Alcalde dice que nunca acusó directamente al diputado Enríquez-Ominami

Comprueban que dinero de planes de empleo se usaron en campañas políticas... pero no en Quillota

Por ZonaImpacto.cl

Mientras el alcalde de Quillota, Dr. Luis Mella, se defendía ante el tribunal en la querella por injurias graves que presentó en su contra el diputado socialista Marco Enríquez-Ominami, el fiscal Pablo Bravo obtenía antecedentes de que, efectivamente, recursos del Programa de Generación de Empleos –PGE- fueron utilizados para pagar a activistas políticos en varias ciudades de la Región... pero no en Quillota.

Como se ha informado, la “bomba” detonó apenas tres días antes de la elección parlamentaria, el 7 de diciembre del año pasado, cuando el alcalde de Quillota, Dr. Luis Mella, denunció ante la Fiscalía de la ciudad que se estaba pagando con dinero de los PGE a activistas de la campaña electoral del cineasta socialista Marco Enríquez.Ominami.

En su denuncia, Mella demostró que una persona que definió como activista del candidato socialista –Luis “Luiggi” Fernández– había recibido un cheque por poco más de 54 mil pesos, correspondiente a un salario PGE por un trabajo que no realizó en un proyecto que debía ejecutarse mediante el plan de empleos de emergencia en el Cerro Mayaca, el que tampoco se ejecutó.

En su denuncia ante el Ministerio Público, el Dr. Mella planteó que numerosos pobladores del mismo cerro estaban recibiendo esos cheques, lo que significaría que se estaba pagando salarios a personas que no habían trabajado, a cambio de que voten por el postulante socialista a la Cámara Baja, lo que configuraría el delito de cohecho.

Enríquez-Ominami estaba disputando el cargo que durante cuatro años había desempeñado la diputada María Eugenia Mella –hermana del Alcalde denunciante–, quien postulaba a la reelección.

Como la denuncia del alcalde Mella se hizo apenas tres días antes de la votación, alcanzando gran difusión en todos los medios informativos, ahora Enríquez-Ominami dice que no alcanzó a defenderse por falta de tiempo antes de la elección. Pero finalmente, el cineasta socialista alcanzó la primera mayoría en el Distrito 10, siendo elegido diputado con un 34 por ciento de los sufragios, con lo cual dejó fuera del parlamento a la diputada Mella.

Revuelo nacional

A pesar que al comienzo se trató sólo de una información más en la disputa electoral, muy pronto el caso alcanzó caracteres desbordantes. Primero, porque el alcalde Mella acusó a las autoridades regionales y a su propio partido, la Democracia Cristiana (DC), de no conceder la importancia debida a la grave denuncia que había formulado.

Después de acusar directamente al intendente de entonces, Luis Guastavino (PS), de no adoptar ninguna medida frente a la grave denuncia, Mella renunció a la DC, acusando falta de apoyo. Curiosamente, su hermana –principal afectada por los hechos denunciados, si resultaran efectivos– no imitó el gesto y nunca puso en cuestión su militancia.

La intendencia y la Contraloría iniciaron las investigaciones sumarias al mismo tiempo que la justicia –a través de la Fiscalía de Quillota– desarrollaba su labor. El secretario regional ministerial del Trabajo, José Manuel Mancilla –de gran influencia en el Gobierno regional y especialmente con el intendente Guastavino– renunció a su cargo.

En pocas semanas, la Fiscalía formalizó contra Mancilla el cargo de fraude al Fisco, porque reunió antecedentes de que el Estado había sido perjudicado por las irregularidades cometidas por el Secretario Ministerial en la administración de los PGE. Esto se traducía en el manejo de los proyectos mediante “palos blancos” –personas que sólo prestaban su identidad y documentos– para permitir que fueran efectivamente administrados por contratistas cuestionados o legalmente marginados.

A través de ese sistema, se pagaba proyectos que no se ejecutaban, como el cuestionado “desmalezamiento” del Cerro Mayaca. Y obviamente se pagaban salarios a trabajadores que nunca trabajaron.

Pero los efectos de la “bomba” se fueron expandiendo muy pronto. Quedó en evidencia que la Contraloría había investigado los PGE y emitió un lapidario informe conteniendo todas las irregularidades –incluyendo acciones delictivas– detectadas en la administración del programa en la Secretaría Ministerial del Trabajo. Tales conclusiones fueron enviadas por el Contralor Regional al intendente Guastavino, pero “manos moras” lo dejaron escondido al fondo de un cajón de escritorio y el jefe regional se enteró de su existencia cuatro meses más tarde, cuando el incendio estaba declarado por todos los costados del gobierno regional.

Hasta ahí, el asunto ya había alcanzado caracteres de gran escándalo y provocaba revuelo nacional.

En el Consejo Regional ardían las acusaciones contra el Intendente, quien reaccionaba gritoneando enfurecido a los consejeros y periodistas.

En el Parlamento, los diputados exigían una comisión investigadora para llegar al fondo del asunto, mientras el senador UDI Jorge Arancibia se sumaba a las acciones judiciales junto al entonces candidato –hoy diputado– de Viña del Mar Francisco Chahuán.

En toda la Región

Las indagaciones permitieron establecer que en todos los rincones de la Región se había generalizado la práctica de aprobar proyectos financiados por el PGE que nunca se ejecutaron, con contratos brujos y oscuros manejos de contratistas coludidos con el secretario ministerial del Trabajo.

Después de ser formalizados los cargos por fraude al Fisco en Quillota, el ex secretario regional José Mancilla fue acusado del mismo delito en Valparaíso.

