El gas y el petróleo ya son de Bolivia

De: Política Cono Sur

Primero fue un rumor que recorrió todo el país, este 1 de mayo. A media mañana se supo oficialmente que, el Presidente Evo Morales Ayma, anunciaría la toma de posesión de los campos hidrocarburíferos, al mismo tiempo que se tomaron las previsiones para cumplir esta disposición. Poco después, personalmente, el Presidente leyó el Decreto Supremo, cuyo texto incluimos aquí, restableciendo el derecho del país a disponer de sus recursos naturales.

El siguiente es el texto del Decreto Supremo 28.071 de la República de Bolivia, firmado por el Presidente Constitucional Evo Morales Ayma:

Considerando:

Que en históricas jornadas de lucha, el pueblo ha conquistado a costa de su sangre, el derecho de que nuestra riqueza hidrocarburífera vuelva a manos de la nación y sea utilizada en beneficio del país.

Que en el Referéndum Vinculante de 18 de julio de 2004, a través de la contundente respuesta a la pregunta 2, el pueblo ha decidido, de manera soberana, que el Estado Nacional recupere la propiedad de todos los hidrocarburos producidos en el país.

Que de acuerdo a lo expresamente dispuesto en los Artículos 136, 137 y 139 de la Constitución Política del Estado, los hidrocarburos son bienes nacionales de dominio originario, directo, inalienables e imprescriptibles del Estado, razón por la que constituyen propiedad pública inviolable.

Que por mandato del inciso 5 del Artículo 59 de la Constitución Política del Estado, los contratos de explotación de riquezas nacionales deben ser autorizados y aprobados por el Poder Legislativo, criterio reiterado en la sentencia del Tribunal Constitucional N° 0019/2005 de 7 de marzo de 2005.

Que esta autorización y aprobación legislativa constituye fundamento del contrato de explotación de riquezas nacionales por tratarse del consentimiento que otorga la nación, como propietaria de estas riquezas, a través de sus representantes.

Que las actividades de exploración y producción de hidrocarburos se están llevando adelante mediante contratos que no han cumplido con los requisitos constitucionales y que violan expresamente los mandatos de la Carta Magna al entregar la propiedad de nuestra riqueza hidrocarburífera a manos extranjeras.

Que ha expirado el plazo de 180 días, señalado por el Artículo 5 de la Ley N° 3058 de 17 de mayo de 2005 –Ley de Hidrocarburos, para la suscripción obligatoria de nuevos contratos.

Que el llamado proceso de capitalización y privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos –YPFB ha significado no sólo un grave daño económico al Estado, sino además un acto de traición a la patria al entregar a manos extranjeras el control y la dirección de un sector estratégico, vulnerando la soberanía y la dignidad nacionales.

Que de acuerdo a los Artículos 24 y 135 de la Constitución Política del Estado, todas las empresas establecidas en el país se consideran nacionales y están sometidas a la soberanía, leyes y autoridades de la República.

Que es voluntad y deber del Estado y del Gobierno Nacional, nacionalizar y recuperar la propiedad de los hidrocarburos, en aplicación a lo dispuesto por la Ley de Hidrocarburos.

Que el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos como también el Pacto de los Derechos Económicos y Culturales, suscritos el 16 de diciembre de 1966, determinan que: “… todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”.

Que Bolivia ha sido el primero país del Continente en nacionalizar sus hidrocarburos, en el año 1937 a la Standard Oil Co., medida heroica, que se tomó nuevamente en el año 1969 afectando a la Gulf Oil, correspondiendo a la generación presente llevar adelante la tercera y definitiva nacionalización de su gas y su petróleo.

Que esta medida se inscribe en la lucha histórica de las naciones, movimientos sociales y pueblos originarios por reconquistar nuestras riquezas como base fundamental para recuperar nuestra soberanía.

Que por lo expuesto corresponde emitir la presente disposición, para llevar adelante la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos del país.

El Consejo de Ministros Decreta:

Artículo 1.-

En ejercicio de la soberanía nacional, obedeciendo el mandato del pueblo boliviano expresado en el Referéndum vinculante del 18 de julio del 2004 y en aplicación estricta de los preceptos constitucionales, se nacionalizan los recursos hidrocarburíferos del país.

El Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de estos recursos.

