Acusan a dos imputados de la Provincia por fraude de los PGE

Ante el tribunal de Garantía de Valparaíso, el Ministerio Público presentó acusación formal contra nueve imputados por fraude al fisco por desvío de fondos del Programa de Generación de Empleo (PGE) en Quillota, San Felipe y Viña del Mar. Entre los acusados figuran un poblador calificado como “activista político” de Quillota y un ex funcionario de la Intendencia Regional, que es de La Calera.

Las indagaciones judiciales por el mal uso de los recursos del PGE en la Región se iniciaron en diciembre de 2005 cuando el alcalde de Quillota, Luis Mella, denunció ante el Ministerio Público que en el Cerro Mayaca que pagaba con fondos de dichos planes anticesantía a activistas de la campaña del entonces candidato a diputado Marco Enríquez-Ominami, quien disputaba el cupo parlamentario con la diputada en ejercicio y hermana del jefe comunal, María Eugenia Mella.

Pero las investigaciones dejaron al descubierto una amplia red de funcionarios, dirigentes políticos y contratistas que desviaban fondos de los PGE a otros fines en distintas provincias de la Región.

Al hacer efectivo el cierre de las investigaciones en Quillota, San Felipe y Viña del Mar, el equipo encabezado por el fiscal regional, Jorge Abott, presentó acusación contra los imputados José Manuel Mancilla, ex secretario regional ministerial del Trabajo y principal implicado; el calerano Jaime Quiroz, ex funcionario de la Intendencia Regional; los contratistas Hugo Meza y Giuseppe Malatesta; el poblador de Quillota Luis Fernández, sindicado como un “activista político” que participaba en la campaña de Enríquez-Ominami; el concejal de Rinconada Ricardo León, el ex jefe de Gabinete del senador Ominami, ex jefe de campaña de Enríquez-Ominami, presidente regional del partido Socialista y consejero regional Edgardo Lepe, el concejal de Viña del Mar Max Bastidas y el ex secretario de campaña del diputado Rodrigo González, Fernando Avendaño.

A Luis Fernández se le acusa de reclutar brigadistas para la campaña del ahora diputado socialista y pagarles con fondos fiscales; se está pidiendo en su contra una condena de tres años y un día de presidio.

Jaime Quiroz, por su calidad de ex encargado de Municipalidades de la Intendencia, tendría responsabilidad –conjuntamente con Mancilla- en la asignación de los proyectos PGE a los contratistas coludidos (Malatesta y Meza), por lo cual se pide tres años y un día de prisión, más inhabilidades.

En tanto para el ex secretario ministerial Mancilla se piden dos penas de tres años y un día de prisión, además de inhabilitación perpetua para ejercer cargo público y para Edgardo Lepe se está pidiendo tres años de prisión.

Las acusaciones fueron presentadas en 25 tomos, que incluyen pericias financieras e informáticas, además de las declaraciones de un total de 230 testigos.

El tribunal deberá notificar en los próximos días a los imputados y a los querellantes, que son el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y los senadores Sergio Romero (RN) y Jorge Arancibia (UDI). Los querellantes podrán adherir a la acusación del Ministerio Público o presentar acusaciones particulares.