La política, el más rentable de los negocios

Por Paul Walder
Publicado en Punto Final Nº 643. 13 de julio, 2007
De: Piensa Chile.com

Sebastián Piñera Echenique (58 años), empresario, ex y muy probablemente futuro candidato presidencial, líder de la derecha y millonario top ten chileno, aceptó, no sin molestias, pagar la multa de 363 millones de pesos (700 mil dólares) que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) le aplicó por haber utilizado información privilegiada en la compra de acciones de Lan Airlines, línea aérea que controla.

La determinación del millonario de no apelar a la multa y pagarla en su totalidad, no sin intentar politizar con habilidad el castigo, busca liberarse de futuros obstáculos en su carrera presidencial y, de paso, convertirse en una víctima, en un perseguido político.

Pese al escándalo, a la presencia de nuevos y más profundos abismos para la política nacional, el evento no debiera sorprender. La política y la clase política, están cruzadas y atoradas por el dinero. En nuestra democracia -poco representativa-, los poderes fácticos son los que determinan los liderazgos, y entre los grandes poderes, el poder económico marca la pauta. Por tanto, el multimillonario que se financió personalmente su campaña pasada, que puede correr por cuenta propia el 2009, es carta segura, si no para la derecha ampliada, sí para Renovación Nacional. Y es también hoy, según no pocas encuestas, el mayor obstáculo para la continuidad de la Concertación. De aquí la tesis conspirativa, que maneja Piñera y su entorno.

Por cierto que esta tesis no deja de ser ni descabellada ni tampoco puede sorprender. La entrevista que el superintendente Guillermo Larraín -cargo que ocupa, dice La Tercera, por su relación con la Democracia Cristiana- otorgó a El Mercurio giró exclusivamente sobre este argumento. Los periodistas fueron a preguntarle por qué Sebastián Piñera y no otros numerosos casos que esa institución fiscalizadora tiene en carpetas, por qué ahora, por qué el ex y muy probablemente próximo candidato presidencial de la derecha es el primer sancionado de una ley que jamás se había aplicado. A estas dudas, el superintendente Larraín (DC) responde y descarta, obviamente, cualquier intencionalidad política. Pero la entrevista, colocada con sagacidad en las páginas empresariales, busca no sólo poner en tela de juicio la sanción, sino a una institución que de por sí, por el hecho de observar y controlar a los mayores poderes del país, está presionada.

Sin poner en duda la neutralidad de la SVS, la multa a Piñera no es una simple sanción económica, aun cuando lo parezca. Es una muestra más de la (baja) calidad de la política y los políticos, del mismo modo como se han puesto bajo observación las acciones de los actuales gobernantes. La prueba de probidad, bien aplicada al gobierno y a sus funcionarios, ha de ser también dirigida hacia los candidatos. Así es como lo apreció hace unos meses el diputado del PS Iván Paredes durante una sesión de la Cámara para estudiar el caso de Piñera: la vinculación política “es algo que ninguno de nosotros lo desconoce o lo soslaya”, en tanto agregó que si bien es necesario controlar la gestión de los gobernantes sobre los asuntos públicos, “también lo es en la gestión de la empresa, más si su propiedad en todo o parte es capital anónimo, como el de los trabajadores, su gestión y rol compromete la fe pública y el orden público económico”.

La sanción de la Superintendencia revela, trasparenta, la oscura relación entre dinero y política. El multimillonario Sebastián Piñera, aun cuando no ocupa ningún cargo público -condición que fue entonces el gran argumento de la derecha para rechazar esa investigación- muy probablemente será un postulante a la presidencia del país. Si como particular no ha logrado contener la ambición de nuevos negocios utilizando tácticas no permitidas, es evidente que una eventual carrera a La Moneda generará todo tipo de sospechas.

Los negocios y la Concertación

La sanción a Piñera, que indirectamente ha de favorecer a la Concertación en las próximas elecciones, puede apuntar hacia una pérdida aún mayor. La relación entre el poder económico y el político no es un nexo exclusivo del millonario candidato, sino que cruza a todo el espectro político con representación parlamentaria. Este evento puede abrir una brecha muy amplia. Próximas y muy extremas acusaciones contra los futuros candidatos de la Concertación, quienes han de tener relaciones complejas y también oscuras con el sector privado, como lo ha sido el caso MOP Gate, pueden distorsionar hasta el mareo el panorama político. Una relación permanente que va desde el sector público al privado y viceversa. En los entrantes, podemos citar al ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, que venía desde las autopistas concesionadas y las AFPs, en tanto otro es René Cortázar, el actual titular de Transportes, que llegó al gobierno procedente de los directorios de D&S (empresa que controla los supermercados Líder), Corpbanca y Aes Gener. En sentido inverso, la lista es enorme, y se puede recordar a la ex intendenta de Santiago, Ximena Rincón, hoy en un directorio de AFP o a los ex ministros Tironi y Correa, asesores comunicacionales de grandes empresas, a Eduardo Aninat, encargado de las isapres, al ex ministro socialista de Obras Públicas y expresidente del Banco Estado, Jaime Estévez, ahora director del Banco de Chile y de AFP.

