Por Lucía Sepúlveda Ruiz, periodista - elclarin.cl
Gentileza: Germán Westphal
Ante la reciente aprobación “express” por el Senado del proyecto de ley que crea el Instituto de Derechos Humanos, los abogados del actual Programa de Derechos Humanos dependiente del Ministerio del Interior, denunciaron que la iniciativa posibilita la impunidad de los agentes de la represión. El Instituto no tendrá facultades para accionar judicialmente, y la ley deja fuera de los procesos a este programa, que actualmente opera como querellante en la mayor parte de las causas por desapariciones o ejecuciones políticas sin entrega de restos.
En una carta pública suscrita por 31 trabajadores del citado programa, que incluye entre los firmantes a respetados abogados que defienden causas de detenidos desaparecidos, como Magdalena Garcés, Karinna Fernández, Loreto Meza, y a personalidades como Humberto Lagos, los funcionarios denuncian que el Senado suprimió la facultad que otorgaba al Instituto de Derechos Humanos el proyecto aprobado previamente por la Cámara de Diputados, para querellarse por crímenes de lesa humanidad y de guerra y por delitos incluidos en los tratados internacionales ratificados por Chile. También la cámara alta le quitó la obligación de hacerse parte o coadyuvar en los procesos criminales relacionados con causas de detenidos desaparecidos de conformidad a lo dispuesto en la Ley 19.123.
Refutan los especialistas del área de derechos humanos la afirmación del ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera- Gallo respecto de que para los juicios pasados está el Programa de Derechos Humanos. Ellos aclaran que esta entidad no podrá seguir llevando los juicios porque el continuador de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación será el nuevo Instituto de Derechos Humanos, al cual incluso le corresponderá según la ley aprobada por el Senado “custodiar y guardar en depósito los antecedentes reunidos por (...) el Programa de Derechos Humanos dependiente del Ministerio del Interior”.
Estos funcionarios consideraron que esto es como una amnistía:
“Resulta paradójico, contradictorio y decepcionante que el futuro Instituto Nacional de Derechos Humanos pudiera facilitar la impunidad. No nos oponemos a su creación, sino a que sea un organismo que prive a los familiares de las víctimas y a la sociedad de obtener
la anhelada verdad y justicia”.
El vocero de estos trabajadores, el abogado Boris Paredes, sostuvo asimismo en entrevista publicada en El Mostrador:
“Vemos con mucha preocupación que un proyecto que se había tramitado casi dos años, consensuado, discutido, y donde todos los actores opinaron ¡se cambió en 24 horas por una comisión que salió de la noche a la mañana!”
El cuestionamiento va dirigido al ministro Viera Gallo y los senadores de la Alianza Andrés Chadwick y Alberto Espina. Se sabe que Chadwick se mostró particularmente gozoso por haber logrado que la comisión que por 6 meses continuará lo obrado por la Comisión Valech sobre Tortura y Prisión Política, incorporará a las personas que según la derecha sufrieron apremios de violencia política cometida por privados en función de intereses políticos.
Desaparece así el concepto de terrorismo de Estado y delitos cometidos por sus agentes, posibilitando esta ley de manera inaceptable, que se iguale a los represores con los luchadores antidictatoriales, y se denomine las acciones de estos como violencia terrorista.
La insólita ley aprobada a la medida del Senado, eliminó –según informó el senador José Antonio Gómez- la remuneración que se entregaría a los miembros de la continuadora de la Comisión Valech, lo cual indica la nula importancia concedida al trabajo que deberán realizar sus integrantes. Estos deberían poseer un patrimonio personal tal, que les permita autofinanciarse por seis meses mientras llevan a cabo la delicada tarea de escuchar testimonios de víctimas de tortura.
La discusión sobre salario ético evidentemente no ha llegado a este nivel. Camilo Escalona, por su parte, saludó la aprobación de la iniciativa asegurando que Chile asiste a la configuración de una nueva realidad política, cultural, valórica y ética, afirmación que será leída por muchos como la reiteración de la consabida política de los consensos, que opera una vez más en contra de los derechos humanos.
Sólo el veto presidencial podrá librar a Michele Bachelet de nuevos cuestionamientos por las organizaciones de derechos humanos, juristas y entidades vinculadas al tema, tanto en el país como a nivel internacional, donde el cuestionamiento al desempeño del gobierno en esta materia es ya conocido.
Por Alejandra Araya Brañes
De: El Mostrador
Un rechazo transversal y definitivo generaron en el oficialismo las modificaciones que -gracias a un acuerdo entre los adherentes al Gobierno y la Alianza- sufrió el texto en el Senado. Según jefe de legisladores PS, Fulvio Rossi, iniciativa ''empeoró'' al querer la derecha ''debilitar'' el nuevo organismo.
