Fiscal Regional asumió indagaciones sobre fraude de los “empleos brujos”

El fiscal jefe regional del Ministerio Público, Jorge Abott, asumió la conducción de las investigaciones en el caso conocido como “empleos brujos”; es decir, el desvío de recursos de los programas de empleos de emergencia, PGE. Hasta ahora, las indagaciones de este espinudo caso –que compromete a personeros políticos de distintas provincias de la V Región– estaba a cargo del fiscal jefe de Quillota, Pablo Bravo, quien cumplió indagaciones en esta ciudad, en San Felipe, Viña del Mar y Valparaíso, formalizando en cada tribunal cargos contra los mismos implicados además de personeros locales.

Cuando el fiscal nacional, Guillermo Piedrabuena, dispuso que Abott se haga cargo de las investigaciones, su antecesor Pablo Bravo se preparaba para renormalizar en el Juzgado de Garantía de Quillota a dos de los principales implicados en el caso, el ex presidente regional del Partido Socialista y ex jefe de Gabinete del senador Carlos Ominami, Edgardo Lepe –a la vez consejero regional– y del ex funcionario de la intendencia Regional, el calerano Jaime Quiroz. Ambos ya habían sido formalizados por el cargo de fraude al fisco y se estima que la nueva formalización será por suplantación de identidades y adulteración de documentos.

De igual forma, se había anunciado que otras siete personas serán formalizadas en este mismo caso con distintos cargos y se espera nuevas formalizaciones por los mismos hechos registrados en otras comunas de la Región.

Así partió todo

Como se sabe, este caso tuvo su origen en la denuncia presentada ante el Ministerio Público por el alcalde de Quillota, Luis Mella, el 11 de diciembre del año pasado.

En la ocasión, el jefe comunal denunció que se estaba pagando cheques de los planes de emergencia a personas por un proyecto del PGE que no se había ejecutado en el Cerro Mayaca. El alcalde Mella dijo en su oportunidad sospechar que se estaba pagando trabajos no realizados a personas que apoyaban la candidatura a diputado del hoy parlamentario socialista Marco Enríquez-Ominami, asegurando que uno de los activistas de esa campaña –Luis Fernández, “El Luiggi” – oficiaba como capataz.

Se recordará que la hermana del Alcalde de Quillota, entonces diputada María Eugenia Mella, postulaba a la reelección disputando el cargo con el postulante socialista. Finalmente –y a pesar de la denuncia judicial que fue ampliamente publicitada– triunfó Enríquez-Ominami por un amplio margen de votos.

15 formalizados

Las indagaciones del fiscal Bravo no permitieron configurar el supuesto delito de cohecho –pagar por el voto–, pero dio curso a descubrir irregularidades en los planes gubernamentales de empleo en distintas comunas de la Región. Hasta ahora se ha formalizado cargos contra 15 personas en distintos tribunales.

El 3 de enero fueron formalizados el ex secretario regional ministerial del Trabajo, José Manuel Mancilla; los contratistas Giuseppe Malatesta y Hugo Meza, además del poblador Luis Fernández.

El 27 de febrero, el fiscal de Valparaíso Freddy González formalizó cargos contra José Mancilla, Sergio Vargas, Malatesta y Waldo Soto, por desvío de fondos de los PGE. Además, fueron formalizadas tres mujeres: Verónica Muñoz, Isabel Díaz y Elena Medina.

El 16 de mayo, en San Felipe se formalizó “por desvío de recursos públicos a campañas políticas” a Mancilla y Quiroz, y como coautores, a Edgardo Lepe y el concejal socialista de Rinconada Ricardo León.

En julio fue formalizado Juan Arturo Cabezas por haber entregado facturas para justificar gastos.

¿Qué motivó el cambio?

Es indudable que la designación del Fiscal Regional como investigador en este espinudo caso dará un nuevo impulso y permitirá agilizar las diligencias, más aún si se considera que Jorge Abott podrá contar con asistentes en las distintas ciudades. Desde ya se anunció que el propio fiscal Pablo Bravo seguirá colaborando en el caso.

Pero a nadie le cabe dudas que tras el nombramiento hecho por el Fiscal Nacional hay algo más que el interés por agilizar las causas.

Durante sus indagaciones, el fiscal Bravo había desenredado la compleja madeja de un fraude contra el fisco pero con fuertes vínculos políticos.

Si bien en Quillota Bravo no logró establecer que en Quillota se utilizaban los programas de empleo de emergencia para financiar o apoyar la campaña parlamentaria del socialista Marco Enríquez-Ominami, en el resto de la Región ha mencionado a distintos personeros políticos y parlamentarios como vinculados a los ilícitos.

Así, ya anunció que en octubre serán formalizados –es decir, serán sometidos a investigación– el diputado PPD Rodrigo González, uno de sus asesores y su estrecho colaborador, el concejal por Viña del Mar Max Bastidas (PPD).

En Valparaíso, el fiscal Bravo confirmó que está investigando la conexión de la diputada Laura Soto –también PPD– con el desvío de recursos de los PGE.

En San Felipe, donde ya formalizó a diversas personas incluyendo al concejal socialista de Rinconada, Bravo estaría estableciendo relación entre el fraude de los “empleos brujos” con la campaña parlamentaria del ahora diputado PPD Marco Antonio Núñez, ex intendente regional.

Y no hay que olvidar que en todo el proceso, el fiscal Bravo ha mencionado reiteradamente al senador Carlos Ominami, por su relación directa con algunos de los ya formalizados, como su ex jefe de Gabinete Edgardo Lepe y su ex coordinador en San Felipe y Los Andes, Ricardo León.

Versiones circulantes indican que la Fiscalía Nacional consideró que el fiscal Bravo estaba remeciendo demasiado el piso político de la Región por no mantener sus diligencias en absoluta reserva. Las filtraciones han originado muchas presiones y reacciones de distinto tipo por aparecer tantos políticos involucrados, señalaron nuestros informantes.

Otro factor sería que se habría notado en Pablo Bravo una cierta aversión contra los políticos de la Concertación y especialmente los del sector progresista de la coalición oficialista. Es decir, Bravo tendría una cierta inclinación política que le ha hecho actuar con cierto prejuicio contra determinadas personalidades. De esta forma, el Fiscal Nacional estaría acogiendo los reclamos hechos efectivos en este mismo sentido por el concejal Max Bastidas.

Un antecedente de trascendencia sería la reacción del fiscal Pablo Bravo ante las querellas presentadas contra los responsables de los fraudes y presunto uso político de dineros de los planes de empleo por los senadores Sergio Romero (RN) y Jorge Arancibia (UDI) junto al diputado Francisco Chahuán (RN). Frente a esas acciones judiciales, Bravo habría acogido cada una de las diligencias solicitadas y habría incorporado como ciertos los antecedentes proporcionados en los respectivos escritos, sin verificación previa.

Pero lo que no cabe duda alguna es que con el nuevo nombramiento, el Ministerio Público persigue evitar filtraciones que despierten anticipado nerviosismo en figuras políticas de la Región, como ya sucedió con la diputada Laura Soto.

Tampoco nadie duda que a pesar del mayor dinamismo que el fiscal Abott pueda inyectarle al caso, todavía queda un largo camino de indagaciones por recorrer. Y en el trayecto, nos esperan aún muchísimas sorpresas.