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Miguel Tapia G., Periodista
La información de que el juez Guillermo Cádiz seguirá ejerciendo como si nada después de haber sido sorprendido en una notable irregularidad, no me sorprendió. El magistrado tramitó su divorcio en una semana en el tribunal a su cargo en circunstancias que el ciudadano común tarda mínimo seis meses en cumplir el mismo trámite. En su oportunidad, el presidente de la Corte Suprema no dudó en calificar el hecho como un acto de corrupción. Pero al juez lo sancionaron con cuatro meses de suspensión y goce de medio sueldo. O sea estará sin trabajar, en su casa, percibiendo la mitad del sueldo que recibe cuando se supone que trabaja “honestamente”. Después volverá a su cargo como si nada.
No me sorprendió porque Chile conoce una larga lista de jueces corruptos que al ser investigados por sus pares, quedan siempre en la impunidad.
Junto con salvar a este juez “express”, el máximo tribunal trató también con guante blanco a un magistrado del norte que en noche de borrachera el Año Nuevo pasado fue detenido en Valparaíso conduciendo su automóvil y se permitió amenazar a los carabineros desde su condición de autoridad judicial. Quedó libre de polvo y paja porque la infracción –en realidad, el delito de conducir ebrio- la cometió cuando no cumplía funciones de juez.
Muy publicitado fue el caso de la “Jueza Express”, María Angélica Grimberg que dictó 840 fallos en 48 horas para superar las metas prefijadas y recibir un incentivo económico. El peso de la opinión pública la obligó a renunciar antes de recibir la sanción que le correspondía.
También quedó en nada la acusación contra el juez de Garantía de Arica Francisco Vargas Vera, que se negó a dejar en prisión preventiva a 70 narcotraficantes que, obviamente, escaparon.
¡Cómo no recordar el caso del juez de Aysén, Carlos Klapp! Se dejó fotografiar desnudo con una prostituta en la cama de un burdel. ¿Qué hicieron sus superiores cuando evaluaron su conducta reñida con la moral que requiere un magistrado? Lo suspendieron por cuatro meses, con goce de medio sueldo y… ¡Lo trasladaron a Castro! Los habitantes de Chiloé son juzgados ahora por un magistrado inmoral… tal vez porque se les considera ciudadanos de baja categoría.
¿Y lo que pasó en el sur a mediados de 1999? Fueron dos casos: el juez de Nueva Imperial, Víctor Bergamín, fue denunciado por Gendarmería de haber inspeccionado un centro de reclusión de menores, a los que revisó sin presencia de vigilantes… desnudos. Los miró y tocó a su antojo. ¿Sanción? ¡Trasladado a otra ciudad!.
Por la misma época, el titular del Cuarto Juzgado de Letras de Punta Arenas fue acusado por haber hecho la reconstitución de escena de la violación de una menor… Con la misma víctima. Y él hizo el papel de agresor. Fue tanto el escándalo, que el entonces Presidente Eduardo Frei pidió su destitución. Si no, también habría quedado impune.
¿Seguimos? ¿Se acuerdan del caso del Juez Calvo? Frecuentaba un sauna de homosexuales. No puedo criticar su opción sexual. Pero ha había ocultado, la intentó negar y pretendía seguir juzgando las aberraciones sexuales del empresario Spiniak. ¿La sanción? ¡Ahora es Fiscal de Corte! O sea, quien recomienda a los ministros cómo fallar en distintos casos… incluidos los delitos sexuales.
Mucho se ha criticado el resultado de la Encuesta Casen 2006, que estableció una disminución de la pobreza –del 18,7 por ciento en 2003 al 13,7 en 2006- y la indigencia, que bajó en el mismo período del 4,7 al 3,2 por ciento.
Se dice que mide mal porque se usan los mismos parámetros que hace veinte años y que se trató de una movida política para mejorar la imagen del ex Presidente Lagos y del actual Gobierno concertacionista.
Claro: a muchos les molesta que la Concertación alcance estos logros. Cuando la dictadura dejó el poder, el país quedó con casi un 50 por ciento de pobreza. Y en los tres años pasados, la reducción fue la más significativa desde esa época.
Un par de días después de difundida la Encuesta, el Canal 13, “católico”, emitió un reportaje de investigación (“Contacto”) revelando increíbles casos en que el Programa Puente –destinado a sacar la gente del estado de indigencia o extrema pobreza- fracasó por corrupción de los ejecutores o ineficiencia de funcionarios.
Todos los casos ahí exhibidos son efectivos. Pero conocí por dentro el funcionamiento del Programa y doy fe que si bien ha habido irregularidades, el “Puente” ha sido un instrumento altamente efectivo para ayudar a superar la extrema pobreza. Conozco familias que mejoraron considerablemente sus condiciones de vida y recibieron instrumentos precisos para seguir avanzando, con todos los organismos del Estado a su entera disposición para ayudarles.