Un difícil escenario se abre en la tramitación del proyecto que crea el Instituto de Derechos Humanos, luego de que a pesar de los intentos del ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, por convencer a los diputados de la Concertación para aprobar el texto que evacuó el Senado, las bancadas oficialistas anunciaron su rechazo a las modificaciones introducidas en la cámara alta.
En la mañana, se encendieron las luces de alerta cuando los diputados PS criticaron los cambios y anunciaron que votarían en contra de estas modificaciones, para que la propuesta sea abordada en comisión mixta, considerando -por ejemplo- que la nueva entidad no tendrá facultades de representación legal.
El subjefe de bancada del PS, Marcelo Díaz, argumentó que “nosotros consideramos fundamental que el Instituto tuviese la capacidad de establecer o entablar acciones judiciales para perseguir responsabilidades en materia de derechos humanos. Ése es el espíritu que está en la base del envío del proyecto. Esta facultad fue cercenada en el Senado y en consecuencia lo que nosotros queremos al rechazar estas modificaciones, es que se pueda abrir una nueva negociación con los senadores, en el marco de la comisión mixta”.
En esta misma línea, el diputado PRSD, Fernando Meza, calificó como “incorrectas” las observaciones, pues el organismo debe estar encondiciones de hacer presentaciones judiciales. Ante esto, señaló que el proyecto que aprobaron los senadores “debiera ir a mixta y debiera ahí dilucidarse esta situación”.
También a favor de que la entidad pueda “en determinadas ocasiones, debidamente ponderado en los hechos y las circunstancias, ejercer acciones penales”, se manifestó el diputado DC Jorge Burgos, quien planteó como solución que “para una mayor tranquilidad de quienes creen que no debiera ser así, podría fijarse algún quórum alto en el caso de los consejeros del instituto y cuando se ejerza acciones (legales) no sea por simple mayoría, si no por un quórum más alto dentro del consejo”.
En este contexto, el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, se reunió con los representantes de las bancadas de la Concertación, para buscar una solución a este tema.
Las modificaciones surgieron de un acuerdo entre el oficialismo y la oposición en la cámara alta, gracias al cual se logró la aprobación de la propuesta. Por ello, ir a una comisión mixta provoca incertidumbre.
“La defensa y promoción de los derechos humanos son temas que unen a la Concertación y todas sus bancadas han manifestado su rechazo en general a las modificaciones del Senado, porque sentimos que ninguna va en la línea o en el espíritu de fortalecer esta nueva institucionalidad”, dijo el jefe de la bancada PS, Fulvio Rossi, tras la cita con el secretario de Estado.
A su juicio, “el temor que existe en el Gobierno es que la derecha vaya al Tribunal Constitucional, como siempre lo hace, arguyendo algún tema jurídico, y ese fue quizás lo que motivo a aceptar esto”.
Consultado sobre el consenso en el Senado, enfatizó que “yo jamás en mi vida voy a aceptar un acuerdo como vinculante si no se me consulta. El del Gobierno me parece un hecho negativo, porque se está pasando por encima de las atribuciones que tienen los diputados”.
Para el parlamentario, “el proyecto empeoró’´ y lo que buscó la derecha fue debilitar el instituto.
“El ministro hace todo lo posible por sacar esta iniciativa, pero hay que entender que a la derecha el tema de derechos humanos le complica”, dijo.
Una posición similar anunció la DC, cuya bancada también votará contrariamente a las indicaciones del Senado.
“El acuerdo político entre el Gobierno y la Alianza no responde a las demandas pendientes en materia de derechos humanos en el país”, dijo el jefe de bancada del partido, Roberto León.
Explicó que “lamentamos que si la derecha no respetó los derechos humanos en el pasado, hoy también esté colocando trabas para que en el futuro, si existiesen nuevas violaciones a los derechos humanos, no podamos contar con una institucionalidad que cuente con todas las atribuciones necesarias para defender a las personas y resguarde, efectivamente, sus intereses”.
Por su parte, el jefe de bancada del PPD, Jaime Quintana, dijo que “está claro que no tenemos acuerdo con el Gobierno en esta materia y tal como están las cosas planteadas hoy, también hay una discrepancia importante con el Senado, especialmente con los senadores de oposición, quienes con las indicaciones que le han formulado a este proyecto lo están desnaturalizando”.
Según Quintana, el instituto “debe tener la facultad de accionar ante los tribunales” y “cercenar esa facultad y dejarla sólo en manos de la justicia penal, en este caso de la facultad del Ministerio Público, nos parece que se aparta demasiado del proyecto original que salió de la Cámara de Diputados y desde ese punto de vista, quiero señalar que la bancada del PPD y sus diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, hemos sido claros en nuestro planteamiento y en estas condiciones nosotros vamos a rechazar estos artículos, por lo tanto deberá ir a comisión mixta”.
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