Juez a punto de dictar sentencia por masacre de 1974 en Quillota

Por: ZonaImpacto.cl

El ministro en visita Julio Miranda Lillo dio por finalizada la etapa probatoria en el proceso por la masacre perpetrada en Quillota el 18 de enero de 1974, cuando militares ultimaron en una falsa emboscada a nueve prisioneros políticos que trasladaban desde el Regimiento de Ingenieros a la Escuela de Caballería, en el episodio conocido como “asalto a la patrulla” por la burda versión entregada por la autoridad de la época para justificar el crimen masivo.

La etapa probatoria se dio por finalizada después que el ministro Lillo –quien en décadas pasadas ejerció como titular del Segundo Juzgado de Letras en Quillota- cumplió interrogatorios a al menos 12 inculpados en el Tribunal de Garantía de esta ciudad.

Durante la etapa procesal, prestaron declaraciones el general en retiro Francisco Pérez, que en 1974 era capitán y dirigió la masacre en terreno y el coronel (r) Sergio Arredondo, que ordenó los crímenes en su calidad de director de la Escuela de caballería, cargo al que accedió premiado por Pinochet después de haber dirigido las operaciones de la “caravana de la muerte”, que dejó un centenar de víctimas en el sur y norte del país.

También habría pr4stado declaraciones el entonces coronel Angel Torres, que era comandante del Regimiento de Ingenieros y Jefe de la Guarnición cuando su subalterno Arredondo le exigió entregarle los prisioneros para ultimarlos. Torres aceptó la orden sólo porque Arredondo estaba investido de poderes especiales y no reglamentarios por el dictador Pinochet.

Siguen interrogantes

Terminada la etapa probatoria, se supone que habrá un período plenario para que de inmediato el magistrado dicte sentencia.

Pero lo anterior no será tan fácil, porque el famoso “pacto de silencio” ha seguido operando en este caso y los protagonistas no han querido revelar antecedentes que son fundamentales para la dictación de sentencia.

Dato especialmente trascendental para la aplicación de justicia es develar qué fue lo que verdaderamente sucedió con el ex alcalde Pablo Gac, el ex fiscal de la Cora Rubén Cabezas y el entonces dirigente campesino Levi Arraño.

Las declaraciones formuladas por los imputados ante la ministra en visita que sustanció la parte fundamental de la investigación, Gabriela Corti, indicaban que fueron ocho los dirigentes de izquierda detenidos entre el 16 y 17 de enero de 1974 y que todos fueron llevados al Regimiento comandado por el coronel Torres.

A pesar que intentaron ocultar los hechos, la magistrado Corti estableció que por orden del teniente coronel Arredondo, los detenidos fueron sacados del Regimiento para ser llevados a la Escuela de Caballería y que en el trayecto fueron asesinados.

Pero mientras seis de los muertos fueron trasladados al Regimiento y de ahí a la morgue del Hospital San Martín, los cadáveres de Gac y Cabezas habrían sido llevados a la escuela de Caballería, desde donde habrían sido retirados por un helicóptero de la Armada, que los llevó a la costa para lanzarlos al mar frente a la caleta, balneario y puerto de Quintero.

Al retirar los dos cuerpos del instituto de Caballería, se habría agregado el cadáver de Levi Arraño, que estaba retenido ilegalmente desde días antes en la Escuela de caballería. Los oficiales habrían aprovechado el helicóptero para deshacerse también de sus restos.

¿Armada o Ejército?

Esto es lo que la magistrado Corti no logró hacer encajar y que el ministro Lillo tampoco logró dilucidad en la etapa probatoria: si efectivamente fue un helicóptero de la Armada el que retiró los tres cadáveres desde el interior de la Escuela de Caballería aquella mañana del 28 de enero de 1974.

El problema es que ningún oficial de la Armada acepta haber dado la orden a un helicóptero de su institución para retirar cadáveres en Quillota ese día. Tampoco aparece la misión inscrita en las bitácoras de la época ni de registra que alguna nave aérea del Ejército haya cumplido tal misión.

Se contraponen a la versión de los imputados las declaraciones de testigos que sostienen que los restos de Cabezas, Gac y Arraño –actualmente calificados como detenidos desaparecidos” habrían sido enterrados en el mismo recinto de caballería y sacados años después durante la operación denominada “retiro de televisores”, ordenada por Pinochet para impedir que se sigan descubriendo los cuerpos de sus víctimas después del descubrimiento de cadáveres en los hornos de Lonquén.

Se dice que por 1978, maquinaria pesada del arma de Ingeniería habría efectuado la remoción de terrenos para sacar los restos de al menos tres cadáveres, los que habrían sido depositados en bolsas plásticas y llevadas en helicóptero al mar vecino, a donde fueron arrojados.

Otras versiones sostuvieron que las osamentas fueron enterradas en el predio del sector de Pocochay, comuna de La Cruz, donde por años se ocultó el homicida del sindicalista Tucapel Jiménez, Carlos Herrera, siendo posteriormente cubiertos por una losa de cemento.

Más participantes

Lo que constituye verdadera novedad en este caso, es que las indagaciones efectuadas por el Departamento Quinto de Investigaciones por orden de la ministra Corti y del actual ministro Lillo, dejaron de manifiesto la instigación y participación de civiles en la masacre de enero de 1974.

Si bien el entonces teniente coronel Sergio Arredondo González se planteó desde que asumió la dirección de la Escuela de Caballería la decisión de hacer efectivo el exterminio de los dirigentes de izquierda que le parecieran más peligrosos –tal como lo hizo desde la “caravana de la muerte” en distintas ciudades del norte y sur de Chile-, no lo es menos que debió pedir orientación a personeros de la extrema derecha local para confeccionar el listado de sus posibles víctimas.

Se afirmó a este medio digital que durante la etapa probatoria –a la que no asistimos por no haber tenido conocimiento previo- se estableció la efectividad de declaraciones anteriores de los imputados en el sentido de que pocos días antes de la masacre hubo una reunión-comida en la que participaron conspicuos miembros de la sociedad local, incluyendo principalmente agricultores, industriales y al menos un representante del mundo de las comunicaciones.

El encuentro había sido propiciado por el entonces director de la Escuela de Caballería, comandante Arredondo, para pedir orientación en la elaboración del listado de personeros de izquierda que podrían representar algún riesgo para la naciente dictadura, con el manifiesto objetivo de darlos de baja sin lugar a otra salida.

Fue entonces cuando el teniente coronel Arredondo junto a notables quillotanos que hoy participan como si nada de la vida social de la ciudad, decidieron el trágico destino de personas que pensaban distinto, todas las cuales habían sido detenidas anteriormente pero no se les había podido demostrar delito alguno: Manuel Hurtado Martínez, funcionario de Tesorería, Secretario Regional del Partido Socialista; Hugo Aranda Bruna, agricultor y dirigente vecinal; Julio Loo Pardo, dirigente sindical de Rayón Said, militante comunista; Eduardo Manzano Cortés, presidente del Sindicato Rayón Said, militante del MIR; Víctor Fuenzalida Fuenzalida, jefe del Departamento Técnico de la CORA, Secretario local del Partido Comunista; Ángel Díaz Castro, obrero textil y dirigente vecinal; Pablo Gac Espinoza, alcalde de Quillota, militante del Partido socialista, Rubén Cabezas Parés, abogado, Fiscal de la CORA, también socialista y Levi Arraño Sancho.