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03 de septiembre de 2007
Alcalde Luis MellaEl alcalde Luis Mella destapó escándalo de los “empleos brujos”.

Piden desafuero contra dos diputados por escándalo de “empleos brujos”

El alcalde de Quillota, Luis Mella, jamás pudo sospechar la magnitud y alcances que provocaría su denuncia de diciembre de 2005, cuando reunió información y dnunció al Ministerio Público que en el Cerro Mayaca se estaba pagando con recursos de los planes de empleo a personas que no habían trabajado, pero estarían apoyando la campaña del entonces rival de su hermana diputada María Eugenia Mella, el entonces candidato socialista Marco Enríquez-Ominami.

La denuncia inicial hablaba de 45 personas recibiendo remuneraciones del PGE sin haber trabajado en el proyecto de despeje de vías en el Cerro Mayaca. El caso fue asumido en el Ministerio Público por el fiscal jefe de Quillota, Pablo Bravo, que a poco andar descubrió que el desvío de fondos de ese Programa gubernamental destinado a paliar la cesantía, se había extendido a otras provincias de la Región. Por ello, se abrieron investigaciones en Viña del Mar, Valparaíso, San Felipe y San Antonio.

En un par de meses, ya se había formalizado al secretario regional ministerial del Trabajo, José Manuel Mancilla (PS), quien aparece hasta ahora como el gran articulador de todas las maniobras ilegales junto al ex secretario del senador Ominami y presidente regional del mismo Partido, Edgardo Lepe.

De igual forma se estableció participación en los hechos de los dos contratistas –Malatesta y Meza- en las irregularidades en distintas provincias.

También se formalizó a asesores del diputado Rodrigo González en Viña del Mar, a la hija y colaboradores de la diputada Laura Soto en Valparaíso y a otras personas de San Felipe y Quillota.

Escenario actual

Un año y ocho meses después de la denuncia inicial del alcalde Luis Mella, el escenario que aparece después de cerrada la investigación en tres ciudades, difiere sustancialmente de lo que se conoció en sus comienzos.

Al cerrarse las investigaciones en Quillota, el diputado Enríquez-Ominami quedó excluido de toda relación, imputación o responsabilidad en el caso. Igual sucede con el cierre en San Felipe, donde el diputado PPD Marco Antonio Núpez también quedó fuera del caso, sin cargos.

En cambio, en Valparaíso ya se pidió el desafuero de la diputada Laura Soto (PPD) por existir fundadas presunciones que cometió fraude al fisco, cargo por el que su hija Marisol Paniagua y el ex esposo de esta, Uziel Valle, se encuentran formalizados.

En Viña del Mar, todo indica que también se pedirá el desafuero del diputado Rodrigo González (PPD), cuyos ex asesores Max Bastidas y Fernando Avendaño fueron acusados por participar en el fraude de los “empleos brujos” y se pide penas de prisión contra ellos.

Y en San Antonio, la investigación prosigue, existiendo la posibilidad que se vea involucrado el diputado radical Samuel Venegas.

Mella espera palabra de los tribunales

“Sólo espero que la justicia diga su última palabra”, expresó el alcalde Luis Mella al ser consultado sobre el cierre de la investigación iniciada a raíz de su denuncia por desvío de recursos de los planes de generación de empleos (PGE), hecha en diciembre de 2005 y que alcanzó ramificaciones insospechadas.

El jefe edilicio manifestó que las indagaciones del Ministerio Público “confirmaron cada uno de los términos de denuncia”. Recordó que específicamente denunció que “gente del comando de la candidatura de Marco Enríquez-Ominami estaba desviando recursos de los PGE a la campaña política y eso está demostrado, porque están formalizados el jefe de campaña del ahora diputado y un reconocido activista de su campaña”, refiriéndose a Edgardo Lepe y Luis Fernández, respectivamente.

La investigación demostró “que mi denuncia no fue un acto de histeria, como entonces dijo Enríquez-Ominami, ni una reacción patética, como la calificó el senador Ominami”, puntualizó el alcalde Mella.

“Ahora tenemos que ver qué sucede durante el juicio oral”, prosiguió, concluyendo en que “en esto, cada cual debe asumir sus responsabilidades”. Puntualizó que en este caso “deben surgir responsabilidades políticas, administrativas y judiciales”.

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