El fiscal de Quillota, Pablo Bravo, recibió el encargo de investigar el PGE en toda la V Región, debido a lo cual está acumulando datos de graves irregularidades en San Felipe, Catemu, San Antonio, Llay Llay, Valparaíso y Viña del Mar, entre otras comunas. Y eso que recién está comenzando...

Querella contra el Alcalde

Al menos por ahora, en Quillota no se ha logrado establecer vínculo entre el fraude perpetrado a través del PGE por el secretario ministerial del Trabajo y los contratistas, con el financiamiento de la candidatura del ahora flamante diputado Marco Enríquez-Ominami.

El nuevo parlamentario, incluso, obtuvo un categórico informe de la Fiscalía de Quillota certificando que su nombre y su candidatura no han aparecido en ninguna parte de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público.

Con ese antecedente, el diputado Enríquez-Ominami se propuso limpiar su imagen, dañada –según él– por la acusación inicial del alcalde Luis Mella.

Esperó que pasara la segunda vuelta de la elección presidencial y presentó una querella contra el jefe edilicio acusador.

La acción judicial se refiere a dos acusaciones formuladas por Mella: la de coimas por el supuesto uso de dineros del PGE para pagar activistas de su campaña, y la de efectuar regalos en el Cerro Mayaca.

En efecto, en un programa de Radio Crystal previo a la elección parlamentaria, Mella había asegurado que Enríquez-Ominami había regalado televisores a la gente del Cerro durante una visita a la radio comunitaria del sector.

Enríquez-Ominami anunció que retiraría la acción judicial solamente si el jefe comunal de Quillota se disculpaba por haberle formulado acusaciones falsas.

La defensa del acusador- acusado

Luis Mella debía presentarse el lunes 27 de marzo ante la Fiscalía de Quillota para responder la querella por injurias graves presentada en su contra por Marco Enríquez-Ominami.

El Alcalde de Quillota se defiende con fundamentos que considera sólidos.

Sobre la acusación de cohecho –según el diccionario, “dádiva con la que se soborna” a alguien para obtener el voto–, Mella asegura que nunca acusó directamente al ahora diputado socialista.

Dice que él fue informado con sólidos fundamentos, que en el Cerro Mayaca un contratista del PGE había pagado un cheque a “Luiggi” Fernández por la cantidad exacta equivalente al salario del PGE. Como Fernández era activista de la campaña de Enríquez-Ominami, y no había trabajado en ningún proyecto PGE, le resultaba fácil sospechar que estaba recibiendo el pago de un salario con fondos fiscales por su trabajo como activista político.

Lo anterior, no constituiría acusación alguna contra el actual parlamentario, sino solamente una denuncia de hechos concretos y una sospecha de algo que resultaba absolutamente lógico. Y que, por lo demás, era efectivo en parte porque el proyecto PGE que se estaba pagando nunca se realizó y Fernández nunca hizo trabajo efectivo alguno para los planes estatales de empleo.

En cuanto a la imputación efectuada por Radio Crystal, el Alcalde dice que recibió información de parte de una persona que identificó como Arnoldo Torres, de que se habría regalado un televisor a la radio comunitaria del Cerro Mayaca y de otra persona de quien sólo mencionó su apellido (Castillo), de que el mismo regalo se habría hecho a la radio comunitaria de San pedro. En ambos casos, Enríquez-Ominami habría hecho los regalos a cambio de ser entrevistado.

Con todo, el alcalde Luis Mella cree no haber injuriado en ningún momento al diputado Enríquez-Ominami.

Dineros PGE en campañas políticas

Mientras eso sucede en Quillota, el fiscal Pablo Bravo –constituido en Valparaíso para investigar los PGE en toda la V Región– ha llegado a la conclusión de que efectivamente hubo desvío de dineros del PGE a campañas políticas.

En primer lugar, Bravo logró establecer que una persona que se desempeñó como funcionaria en la Intendencia para la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo, Verónica Muñoz, era pagada con fondos de los PGE; su sueldo alcanzaba los 389 mil pesos mensuales. Esto ya resulta escandaloso. Primero, porque los el Programa de Empleos existe para dar trabajo remunerado a cesantes inscritos en las oficinas laborales de los municipios, quienes deben ejecutar obras de adelanto programadas por las municipalidades. No es para pagar remuneraciones a funcionarios de la Intendencia. Y segundo, porque a esta persona que recibía sueldo del PGE se le encargo la tarea de fiscalizar, precisamente, los PGE. Entre otras cosas, tenía que controlar al contratista que le pagaba su salario...

Pues bien: después de verificar esta grave irregularidad, el fiscal Bravo ordenó a la Policía de Investigaciones revisar los correos electrónicos de una de las siete personas acusadas en la causa: la mismísima Verónica Muñoz, sospechosa de haber cometido fraude al Fisco.

Cuando en las últimas semanas detectives de la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de la policía civil revisó el computador de Muñoz, en el séptimo piso de la Intendencia, detectó un correo en el que la funcionaria reconocía el uso de los fondos estatales para el pago de activistas de la campaña del diputado radical por San Antonio, Samuel Venegas.

El informe de la Brilac ya está en manos del fiscal Bravo, quien tiene, además, testimonios de vecinos de San Felipe, Catemu y Putaendo, entre otras comunas –entre las que curiosamente no se encuentra Quillota–, admitiendo haber recibido salarios del PGE por haber trabajado como activistas políticos en las elecciones parlamentarias, favoreciendo a candidatos de la Concertación.

Lo anterior reafirma lo declarado poco antes de dejar el cargo, por el ex intendente Luis Guastavino a El mercurio de Valparaíso, cuando aseveró que muchos parlamentarios y candidatos pedían PGE para favorecer a sus seguidores.