Ante cargos por fraude en programas de empleo

Intendente Guastavino se defiende ante la Contraloría Regional

Quince páginas tiene el documento entregado por el intendente Luis Guastavino a la Contraloría Regional intentando desvirtuar cada uno de los cinco cargos que le formuló el organismo fiscalizador.

Los cargos contra la autoridad regional se relacionan con el mal uso de los programas de generación de empleos (PGE) en la Región, situación por la cual el ex secretario regional ministerial del Trabajo, José Manuel Mancilla, se encuentra procesado por fraude al fisco.

Revisando informes y antecedentes, la Contraloría Regional estableció que el intendente Guastavino tiene directa responsabilidad con las irregularidades y delitos cometidos en la administración del PGE en la V Región, donde se han detectado anomalías no sólo en Quillota –donde el alcalde Luis Mella hizo la primera denuncia dirigida contra el actual diputado electo Marco Enríquez-Ominami, haciendo detonar una bomba de insospechada potencia- sino también en Valparaíso, Viña del Mar, San Felipe, Petorca y San Antonio.

El organismo contralor llegó a la conclusión que todos los proyectos PGE que se pagaron pero no se ejecutaron y muchas otras anomalías detectadas, fueron autorizadas primero por el Intendente y luego ejecutadas de manera fraudulenta bajo la dirección del ex secretario regional del Trabajo, José Mancilla.

Personal PGE en la Intendencia

La Contraloría notificó a Guastavino –entre otros- por el cargo de "haber autorizado procedimientos administrativos que posibilitaron la comisión de cinco irregularidades, entre ellas la contratación de tres personas en la Intendencia financiada con el Programa de Generación de Empleo (PGE)". Esto, porque los planes de empleo de emergencia fueron concebidos para ejecutar obras de adelanto en las ciudades de acuerdo a proyectos diseñados por los respectivos municipios.

Es decir, en ningún caso se permitía la contratación de personas (se supone cesantes sin especialidad) para cumplir labores administrativas en la Intendencia.

En su respuesta a los cargos, Guastavino aclara que "esas personas estarían contratadas con el programa de asistencia administrativa contemplado en los PGE”, lo que marcaría la diferencia, ya que faltaría “un análisis más riguroso por parte del fiscal".

Según trascendió, Guastavino argumenta que "la propia jurisprudencia de la Contraloría establece que la autoridad puede entregar una autorización para que se hagan contratos (...), pero la ejecución propiamente de esas autorizaciones es de responsabilidad del funcionario, de los jefes o de las instancias administrativas que corresponda".

Desde que detonaron las denuncias, el Intendente Regional ha intentado deslindar toda responsabilidad exclusiva y directamente en el ex secretario ministerial del Trabajo José Manuel Mancilla, actualmente procesado por el tribunal de Garantías de Quillota.

Responsabilidad ineludible

Pero si bien el Intendente está en lo cierto al sostener que el principal responsable fue Mancilla, su planteamiento es totalmente equivocado si intenta excluirse de toda responsabilidad.

Lo anterior, porque el principio elemental del ejercicio de toda autoridad es que se constituye en garante de todos los actos que realizan sus subalternos. Especialmente en el caso de los PGE, que si bien son administrados por el Secretario Ministerial del Trabajo, se pueden ejecutar recién después de ser autorizados expresamente –mediante su firma personal- por el Intendente. Y en relación a estos planes laborales de emergencia, la función de la máxima autoridad regional consistía justamente en supervisar su correcta ejecución; o sea, que no hubiera mal uso de los recursos ni menos fraude fiscal, porque fueron concebidos para apoyar a los desempleados de cada región; es decir, para ayudar a los sectores más vulnerables de la población.

Exceso de confianza

Por esto, si bien el intendente Guastavino tiene razón al afirmar en su defensa que él autorizaba los PGE pero su ejecución corría por cuenta de Mancilla, lo cierto es que siempre tuvo la responsabilidad de fiscalizar la correcta aplicación de los programas. Y sin poner en duda la probidad o la honestidad a toda prueba del ex diputado comunista y actual jefe comunal, lo cierto es que por lo visto nunca fiscalizó nada.

Funcionarios de los niveles superiores de la Intendencia coinciden en explicar que todas estas irregularidades fueron posibles porque “el Intendente mantuvo una ciega confianza en el Secretario Ministerial del Trabajo, que durante todo el tiempo en que estuvo con Guastavino se convirtió en asesor directo, consejero y ‘orejero’; el Intendente le hacía caso en todo”.

La explicación a esta actitud del jefe regional está en una antigua historia que muchos porteños recuerdan todavía, especialmente los dirigentes del sector portuario.

Porque cuando Guastavino regresó clandestinamente al país, desafiando a la autoridad en plena dictadura, fue sorprendido por policías y agentes de la represión durante un encuentro con estibadores e inmediatamente rodeado para ser detenido.

“Fue entonces cuando apareció José Manuel mancilla, jovencito entonces, y se interpuso entre Guastavino y los agentes armando un incidente que distrajo la atención de los aprehensores y permitió la fuga del perseguido”, recuerda hoy uno de los testigos del hecho registrado en la década de los ’80.

Por ello en los últimos días, Guastavino ha declarado categóricamente a los medios que Mancilla fue un funcionario de su absoluta confianza, que “siempre me demostró gran lealtad y demostró una entrega total a sus funciones”.

Esta historia demuestra la plena vigencia del viejo refrán: en la confianza está el peligro.

Pero por ahora deja abierta la incógnita sobre el resultado que tendrán en la Contraloría los descargos del Intendente, que podría liberarlo de toda responsabilidad o bien confirmar al menos la imputación por falta de rigor administrativo.