Luis Fernández, de acusado pasó a querellante. |
Por: ZonaImpacto.cl
Ante el tribunal de Garantía de Quillota quedó interpuesta una querella por “falso testimonio en causa criminal” contra el alcalde de esta ciudad, Luis Mella, para quien piden sea encarcelado y se le apliquen las máximas penas contempladas por la ley.
El querellante es un ex democratacristiano que actualmente es descrito como “activista político” del Partido Socialista: Luis Fernández, “Luiggi”, a quien en diciembre pasado –tres días antes de las elecciones parlamentarias– el alcalde Mella denunció por estar pagando cheques a pobladores del Cerro Mayaca por trabajos que nunca se ejecutaron y que correspondían al gubernamental Programa de Generación de Empleos, PGE.
La denuncia apuntaba a que Fernández, en su calidad de “activista” de la campaña del entonces candidato socialista Marco Enríquez-Ominami –actual diputado– habría estado a cargo de reclutar adherentes y pagarles como si hubieran trabajado para los PGE. En su oportunidad, el denunciante señaló temer que los pagos serían por apoyar la candidatura de Enríquez-Ominami, lo que –aun cuando Mella no lo mencionó en su denuncia– habría constituido el delito de cohecho.
El abogado patrocinante, Claudio Cruz, señaló a este medio que la acción legal se basa en “los términos en que el señor Mella hizo efectiva la denuncia en diciembre, afirmando primero, que mi cliente era activista de la candidatura del señor Enríquez-Ominami, lo que no era efectivo. Y segundo, que mi patrocinado habría participado en el delito de cohecho, lo que quedó totalmente desvirtuado en este mismo tribunal”.
También sostuvo que durante la investigación de la denuncia original del alcalde Mella “se registran numerosas afirmaciones suyas que no son efectivas, por lo que sin lugar a dudas constituyen falso testimonio”.
A lo anterior –afirmó el profesional– se deben añadir numerosos testimonios que terceras personas que están consignadas en las actas del proceso.
La nueva querella representa un nuevo hito en el ya enredado caso de las “platas brujas” de los PGE en la V Región.
Como se recordará, la denuncia original del jefe edilicio de Quillota dio lugar a una inmediata investigación que quedó a cargo del fiscal de esta ciudad Pablo Bravo, quien a poco andar descubrió que lo denunciado por Mella era apenas la punta de un iceberg.
Las indagaciones establecieron que habría habido uso político de los fondos del PGE no sólo en Quillota, sino –al menos lo que se sabe hasta ahora- también en Valparaíso, Viña del Mar, San Felipe y San Antonio.
La justicia ya ha formalizado cargos –lo que equivale a someter a proceso, antigua encargatoria de reo– en Quillota, Valparaíso y San Felipe al ex secretario regional ministerial del Trabajo, José Manuel Mancilla (PS) y al ex presidente regional del Partido Socialista, consejero regional, jefe de Gabinete del senador Carlos Ominami y jefe de campaña de Marco Enríquez-Ominami, Edgardo Lepe. Además fueron formalizados el ex encargado de Municipalidades de la Intendencia, Jaime Quiroz y los contratistas Giuseppe Malatesta y Hugo Meza. En Quillota también fue formalizado Luis Fernández Sarmiento.
En los últimos días, han sido difundidas las declaraciones de los contratistas ante la Comisión Investigadora formada para estos efectos en la Cámara de Diputados, donde se estaría estableciendo que las mayores responsabilidades en el gigantesco fraude recaerían sobre Mancilla y Lepe.
En Quillota se informó que “Luiggi” habría quedado liberado de responsabilidad penal, pues habría sido contratado como capataz para reclutar una cuadrilla que ejecutaría faenas de desmalezado en el Cerro Mayaca, pero las herramientas no llegaron nunca y por tanto que no se hayan realizado los trabajos no era responsabilidad suya. Y estaba pagando a los trabajadores porque le correspondía hacerlo en su condición de capataz.
Otra arista de esta causa es que si bien los principales implicados son militantes socialistas –Mancilla, Lepe y Quiroz–, el uso político de los recursos del PGE habría favorecido directamente a candidaturas parlamentarias del PPD: Marco Antonio Núñez (San Felipe), Rodrigo González (Viña del Mar) y Laura Soto (Valparaíso).
Todos los observadores coinciden en prever que las cosas se seguirán enredando y que saldrán muchas otras personas –funcionarios y políticos- comprometidas con los delitos que se irán verificando en las indagaciones que en algunas ciudades, como Quillota, estarían próximas a concluir. Esto significaría que el fiscal Bravo se estaría preparando ya para formular acusaciones e iniciar el juicio oral propiamente tal.
Al cierre de esta nota, el alcalde de Quillota, Luis Mella, aún no era notificado de esta nueva querella en su contra. Pero al ser informado de que había sido presentada, se manifestó “sorprendido” porque “no me lo esperaba, por ningún motivo”.
El doctor Mella aseguró que en su denuncia original de diciembre del año pasado, “en ningún momento mencioné la palabra ‘cochecho’ ni mucho menos acusé a Luis Fernández de cometer ese ilícito. Solamente me limité a poner –primero verbalmente y luego por escrito– en conocimiento del tribunal que en el Cerro Mayaca se estaban pagando al parecer salarios del PGE sin que se hayan efectuado trabajos”.
También dijo no entender que se le acuse de falso testimonio “porque después de mi denuncia escrita no he prestado testimonio alguno. El Fiscal nunca me ha llamado, no lo he vuelto a ver. Así es que no hay testimonios míos”.
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