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De: Diario de la Cámara de Diputados / ZonaImpacto.cl
El Presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Leal, remitió carta al Gobierno para que considere la condonación de las deudas adquiridas por exiliados políticos cuando volvieron desde el exilio y quisieron hacer uso de un beneficio especial que se les ofreció gracias a un millonario préstamo –con una parte de donación- concedido por el Gobierno alemán.
Después de estudiar la grave situación que aflige a muchos retornados que creyeron se les concedería el crédito con franquicias especiales, pero que fueron tratados por el BancoEstado como cualquier cliente de préstamos, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara emitió un Informe que fue aprobado por la Sala, en el cual recomienda hacer efectiva la petición al Ejecutivo.
En la misiva dirigida al Ministro del Interior, Andrés Zaldívar, el presidente de la Cámara Baja, solicita al Ejecutivo flexibilizar posiciones para lograr una solución real a este problema a fin de reparar, de alguna manera, los serios daños ocasionados en las personas y bienes de los usuarios de este programa especial de créditos otorgados bajo el amparo del Convenio de Cooperación Financiera con Alemania.
La máxima autoridad de la Cámara pidió al secretario de Estado "tener especial consideración sobre esta materia, cuyas consecuencias afectan a los chilenos que, además de haber sufrido el exilio, se encuentran actualmente soportando los efectos de los errores en un plan de ayuda del Estado financiado principalmente con recursos extranjeros y cuyo costo no han podido sobrellevar, afectando incluso a sus herederos".
Según el comunicado emitido por la Cámara, el informe de la Comisión concluyó que más allá de las medidas sugeridas por anteriores instancias investigadoras, los resultados del convenio celebrado entre los gobiernos de Chile y Alemania, así como la ley que otorgó beneficios a los retornados deudores del Banco del Estado –hoy BancoEstado-, no han sido los deseados. Ello, porque el estudio, la asignación y administración de la ayuda para la reinserción de los retornados se entregó a una entidad comercial que actúa inspirada por criterios económicos.
El documento agrega que "fue un grave error otorgar créditos sin el correspondiente seguro de desgravamen, por lo que resulta inconcebible que los herederos de algunos retornados deban asumir las deudas otorgadas a sus ascendientes".
El informe indica que el Banco del Estado ofreció que los clientes contrataran un seguro por su cuenta, lo que no resultó debido a la edad y precariedad económica de los beneficiarios.
El caso de la ayuda financiera a los retornados fue manejado de manera oculta por el BancoEstado (entonces, todavía Banco del Estado de Chile- BECH), que no transfirió a los retornados las condiciones que concedió Alemania al otorgar el crédito.
El programa de Créditos a Retornados surgió de un convenio suscrito entre los gobiernos de Chile y de Alemania el 26 de octubre de 1990, en virtud del cual Alemania, a través del Banco Alemán de Compensaciones, entregó al BECH diez millones de marcos (casi 6 millones de dólares), bajo el concepto de préstamo con un interés anual del 2 por ciento y a 30 años plazo, incluidos diez de gracia.
Además, donó nueve millones de marcos (5 millones 381.809 dólares) para solventar estudios de factibilidad, capacitación y asesoría para los proyectos que presentaran los retornados. Chile aportó el equivalente a diez millones de marcos, cifra que aumentó posteriormente a 50 millones 500 mil marcos.
Alemania, igual que otros países europeos, tenía interés en apoyar la reinserción de los exiliados chilenos a su regreso al país con el objetivo de dejar de cobijarlos en su territorio, donde algunos sectores de la sociedad rechazaban la política de conceder refugio a los exiliados.
Del fondo formado con los nueve millones de marcos, la mitad (US$ 2.690.904) fue entregada a la ONG eran administrados por la ONG Fundación de Ayuda al Retornado, Faret, para prestar asesoría a quienes postulaban al crédito.
Según el informe de la Comisión de Diputados, una parte mayoritaria del total de 840 retornados “beneficiados” con los préstamos "no reconoce asesoría alguna realizada por esa entidad". El texto sostiene que el presidente de Faret entre 1991 y 1993, Luciano Fouillioux –quien más tarde fue subsecretario de Carabineros- no fue claro en explicar el uso de los dineros entregados a la ONG, versión que es ratificada por el diputado Alfonso Vargas.
En todo caso, el subsecretario señaló en su testimonio ante la Comisión -según consta en el informe- que al momento de dejar la presidencia de Faret los fondos estaban en proceso de ejecución y afirmó que cada uno de los programas era justificado económicamente y que, además, eran sometidos a auditorías externas.
Además de Faret, el Bando del Estado –a través de Corfo- operaba con una serie de consultoras privadas cuya finalidad era evaluar los proyectos y verificar su viabilidad económica. Según los testimonios de algunos retornados, era habitual que personal del Banco "sugiriera" determinadas consultoras, las que cobraban entre 500 mil y un millón de pesos por proyecto, monto que era pagado con cargo a los fondos alemanes. Además, éstas solicitaban a los postulantes una serie de estudios anexos, que también eran cancelados por el BECH con dinero alemán.
Todos los informes y testimonios demostraron que al final recibieron los retornados fue un préstamo comercial vulgar y corriente, sin ningún beneficio especial. Ni siquiera les traspasaron el tiempo de gracia, porque tuvieron que comenzar a pagar de inmediato.
La gran mayoría de los beneficiarios del crédito no obtuvo los resultados esperados en sus proyectos, por muchas razones. Una de ellas fue la excesiva burocracia con que el Banco y las Consultoras trataron cada caso. Algunos retornados recibieron los fondos en cuotas; otros, sólo una parte de lo solicitado. Y todos, al menos dos años después de solicitarlo, cuando la situación económica del país había sufrido cambios. El optimismo inicial por el retorno de la democracia –con muchísima ayuda e inversión externa– fue cambiando, porque –por ejemplo– no se logró los niveles de pleno empleo que se esperaban para el corto plazo.
Pero el Banco del Estado ignoró las condiciones externas y trató a los retornados como cualquier cliente; comenzó a exigirles pago antes que los proyectos comenzaran a rentar. Gran parte de los retornados –con menos plata de la que pidieron y en condiciones distintas– se vieron impedidos de pagar en los plazos y condiciones exigidas, con intereses de mercado, no preferenciales como se suponía.
Al final, la insensibilidad de los ejecutivos bancarios terminó por asfixiar a los “beneficiarios”. Hubo quienes murieron de pena e impotencia y su deuda fue transferida a los herederos. El Banco no perdonó nada. Los sobrevivientes comenzaron a ser perseguidos como cualquier moroso. Se organizaron e hicieron múltiples gestiones ante el Gobierno, pero la verdad es que no fueron comprendidos.
Amparado en el secreto bancario y en que no es obligación rendirle cuenta a la Cámara, el BECH no proporcionó antecedentes que avalaran la forma en que se utilizó el aporte alemán, como tampoco los nombres de quienes se vieron beneficiados con los préstamos.
En tanto, el país conoció de al menos dos casos de retornados que intentaron quitarse la vida, desesperados.
Y recién ahora, quince años después, el presidente de la Cámara de Diputados realiza una gestión efectiva para tenderles una mano... aunque sea a los sobrevivientes. Pero nada garantiza que el Gobierno vaya a desplegar ¡ahora! gestos de sensibilidad frente a este desesperado grupo de chilenos que alguna vez creyeron iban a recibir un beneficio... pero solamente accedieron a un préstamo comercial de un banco que siendo estatal, no tiene absolutamente ningún sentido social.
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