Supremo desastre sufrió Bush por Guantánamo

Por Amnistía Internacional

El Tribunal Supremo de Estados Unidos propinó al Gobierno del Presidente George W. Bush su mayor revés judicial desde el comienzo de la guerra contra el terrorismo, al declarar ilegales las cortes militares especiales creadas para juzgar a los cientos de reos recluidos en la cuestionada base prisión de Guantánamo, Cuba.

Bush había insistido que su calidad de comandante en jefe de las FFAA durante una "guerra" -como él y sus asesores entienden la lucha antiterrorista- le confería la facultad de establecer esos tribunales de excepción, que han funcionado de acuerdo con unas reglas extraordinarias que reducen al mínimo los derechos del acusado.

No obstante, esta particular interpretación quedó en entredicho luego que la máxima corte de su país le dijo que se había "excedido" en sus atribuciones constitucionales.

Por 5 votos a favor y el voto en contra de los tres jueces más conservadores, el Tribunal Supremo norteamericano dictaminó que las cortes antiterroristas violan la Convención de Ginebra que regula el trato a los enemigos capturados durante una guerra, así como el derecho militar de EEUU. El noveno magistrado, John Roberts, que además es el presidente del tribunal, se recusó porque había visto el caso en una Corte de Apelaciones.

Los poderes del Presidente

La resolución de la máxima instancia judicial estadounidense fue pronunciada en el marco del caso conocido como "Hamdan vs. Rumsfeld (el actual secretario de Defensa)", que fue planteado después de que el ciudadano yemení Salim Ahmed Hamdan, uno de los 450 presos en Guantánamo y considerado el chofer del líder de la red terrorista Al Qaeda, Osama bin Laden, decidiera presentar un recurso contra su procesamiento por conspirar contra ciudadanos de Estados Unidos entre 1996 y noviembre del 2001.

Los abogados de Hamdan -uno de los diez prisioneros contra los que el Gobierno de Bush ha presentado cargos ante las cortes de excepción- reclamaban la improcedencia de los tribunales de guerra, establecidos por el Departamento de Defensa a instancias de la Casa Blanca para los presos de la base naval estadounidense de Guantánamo.

Estados Unidos considera que esos reclusos son "combatientes enemigos" y están excluidos de la protección que otorgan las Convenciones de Ginebra.

Asimismo, la defensa del ciudadano yemení, de 36 años, pedía al Tribunal Supremo que se pronunciara sobre el alcance de los poderes del Presidente estadounidense desde los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

Frente a esta postura, los abogados del Gobierno alegaban que una resolución del Congreso aprobada tres días después de los atentados y la propia Constitución concedían poderes a Bush para luchar contra el terrorismo sin la supervisión del Poder Judicial o el Legislativo.

En este último ámbito, la sentencia marca un claro límite a las atribuciones presidenciales y podría extenderse a otros programas gubernamentales contra el terrorismo, incluyendo uno para escuchar conversaciones sin necesidad de una orden judicial.

Asimismo, fuerza al Departamento de Defensa a elaborar un nuevo esquema judicial para los detenidos en la base-cárcel.

Resignación presidencial

La decisión del Tribunal Supremo es el dictamen de mayor importancia sobre las competencias presidenciales desde la Segunda Guerra Mundial. Dada su relevancia, Bush no pudo abstraerse de emitir su sentir.

Con un tono de resignación, el Mandatario estadounidense declaró que su Gobierno acatará la decisión judicial. Sin embargo, añadió que no renunciará a la idea de juzgar a los detenidos en Guantánamo en las cortes especiales.

"Hay una forma de proceder con los tribunales militares y trabajar con el Congreso. Iniciaremos consultas con la legislatura para que autorice las cortes", dijo Bush, quien en el último tiempo ha expresado su deseo de cerrar Guantánamo, en gran medida ante la fuerte presión internacional que se ha acentuado desde principios de mes, cuando tres prisioneros dos saudíes y un yemení- se ahorcaron dentro de sus celdas.

Como era de esperarse, organizaciones defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch celebraron ayer la decisión de la Corte Suprema de EEUU, al tiempo que pidieron el cierre de la prisión y que los detenidos sean juzgados por tribunales civiles regulares.

Una victoria para los derechos humanos

La decisión de la Corte Suprema de bloquear a los tribunales militares creados por el gobierno de George W. Bush es una victoria para los derechos humanos, dijo Amnistía Internacional como reacción por la decisión de la Corte Suprema en el caso de Salim Ahmed Hamdan.

Amnistía Internacional dijo además, que el presidente Bush debería utilizar esta decisión como trampolín para asegurar que los Estados Unidos cumplan con el derecho estadounidense y el derecho internacional al respecto de todas las detenciones de la política de guerra contra el terror. Esto significa, cancelar todos los procesos de los tribunales militares, revocar el orden militar que los creó, cerrar el campo de detención Guantánamo y terminar con todas las detenciones secretas y arbritrarias.

La administración estadounidense debería asegurar que las personas detenidas en Guantánamo fueran regresadas o llevadas a una corte civil en Estados Unidos”, dijo Rob Freer, investigador de Amnistía Internacional sobre EE.UU.

En una votación de 5 contra 3, John Paul Stevens opinó que los tribunales militares propuestos eran ilegales bajo el derecho estadounidense y la convención internacional de Ginebra. Esta decisión se basó en el caso de Salim Ahmed Hamdan, un yemeni de 36 años que pasó cuatro años en el campo de detención Guantánamo, pero la decisión afectará directamente a aproxiamdamente diez detenidos más nombrados para un proceso en los tribunales militares.