Opinión: en Educación, la ocasión hace al ladrón

Por Katerinne Pavez
De: La Nación, Lunes 28 de Agosto de 2006

El Gobierno entregó 30 mil millones de pesos a los alcaldes para que solucionen sus problemas económicos más urgentes en educación. Este dinero es prácticamente equivalente a lo que pierde el Estado año a año por fraudes en las subvenciones. Según cifras entregadas por el ex jefe de Planificación y Presupuesto del Mineduc, Pedro Henríquez, “el año 2003 detectamos que se perdían 25 mil millones de pesos al año, es decir, el 1% del presupuesto del Ministerio se iba en fraude”. Y esa cifra, según profesionales que actualmente trabajan en el Mineduc, no se ha reducido, y puede que hasta haya aumentado.

El Ministerio de Educación tiene un presupuesto de más de dos billones de pesos, de los cuales, el 70% se destina a la entrega de subvenciones. Es decir, más de 1,5 billones de pesos que se entregan sin la regulación suficiente para saber qué se hace realmente con la plata. El Estado –en buenas cuentas– confía casi absolutamente en los sostenedores, ya sean municipales o privados, e incluso les presta dinero cuando estos recursos no son suficientes.

El colegio Britania Cordillera de Puente Alto es parte de un grupo educacional de propiedad de Manuel Hidalgo Pérez. Hasta este año, Hidalgo tiene 15 procesos de la seremi metropolitana fallados en su contra, más sanciones de la Dirección del Trabajo por no pago de sueldos y cotizaciones a sus empleados, tanto de éste como de otros de sus colegios. Fue inhabilitado de por vida para ser sostenedor. Pero hasta hoy, el Britania sigue en pie y recibiendo la subvención estatal, dinero de todos los chilenos. Y Manuel Hidalgo sigue siendo su dueño.

Así lo denuncian profesores y apoderados de este establecimiento que funciona desde hace ocho años y casi desde su creación ha tenido problemas con las finanzas. Los profesores dicen no conocer a Manuel Hidalgo. En las sanciones dictadas por la Secretaría Regional Ministerial de Educación Metropolitana (Seremi) consta que ha cambiado varias veces de razón social para poder seguir manteniendo el control de sus colegios. Primero, fue HyS, luego Inversal.

Los profesores, cansados de esta situación, han interpuesto demandas a distintos organismos estatales, desde el 2002. Pero recién hace menos de dos semanas han conseguido algunas respuestas. Según Leonel Lara, profesor de Artes del establecimiento, están en conocimiento de que se decretó la intervención estatal. Sin embargo, el día jueves, el colegio recibió una extraña visita de dos compradores interesados en el establecimiento. Lara no entiende cómo se pone en venta un inmueble que está a punto de ser intervenido.

La lista de irregularidades de Hidalgo es interminable: adulteración de documentación oficial, no pago de sueldo y cotizaciones, libros de clases incompletos, registrar presentes a alumnos ausentes, personas registradas en la planilla de pagos que nunca han visto en el colegio, creación de dos carreras técnicas –alimentación y mecánica– que no están reconocidas por el Mineduc.

Pero Manuel Hidalgo tiene su versión. Acusa al Mineduc de “hacer escarnio con el colegio Britania”, y culpa a las retenciones de dinero de las que ha sido objeto –por multa por cometer infracciones– del no pago a los profesores.

Además, se desliga de las responsabilidades por las multas cursadas. Dice que el no pasar lista correctamente es responsabilidad de los profesores y del inspector del colegio. Hidalgo cree que el ministerio quiere quebrarlo, e incluso dice haber escuchado a un fiscalizador afirmar que “si nosotros (Mineduc) tenemos que hacer pedazos a un sostenedor, lo haremos porque con lo que recuperamos, podemos parar la Jornada Escolar Completa”.

