No se pudo establecer que haya habido cohecho en Quillota

PPD también estaría comprometido en desvío de fondos de planes de empleo

Las indagaciones sobre desvío de fondos de los planes de empleo en la V Región, están convirtiendo este caso en una verdadera bola de nieve que cada día crece más con nuevos nombres de involucrados, nuevas acciones judiciales y más organizaciones e instituciones comprometidos.

Como se ha informado, el principal implicado en el multimillonario manejo fraudulento de los recursos fiscales destinados a programas en beneficio de los cesantes de la Región, es el ex secretario regional ministerial del Trabajo, José Manuel Mancilla, de militancia socialista. Ya se han formalizado cargos de fraude al fisco contra Mancilla en tribunales de Quillota, Valparaíso y San Felipe.

Ahora el Consejo de Defensa del Estado –CDE– interpuso una querella por presunto fraude al Fisco contra cuatro militantes del Partido Socialista por la utilización de fondos del Programa de Generación de Empleo (PGE) –entregados por la Intendencia regional– en favor de una candidatura de la Concertación en la reciente campaña parlamentaria en San Felipe.

La acción judicial fue presentada contra el presidente regional del Partido Socialista y consejero regional Edgardo Lepe, quien además fue jefe de gabinete del senador Carlos Ominami y jefe de campaña del diputado Marco Enríquez-Ominami.

La querella, interpuesta por el abogado Juan García Bilbao, está deducida además contra el ex secretario regional ministerial del Trabajo, José Manuel Mancilla López; el concejal de Rinconada de Los Andes, Ricardo Romero León, y el ex funcionario de la Intendencia Jaime Quiroz Moscoso, todos ellos militantes del PS. También involucra a los contratistas Hugo Enrique Meza Zúñiga y Giuseppe Malatesta Valladares.

La acción legal sostiene que fueron utilizados fondos públicos en actividades de la pasada campaña electoral, para pagar activistas de los "puerta a puerta", pero que fueron declarados como si se hubiera tratado de trabajos de barrido de calles y desmalezado, que nunca se efectuaron. Estas acciones se habrían desarrollado al menos durante dos meses en San Felipe, Llay Llay, Catemu y Putaendo.

El CDE incluye en su presentación judicial numerosos antecedentes que hacen presumir que cuenta con pruebas contundentes contra los querellados.

A las seis personas contra las cuales se querella el CDE les serán formalizados los cargos en su contra por el Ministerio Público en audiencia fijada para el 16 de mayo.

También el PPD

Hasta ahora, es el partido Socialista la colectividad que aparece como directamente involucrada en los hechos denunciados.

Como Edgardo Lepe se alejó de la presidencia regional de su colectividad, asumió la dirección del partido en la V Región –por el corto tiempo que resta hasta que asuma el nuevo presidente elegido este domingo 23- el secretario general y ahora secretario regional ministerial de Bienes Nacionales, Rodrigo Uribe, quien anunció que los antecedentes que involucran a Lepe, a Mancilla, a León y a Quiroz se encuentran en poder del Tribunal de Disciplina del PS, que junto con estudiarlos, está esperando lo que resuelvan los tribunales para emitir un pronunciamiento. "No vamos a prejuzgar", señaló.

Además, dijo que el partido está dolido por esta situación, descartando que cualquier irregularidad que pudiera acreditarse corresponda a políticas de la colectividad.

Por otra parte, ZonaImpacto.cl tuvo conocimiento que unan nueva arista del uso fraudulento de los recursos de planes de empleo en la V Región, que investiga el fiscal de Quillota Pablo Bravo, involucraría al Partido por la Democracia, PPD.

De acuerdo a estos antecedentes, el PPD aparecería involucrado en el desvío de fondos de los planes de empleo hacia campañas políticas en las pasadas elecciones parlamentarias.

Los investigadores habrían detectado el uso de esos fondos fiscales en campañas electorales del PPD en Valparaíso, según los mismos antecedentes.

Fuentes cercanas a las indagaciones aseguraron a este medio que el fiscal Bravo estaría verificando los últimos detalles antes de formalizar cargos contra algunos involucrados de esta colectividad política de la Concertación.

En Quillota

Al interponer la nueva presentación judicial, el abogado del CDE Juan García Bilbao recordó que se trata de la tercera querella que interpone el organismo por el delito de fraude en la ejecución de programas de empleo en las provincias de Quillota, Valparaíso y San Felipe.

La querella presentada en Quillota no fue acogida a tramitación por el tribunal de garantías, por errores de forma.

Fuentes cercanas a las investigaciones que se realizan en esta ciudad, aseguraron a ZonaImpacto.cl que todos los antecedentes reunidos hasta ahora confirmarían que efectivamente hubo fraude contra el Fisco, pero no se logró vincular esas acciones con las últimas campañas electorales.

Es decir, no se podrá configurar el delito de cohecho.

Lo anterior significaría que tanto el activista político Luis Fernández, “Luiggi”, como los miembros del comando electoral del ahora diputado Marco Enríquez-Ominami, quedarían absolutamente marginados de los hechos dolosos cometidos en esta zona, lo que desvirtuaría las acusaciones iniciales del alcalde de Quillota, Luis Mella, quien al denunciar el mal uso de dineros de los planes de empleo en diciembre pasado, dijo sospechar que beneficiarían la campaña del entonces candidato socialista.

Trabajos que no se hicieron

Las fuentes consultadas por este medio aseguraron que producto de las investigaciones que se realizan en Quillota, próximamente se formalizaría cargos contra personas que actuaron como contratistas del PGE y que se relacionaban directamente con el ex secretario ministerial Mancilla.

Según esta versión, todo lo que se ha establecido en Quillota es que el Ministerio del Trabajo pagó a contratistas para ejecutar trabajos en el Cerro Mayaca. Para ejecutarlos, se contrató efectivamente a algunas personas y se usó nombres de otras inexistentes para justificar gastos en salarios. Las personas que tenían que realizar los trabajos nunca los ejecutaron porque no llegaron los materiales ni las herramientas. Algunas de estas últimas fueron compradas recién después que el alcalde Mella presentó su denuncia ante el tribunal de garantías.

Así las cosas, “Luiggi” Fernández y las demás personas que recibieron salarios sin trabajar, no habrían incurrido en falta alguna. “No incurrieron en dolo al no trabajar; simplemente no lo hicieron porque no tuvieron con qué hacerlo. Y recibieron el salario porque estaban legalmente contratados”, se nos explicó.

Quienes sí habrían incurrido en conducta dolosa serían los contratistas. “Es que el sistema es muy malo –detalló la fuente-, porque consideraba utilidades de cuatro mil pesos por trabajador contratado al mes. ¿Qué contratista puede sobrevivir así?”

La fuente aseguró que se prevé que al concluir el período de investigación, se establecerá cargos solamente contra Mancilla y los contratistas que operaban en la zona.

En tanto, la Contraloría realiza una investigación en todas las comunas de la región, la que debería concluir en dos meses.