Artículo 2.-

I. A partir del 1 de mayo del 2006, las empresas petroleras que actualmente realizan actividades de producción de gas y petróleo en el territorio nacional, están obligadas a entregar en propiedad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos –YPFB, toda la producción de hidrocarburos.

II. YPFB, a nombre y en representación del Estado, en ejercicio pleno de la propiedad de todos los hidrocarburos producidos en el país, asume su comercialización, definiendo las condiciones, volúmenes y precios tanto para el mercado interno como para la exportación y la industrialización.

Artículo 2.-

I. Sólo podrán seguir operando en el país las compañías que acaten inmediatamente las disposiciones del presente Decreto Supremo, hasta que en un plazo no mayor a 180 días desde su promulgación, se regularice su actividad, mediante contratos, que cumplan las condiciones y requisitos legales y constitucionales. Al término de este plazo, las compañías que no hayan firmado contratos no podrán seguir operando en el país.

II. Para garantizarla continuidad de la producción, YPFB, de acuerdo a directivas del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, tomará a su cargo la operación de los campos de las compañías que se nieguen a acatar o impidan el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo.

III. YPFB no podrá ejecutar contratos de explotación de hidrocarburos que no hayan sido individualmente autorizados y aprobados por el Poder Legislativo en pleno cumplimiento del mandato del inciso 5 del Artículo 59 de la Constitución Política del Estado.

Artículo 4.-

I. Durante el período de transición, para los campos cuya producción certificada promedio de gas natural del año 2005 haya sido superior a los 100 millones de pies cúbicos diarios, el valor de la producción se distribuirá de la siguiente forma: 82% para el Estado (18% de regalías y participaciones, 32% de Impuesto Directo a los Hidrocarburos –IDH y 32% a través de una participación adicional para YPFB), y 18% para las compañías (que cubre costos de operación, amortización de inversiones y utilidades).

II. Para los campos cuya producción certificada promedio de gas natural del año 2005 haya sido menor a 100 millones de pies cúbicos diarios, durante el período de transición, se mantendrá la actual distribución del valor de la producción de hidrocarburos.

III. El Ministerio de Hidrocarburos y Energía determinará, caso por caso y mediante auditorías, las inversiones realizadas por las compañías, así como sus amortizaciones, costos de operación y rentabilidad obtenida en cada campo. Los resultados de las auditorías servirán de base a YPFB para determinar la retribución o participación definitiva correspondiente a las compañías en los contratos a ser firmados de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3 del presente Decreto Supremo.

Artículo 5.-

I. El Estado toma el control y la dirección de la producción, transporte, refinación, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de hidrocarburos en el país.

II. El Ministerio de Hidrocarburos y Energía regulará y normará estas actividades hasta que se aprueben nuevos reglamentos de acuerdo a Ley.

Artículo 6.-

I. En aplicación a lo dispuesto por el Artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos, se transfieren en propiedad a YPFB, a título gratuito, las acciones de los ciudadanos bolivianos que formaban parte del Fondo de Capitalización Colectiva en las empresas capitalizadas Chaco S.A., Andina S.A. y Transredes S.A.

II. Para que esta transferencia no afecte el pago del BONOSOL, el Estado garantiza la reposición de los aportes por dividendos, que estas empresas entregaban anualmente al Fondo de Capitalización Colectiva.

III. Las acciones del Fondo de Capitalización Colectiva que están a nombre de los Administradores de Fondos de Pensiones en las empresas Chaco S.A., Andina S.A. y Transredes S.A., serán endosadas a nombre de YPFB.

Artículo 7.-

I. El Estado, recupera su plena participación en toda la cadena productiva del sector de hidrocarburos.

II. Se nacionalizan las acciones necesarias para que YPFB controle como mínimo el50% más 1 en las empresas Chaco S.A., Andina S.A., Transredes S.A., Petrobrás Bolivia Refinación S.A. y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia S.A.

III. YPFB nombrará inmediatamente a sus representantes y síndicos en los respectivos directorios y firmará nuevos contratos de sociedad y administración en los que se garantice el control y la dirección estatal de las actividades hidrocarburíferas en el país.

Artículo 8.- En 60 días, a partir de la fecha de promulgación del presente Decreto Supremo y dentro del proceso de refundación de YPFB, se procederá a su reestructuración integral, convirtiéndola en una empresa corporativa, transparente, eficiente y con control social.