Es efectivo que se debe seguir trabajando para que no haya indigentes en Chile y para que los pobres sean menos pobres. También es cierto que la pobreza seguirá siendo “dura” mientras no mejore la Educación y se mantenga un sistema económico injusto y altamente inequitativo. No hay que soltar el tema; debemos atajar el desmesurado y escandaloso enriquecimiento de unos pocos a costas del resto del país. Es indispensable buscar fórmulas para que nuestra aporreada clase media no se siga empobreciendo.
Pero que la extrema pobreza se ha reducido, ¡qué duda cabe…!
A propósito de pobreza: el reciente acuerdo de la derecha y la Concertación para subir el salario mínimo en apenas 9 mil pesos, representa un factor trascendental en el mantenimiento de la pobreza en nuestro Chile.
Por cierto, ninguna familia podía sobrevivir con un mínimo de dignidad con 135 mil pesos mensuales que, descontada la previsión y salud, queda en menos de 100 mil pesos; es decir, unos 3.300 pesos diarios. Y ¿en qué mejora la situación de esa familia con 300 pesos más al día? ¡Nada! Peor aún si se considera que ya hay anunciadas alzas de 100 pesos en el kilo de pan y otro tanto para el litro de leche.
Nuestro Chile es uno de los pocos países que se dicen en vías de desarrollo, pero mantiene una injusticia social tan grande. La masa laboral está entre las que más trabaja en el mundo, con una retribución paupérrima. Una gran parte de los trabajadores chilenos -principalmente los que se desempeñan en las pymes- debe conformarse con la remuneración mínima, e incluso muchos que laboran en el ámbito informal, con menos. ¡Conozco periodistas que reciben apenas 80 mil pesos al mes por su trabajo profesional…!
Además, nuestra legislación fija salarios inferiores para los menores de 20 años y los mayores de 65. Y también se puede pagar menos a las empleadas domésticas, que a veces sirven de lunes a sábado 10 ó 12 horas diarias… por el sólo hecho que les dan un plato de comida…
Nadie en el resto del mundo podría entender esto en tiempos en que se dice que Chile tiene una economía esplendorosa; cuando decenas de millones de dólares que sobran en las finanzas públicas se empozan en bancos extranjeros y cuando se dilapidan cientos de miles de millones de pesos en un fracasado sistema de transporte público para la capital.
El inefable Ministro de Hacienda razona de manera insólita: si se aumenta más el salario mínimo –que lo pagan los empresarios privados- crecería el poder adquisitivo de la población, los trabajadores comprarían más, subirían los precios y tendríamos alta inflación. Y eso no se puede permitir, así es que mejor que los trabajadores y sus familias sigan pasando hambre, viviendo en la depresión, sumidos en la desesperanza.
Me rebelo contra ese raciocinio. Será “mi” Gobierno… pero no lo puedo aceptar.
Mientras reflexiono en estas cosas que afectan a tantos millones de chilenos, me produce irritación la última noticia económica: Las utilidades de los bancos que operan en Chile sumaron 380.792 millones de pesos, equivalentes a 724,3 millones de dólares sólo entre enero y mayo. “Según informó la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, el Banco Santander acumuló ganancias por 125.064 millones de pesos en los cinco primeros meses del 2007. El Banco de Chile tuvo una utilidad de 82.867 millones de pesos al quinto mes de este año. El BCI registró ganancias por 44.377 millones de pesos y Corpbanca logró utilidades por 14.367 millones de pesos entre enero y mayo de este año…” Para qué sigo leyendo.
Me irrita sobremanera y entiendo la acumulada indignación de muchos que –como yo- no logran ni una tajada mínima de tanta bonanza de unos pocos.
Pero reviso el reportaje de La Nación de la semana pasada sobre el negocio de las AFP: En los últimos 15 años, las Administradoras de Fondos de Pensiones ganaron el 27 por ciento de su patrimonio; esto es, 2,5 veces el promedio del conjunto de todos los sectores productivos. En 2006, la rentabilidad promedio del sistema financiero llegó al 18,6 por ciento, mientras la de las AFP se empinaron sobre el 30 por ciento; sólo la Administradora Bansander acumuló el 41% de renta… Pero los fondos acumulados por la mitad de los afiliados no alcanzará para alcanzar la pensión mínima y el Estado tendrá que hacerse cargo de una pensión solidaria.
Duele… duele… ¡duele! Es la parte de mi país que rechazo con fuerza y desde lo más profundo de mi ser.
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