La relación entre política y empresa privada es una práctica común en la historia reciente. Basta recordar las operaciones del clan Pinochet y todas las privatizaciones, éstas avaladas y refrendadas por los gobiernos de la Concertación como la base misma de la institucionalidad económica . Pero se trata de unas bases sórdidas, apoyadas en una gran estafa al Fisco. La misma oscuridad que rondó las cuentas del finado Pinochet ha rondado las privatizaciones. Que José Yuraszeck, aquel oscuro funcionario de la dictadura convertido hoy en millonario e investigado y sancionado por haber ocultado información a los accionistas de Enersis -secuestros mediante- durante la venta de Endesa a los españoles, sea el paradigma de este proceso, es una sospecha que no sólo lo involucra a él, sino a toda la institucionalidad económica de la dictadura, la que ha sido no sólo heredada por la Concertación, sino legitimada y elogiada. La decisión del Congreso hace unos años de investigar las privatizaciones no sólo puso en tela de juicio el proceso de enajenación realizado durante la dictadura, sino las bases sobre las cuales se ha apoyado toda la economía de la Concertación. El tan glorificado auge económico parte de una gran estafa al Fisco; su génesis es la irregularidad -valga este elegante eufemismo- y la mentira.

La génesis está en las privatizaciones

La periodista María Olivia Monckeberg, en su libro El Saqueo de Chile, estima en unos tres mil millones de dólares las pérdidas que tuvo el Fisco durante el proceso de privatizaciones de la década de los ochenta. Unas 400 empresas pasaron bajo confusas maniobras a manos de los asesores y colaboradores más cercanos a Pinochet. Un “botín de guerra”, le han llamado, que consolidó bajo el alero del poder económico, a un bien determinado poder político. Un pacto propio de camarilla, de secta, que ató la institucionalidad económica con la más extrema derecha. Una operación que apuntaba a, como le gusta decir a la derecha, consolidar y prolongar el legado del régimen militar. Han sido estas figuras, altos funcionarios de la dictadura, los que hoy, convertidos en millonarios, regentan una proporción importante de la economía chilena. Durante largos años este segmento empresarial fue un abierto defensor del régimen de Pinochet. Una relación que se mantuvo hasta el día de su muerte, cuando una nutrida delegación de las cúpulas del sector privado fue a darle el último adiós a su general.

Así lo explica la autora de El Saqueo de Chile. “El último gabinete de Pinochet que asumió después del triunfo del No en el plebiscito, tuvo un carácter marcadamente economicista. El objetivo estratégico de ese equipo estaba a la vista: asegurar la proyección de la _obra del régimen’. Trasladar las empresas a manos de quienes habían detentado el poder en esos años fue su norte. Y para eso aplicaron el acelerador a fondo”.

Por cierto que hubo ganadores con las privatizaciones y con la implantación del modelo económico de mercado. Uno de ellos es Sebastián Piñera, que pudo convertirse en millonario en muy pocos años. Aun cuando no fue funcionario de Pinochet, ni recibió de regalo una empresa pública, ha hecho buena parte de su fortuna con la privatizada ex Línea Aérea Nacional.

Hace poco más de dos años, la comisión de la Cámara de Diputados evacuó su informe sobre el proceso privatizador entre los años 1973 y 1990. La información y conclusiones, aun cuando no del todo imprevistas, resultaron no sólo impresionantes sino frustrantes. No por carencia de datos o precisión, sino por la impunidad que ha caracterizado un proceso que despojó más de dos mil millones de dólares- según esta investigación- al Fisco. Una acción turbia, sobre la que se ha basado y basa la actual institucionalidad económica. El paso desde una economía cuyos medios de producción en grado relativo eran públicos, a una economía desregulada apoyada en el sector privado, ha sido un camino para beneficio de los privatizadores y la transmutación del poder político en poder económico. El traspaso durante la dictadura de las empresas públicas a manos de funcionarios y adictos al régimen fue la consolidación de la economía chilena en los bolsillos de una derecha golpista.

