiso con lo sucedido, no sólo han defraudado al Estado, sino traicionaron la confianza que el Gobierno depositó en ellos. Y, peor aún, se mofaron de la fe pública, burlaron las esperanzas de millones de chilenos de que íbamos a tener un servicio ferroviario moderno y eficiente –para eso estábamos gastando tanta plata- y contribuyeron a asesinar a Ferrocarriles, otrora bastión vertebral de las comunicaciones de nuestra larga faja territorial.

Se calcula que un nuevo gran Hospital para los 300 mil habitantes de las provincias de Quillota y Petorca costará 18 mil millones de pesos. Los recursos  públicos despilfarrados pos estos canallas servirían para construir ¡32 hospitales! como el que esperamos levantar en Quillota y que no se ha construido… por falta de recursos.

Los criminales del ferrocarril no sólo han asesinado una gran empresa de servicio público, sino también son responsables del homicidio de gran parte de la historia nacional, estrechamente vinculada a la vía férrea, eje central del desarrollo o el nacimiento de muchas ciudades cuyas vidas giraron por décadas a orillas de la línea del tren.

La moral también cuenta

Casos de corrupción hay muchos en Chile y en su mayoría se trata de altos funcionarios o autoridades que se mofaron de la confianza pública para enriquecerse. Los innumerables y multimillonarios casos perpetrados en dictadura –partiendo por la descarada corrupción del propio Pinochet, su familia y adláteres- quedaron en la impunidad por obra y gracia de la legislación que se dio el propio régimen para su resguardo.

Muchos casos registrados en democracia ya fueron investigados y sancionados; otros están en ese camino.

Entre estos está el de los famosos “empleos brujos”, cuyo juicio oral está próximo a iniciarse en Valparaíso, comprometiendo incluso a parlamentarios como Laura Soto, para quien se ha pedido el desafuero, y Rodrigo González, que también correrá igual suerte.

Pero en el trayecto quedan otros muchos casos que tienen que ver con la moralidad pública. Es decir, no hay delito, pero sí inmoralidad, cuya sanción corre por cuenta de la propia ciudadanía.

La reciente exculpación del senador Guido Girardi del uso de facturas de la empresa pantalla Publicam para justificar gastos de campaña, tiene que ver con la moralidad pública. Porque efectivamente en su última campaña electoral, el senador Girardi usó facturas de una empresa de papel por servicios o bienes que no compró. Es decir, intentó engañar al Estado. Claro que el emblemático parlamentario PPD culpa a su Administrador de Campaña. La gente tendrá que evaluar antes de votar nuevamente por él. No hay que olvidar que antes se le descubrió despachando más de 20 mil cartas a sus electores, pidiéndoles el voto, con sello postal financiados con recursos de la Cámara de Diputados. Entonces, el actual senador dijo también que ignoraba lo sucedido y finalmente le pagó a la Cámara los fondos mal empleados. Y eso sería todo; no hubo sanción de ningún tipo porque hubo reparación. Pero ¿y la moral…?

Algo similar pasa con el proyecto de reformas laborales que presentó el senador RN Andrés Allamand. Apenas se dio a conocer, saltó su colega UDI y frustrado precandidato presidencial Pablo Longueira, asegurando que el proyecto no era idea de Allamand sino suya. Está claro que uno de los dos miente. Si fuera Allamand, además está intentando engañar a la población, afirmando que fue él el iluminado. Y si miente Longueira, estaría tratando burdamente de apropiarse de una idea ajena que no fue capaz de generar él mismo.

Y, bueno, después que se desató el escándalo, ambos se dieron cuenta que estaban dando un deplorable espectáculo que afectaría más todavía a la alianza derechista en su afán por llegar al poder. Entonces acordaron guardar silencio; no hablar más del asunto, como si nada hubiera pasado.

La ciudadanía se quedó sin saber quién le mintió. Los protagonistas y sus respectivos partidos apuestan a la mala memoria de la gente. Ojalá estén equivocados, porque aquí hay alguien que falta descaradamente a su ética parlamentaria y política más elemental. Y eso debe ser castigado. Si ambos acordaron ocultarle a la gente lo que realmente pasó, la ciudadanía debe sancionar a ambos con la pérdida de confianza.

En fin: el Caso Fujimori debiera hacernos reflexionar en profundidad sobre estas cosas. Porque en Perú como en Chile la corrupción y la inmoralidad deben ser atajadas. Y allá como aquí hay autoridades pasadas y actuales que pretenden que no ha pasado nada. Y también empresarios que se apropiaron a precio vil de los bienes públicos que pretenden que la ciudadanía olvide que se enriquecieron gracias a la dictadura. Y también allá como acá, hay civiles que incitaron y fueron cómplices de los crímenes más atroces y que ahora pretenden pasar “piola”, como si nada hubiera pasado.

Los ciudadanos pueden olvidar esas cosas. Pero ha historia no.

Esa es mi confianza.