Pero los profesores no creen en las excusas de Hidalgo. Él recibe cerca de 54 millones de pesos al mes para cubrir los gastos de su establecimiento, y en remuneraciones debe gastar cerca de 30 millones. Aún así los profesores están impagos. “¿Dónde están esos veinte millones sobrantes? Es la pregunta que todos nos hacemos”, confiesa Lara.

Pero la pregunta más de fondo se la hace Rodrigo Bosch, presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares: “¿Por qué esos colegios siguen recibiendo subvención estatal cuando la ley establece que en menos de 30 días el seremi tiene la facultad de retener el dinero?

Cuello de botella

Todas las críticas apuntan a dos polos definidos: la actuación de inescrupulosos que se aprovechan de las facilidades para crear un colegio y la lentitud y poca operatividad del Mineduc, en este caso de la seremi. En la Región Metropolitana, el año 2004, de 461 actas con irregularidades ingresadas, sólo 200 fueron sancionadas. 23 actas fueron sobreseídas, muchas de ellas por fallas en la inspección e incluso en la redacción de los documentos. Otro dato más: el año 2003, de los 94 procesos resueltos, un 20% correspondía a actas llegadas a fiscalía durante el año 2000.

“Puedo aceptar esa situación hasta el 2004, pero actualmente estamos terminando el rediseño de la Unidad de Fiscalía de Procesos”, señala Alejandro Traverso, seremi metropolitano. Admite que durante mucho tiempo se dejó en desorden el área de fiscalía del organismo, pero que ahora, los procesos no demoran más de cuatro meses en ser resueltos, y las cifras parecen avalarlo. En lo que va del año, de 421 procesos ingresados, ya se han terminado 176.

Pero hay una situación más dramática aún, que explica la poca capacidad de fiscalización: en la Región Metropolitana –que atiende a la mitad de la población escolar en Chile– hay 30 inspectores de subvenciones para una matrícula de un millón 200 mil alumnos. A nivel nacional, según Nelson Viveros, ex presidente del sindicato de funcionarios del Mineduc (Andime) sólo hay 200 inspectores, los que alcanzan a hacer en promedio 1,2 visitas al año a cada colegio.

Traverso asegura que, en la Región Metropolitana, si se aplicara la ley tal y como está estipulada, por lo menos 15 colegios al año estarían en condiciones de cerrarse. Por eso, cree que la clave es el cambio en el sistema de financiamiento. Asegura que si fuera por él “no pondría un peso más en educación si no es con cambios (...) en este sistema, con la plata que hay, debería funcionar todo bien”

La pregunta es ¿Por qué no funciona?

Pedro Henríquez esboza una respuesta. Cree que se ha dejado pasar el fraude y la entrada de personas poco idóneas, por el interés del Estado de entregar educación para todos. Pero al momento, se responde además con una nueva pregunta “¿Hasta donde toleramos irregularidades en función de nuestro propósito superior de educar? El sistema de subvenciones no da para más”.

Una opinión similar tiene Rodrigo Bosch quien cree que “En Chile falta un marco regulatorio que se haga cargo de los estándares de calidad o sea, que exija algo a cambio por los dineros que está entregando, tanto para municipales como para privados”. Y en el caso de colegios como el Britania, Bosch señala que el Ministerio de Educación es quien debe responder porqué se ha esperado tanto.

Alejandro Traverso coincide en el rediseño, ya que “el sistema está construido en bases que son débiles”. Para él, cambiar la legislación es vital, ya que cuesta mucho sacar a los sostenedores que tienen problemas “La legislación no está a favor de la sanción, al contrario, está construida para favorecer la creación y la expansión de agentes privados dentro del sistema... a pesar de eso y de que alegamos que no tenemos las facultades, en la región hemos estirado las facultades hasta el tope para poder resolver los problemas más graves”.

El Consejo Asesor trabaja en la formulación de propuestas para mejorar el sistema. Los entrevistados coinciden en que ésta es una oportunidad única para echar a andar una educación que por definición propia deje afuera a quienes sólo vieron en ella la posibilidad de hacer un gran negocio. LN