El académico de filosofía de la Universidad de Chile Marcos García de la Huerta, caracteriza este fenómeno de manera brillante en un ensayo sobre las privatizaciones: “Son los negocios ahora los que continúan la política: ya no son necesarios los golpes militares, porque el poder queda virtualmente monopolizado, suprimida la separación entre el poder político y el económico, que dejaba cierto margen de autonomía para el primero. Pero, una vez comunicados ambos, el poder político queda sometido al económico y la democracia misma queda reducida a sus rituales periódicos, convertida en democracia electoral o procedimental”.

Lo que hoy tenemos, no puede estar mejor definido.

Esta génesis de la actual clase empresarial chilena, del poder político mutado en poder económico, ha politizado la misma economía. Se trata de un sector, de una clase, en ocasiones abiertamente vinculada con la derecha que mantiene de forma permanente una mirada conservadora. Esta vinculación entre política y economía se ha traspasado a la Concertación, la que a poco andar de los años 90 refrendó el modelo económico, el proceso privatizador y numerosos otros hechos que condujeron a retrasar y aligerar los juicios por las violaciones a los derechos humanos. El poder económico, extendido también al poder político, logró imponer una visión del país, la que ha calado hasta los núcleos profundos de todas las instituciones. El modelo de mercado, la privatización de los servicios y la falta de regulación y control al sector privado, ha creado una sociedad desigual como pocas. No obstante esta clase, presente hoy en la derecha y en la misma Concertación, denomina al modelo económico como una “visión de país”.

Monopolio ideológico

La unión entre los negocios y la política ha creado una elite que gobierna desde y para sus intereses. Está y estará presente en un candidato presidencial como Sebastián Piñera, y también lo está en todos aquellos dirigentes, de todo el espectro parlamentario, ligado al mundo empresarial. Una clase cada vez más poderosa y muy satisfecha con el statu quo, desde el económico al político, como lo es el sistema binominal. Pero es también un nudo ciego para el devenir de la política y el accionar social al impedir el cambio y la incorporación de nuevos actores a la vida política y social del país.

Un ejemplo de este sesgo, de esta mirada conjunta e ideológica, la podemos hallar en la relación de esta elite empresarial y política con los medios de comunicación. Desde el inicio de la transición el interés ha sido fortalecer a los medios más conservadores y reaccionarios y debilitar hasta su muerte a los medios independientes, actividad que se ha hecho desde el poder económico y el mercado, pero también desde el gobierno.

Los académicos Osvaldo Corrales y Juan Sandoval, en su estudio Concentración del mercado de los medios, pluralismo y libertad de expresión, publicado por el Instituto de la Comunicación y la Imagen de la Universidad de Chile, sostienen que ha existido una evidente distorsión de la inversión publicitaria que hacen las empresas y los gobiernos de la Concertación, la que tiene una motivación de tipo ideológica. La Fiscalía Nacional Económica lleva adelante, desde septiembre del año pasado, una investigación sobre la inversión publicitaria del Estado a partir de la denuncia que presentó el director de Punto Final, Manuel Cabieses.

El comportamiento de la prensa y su relación con la gran empresa, que es el gran avisador en los medios de comunicación, va incluso más lejos que la tradicional noción de oligopolio, la que “no resulta suficiente para comprender la forma en que se ha estructurado el mercado de la prensa en Chile”, dicen los autores. Habría que incorporar un nuevo concepto, dicen, el de “monopolio ideológico”.

El monopolio ideológico que plantean los autores es otra forma de referirse al pensamiento único, que es la simbiosis entre neoliberalismo económico y conservadurismo cultural. Los empresarios y el mismo gobierno, bien apoyados por la industria de la publicidad, utilizan la inversión publicitaria como una herramienta para fortalecer los medios y los discursos que les son más cercanos, aquellos que refuerzan el marco para favorecer sus negocios.

No puede haber una peor relación para la política. El multimillonario Sebastián Piñera ha pagado casi 400 millones de pesos, ha hecho el papel de víctima, y ha dado todas las señales, pese al ya clásico malestar de sus tenebrosos socios de la UDI, de su decisión de avanzar hacia La Moneda. La sanción de la Superintendencia de Valores y Seguros, y especialmente el hecho de haberse saltado las normas que rigen los negocios, estarán en el olvido para el 2009.

Los negocios siempre triunfan sobre la política, al menos en Chile.