Artículo 9.- En todo lo que no sea contrario a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo, se seguirán aplicando los reglamentos y normas vigentes a la fecha, hasta que sean modificados de acuerdo a ley.

Los Señores Ministros de Estado, el Presidente de YPFB y las Fuerzas Armadas de la Nación, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La paz, el primer día del mes de mayo del año dos mil seis.

Firmado: Evo Morales Ayma, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Alicia Muñoz Alá, Walker San Miguel Rodríguez, Carlos Villegas Quiroga, Luis Alberto Arce Catacora, Abel Mamani Marca, Celinda Sosa Lunda, Salvador Ric Riera, Hugo Salvatierra Gutiérrez, Andrés Soliz Rada, Walter Villarroel Morochi, Santiago Alex Gálvez Mamani, Ministro de Trabajo e Interino de Justicia, Félix Patzi Paco, Nila Heredia Miranda.

La ofensiva empresarial

Por Antonio Peredo Leigue

Un “paro cívico” en la población de Puerto Suárez, apoyada por todo el empresariado de Santa Cruz, exige la permanencia de la empresa siderúrgica MMX, filial de la brasileña EBX. Los “cívicos” porteños protestan porque, esa empresa les proporciona trabajo. El Estado inició acciones legales contra MMX, la que comenzó a instalar una planta para elaborar arrabio, violando la Constitución y las leyes.

Esta planta se abastecería del mineral extraído en Mutún, un enorme yacimiento ferroso a pocos kilómetros de la frontera este con Brasil. La concesión de tal explotación está postergada hasta fines de mayo, debido a que el gobierno suspendió el proceso de licitación, pues era notoriamente perjudicial para el país. Las empresas que se presentaron a la licitación lanzada por el gobierno anterior, aceptaron la postergación e, inicialmente, estuvieron dispuestas a concertar nuevas condiciones.

El factor EBX

Hasta ese momento no se sabía, o se hacía abstracción, de la presencia de una empresa que estaba en pleno trabajo de instalación. Cuando se hizo la denuncia, sus directivos mostraron un acuerdo firmado con una empresa boliviana. En junio del año pasado, EBX comenzó la construcción de dos de los cuatro hornos previstos para la siderúrgica, sin tener licencia ambiental y antes de contar con el contrato de riesgo compartido con la Zona Franca de Quijarro (ZOFRAMAQ), el cual se suscribió de manera preliminar el 2 de agosto; el acuerdo final fue cerrado en 2006.

ZOFRAMAQ es una sociedad anónima con propósito de manejo y almacenaje de carga y maquila. El contrato de riesgo compartido otorga 1% de acciones a la sociedad boliviana, quedando 99% en poder de EBX. Esta empresa se proponía explotar fundir arrabio usando carbón vegetal; en poco tiempo, los bosques cercanos desaparecerían.

Pareciera que, tantas ilegalidades, eran suficientes para provocar un rechazo general, sin excepciones. Pero la oposición empresarial, que busca motivos para estrellarse contra el gobierno, se alineó de inmediato en la defensa de la empresa ilegal sosteniendo que los “probables errores o incumplimiento de aspectos formales y administrativos pueden ser subsanados”. Habían encontrado el factor de enfrentamiento.

Manipulación y chantaje

Aunque el ferrocarril que sale de Santa Cruz cruza la frontera en Puerto Suárez, ésta ha sido una población olvidada. Habrá que asumir la importancia que le dan a una empresa de las dimensiones que tiene EBX. El alegato que esgrimen es la ocupación que les ha proporcionado a algunas personas; es cierto también que están magnificando la incidencia económica de tales empleos.

Entendiendo la situación, el gobierno ha ofrecido iniciar, en el menor plazo posible, tres grandes proyectos que darían trabajo a más de 2.100 personas en forma directa. Los “cívicos” de aquel puerto fluvial no han respondido hasta ahora. Es más, la declaración con la que, los empresarios de Santa Cruz, se alinean con los porteños, se publicó después que la oferta gubernamental.

Cabalgando sobre este conflicto, reaparecen los interesados en la licitación del Mutún, que ahora se oponen a la co-administración de la empresa que explotará el yacimiento. Es un ataque contra el gobierno, en toda regla, aunque no tiene muchas posibilidades, dada la ilegalidad de la demanda.