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De: Amnistía Internacional/ Chile
www.amnistia.cl
Fuente: Agencia EFE
La sección chilena de Amnistía Internacional (AI) denunció hoy la situación de la Mujer en este país y consideró necesario "seguir luchando" por su igualdad de derechos.
En Chile, "la mujer sigue en una posición de subordinación y sus derechos son diariamente vulnerados", afirmaron en una rueda de prensa los dirigentes de la organización.
Para Amnistía Internacional (AI), la discriminación que afecta a la mujer en Chile se manifiesta en múltiples aspectos como la familia, donde el régimen de sociedad conyugal la limita en la disposición de bienes que se adquieren durante el matrimonio.
Tampoco Chile ha adaptado su legislación para proteger el amancebamiento, pues no se otorga a la mujer que convive con un hombre ningún derecho como seguridad social o de herencia, afirmó Jazmín Ossandón, responsable de derechos humanos de la entidad.
Agregó que se trata de un problema "grave" si se considera que cada día más personas conviven sin estar casadas.
En ese contexto, llamó a las autoridades a comprometerse con la igualdad entre los sexos y los derechos de las mujeres, sobre la base de que las políticas de Estado "integran profundamente la perspectiva de género y derechos de la mujer".
A su juicio, el Gobierno debiera adoptar las medidas necesarias para asegurar una legislación y prácticas estatales "coherentes con los compromisos internacionales adquiridos en relación a los derechos de la mujer".
Preguntada por la elección de Michelle Bachelet como primera presidenta de Chile, Ossandón dijo a EFE que ello "no quita que la mujer perciba menos sueldo y sea víctima de violencia física".
"Celebremos la llegada de Michelle Bachelet a la Presidencia, pero que sea el puntapié inicial para lograr una mayor equidad para las mujeres en Chile", afirmó.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Amnistía Internacional dio a conocer su llamamiento a los jefes de Estado y gobernantes de América, instándolos “a comprometer sus mayores esfuerzos en hacer realidad los derechos humanos de las mujeres y las niñas del continente”.
En sus partes principales, el texto señala:
“En las Américas, el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres (al menos la mitad de la población del continente) está lejos de convertirse en realidad. La violencia y la discriminación racial y étnica, de género, condición socioeconómica, por orientación sexual o identidad de género, por edad o por discapacidad contra mujeres y niñas continúan siendo los principales obstáculos para una vida digna, en igualdad de condiciones, y para el goce pleno de todos los derechos inherentes a su condición de seres humanos. Muchas de ellas son víctimas de múltiples formas de discriminación y cada día sufren de ataques a su integridad física y psíquica, mediante prácticas que desafían los límites de lo tolerable.
“Sin importar quién sea el perpetrador y el espacio, público o privado, en el que la violencia y la discriminación contra las mujeres y las niñas se producen, los Estados Americanos, garantes de los Derechos Humanos, tienen el deber no sólo de respetar los derechos de las mujeres y las niñas y de abstenerse de cometer violaciones contra sus derechos fundamentales, sino también de organizar todo su aparato estatal para promoverlos, protegerlos y hacerlos realidad.
“Los Estados deben asimismo modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, para eliminar los prejuicios y las prácticas que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.
“Anteriormente, en nuestro llamamiento a las y los líderes participantes en la IV Cumbre de las Américas, sostuvimos que ya era hora de que demostraran el compromiso asumido de hacer valer los derechos de las mujeres y las niñas, adoptando medidas efectivas acordes a los compromisos internacionales contraídos. Sólo de esta manera, se podrá poner fin a la devastadora violencia y discriminación que sufren las mujeres y niñas americanas a diario.
“Hoy reiteramos este pedido, convencidas y convencidos de que la verdadera seguridad ciudadana depende de la plena vigencia de los derechos humanos. Lo anterior implica, necesariamente, garantizar los derechos humanos de las mujeres y las niñas y cumplir cabalmente con las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y su Protocolo Facultativo; así como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará)”.
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