Sigue pendiente extradición de cuatro oficiales uruguayos

Cierre del caso Berríos en Uruguay no afectaría la investigación en Chile

Jorge Escalante / La Nación

La decisión de la justicia uruguaya de cerrar la investigación por el crimen del químico de la DINA, Eugenio Berríos, ocurrido entre 1992 y 1995 en Uruguay, por “no existir antecedentes suficientes” para establecer la participación de uruguayos, no afectaría los resultados del proceso que en Chile instruye el ministro Alejandro Madrid por este caso y otros delitos conexos. Esta fue la opinión coincidente ayer en el despacho del juez Madrid en el palacio de tribunales.

La decisión del juez Pedro Salazar de la ciudad de Pando, ubicada a 30 kilómetros de Montevideo, de poner fin al juicio abierto allá por la presunta participación de militares activos y en retiro, tampoco perturba la solicitud para extraditar a Chile a cuatro oficiales uruguayos imputados en el proceso del juez Madrid. La petición está pendiente para que resuelva la Corte Suprema de Uruguay.

Los cuatro oficiales orientales que el ministro Madrid procesó en diciembre de 2003 junto a militares chilenos activos y en retiro por el secuestro y homicidio de Berríos son: el coronel de Ejército (R) Tomás Casella Santos, el coronel (R) de la policía Ramón Rivas Vila, y los coroneles de Ejército en servicio activo, Eduardo Radaelli Coppola y Wellington Sarli Pose.

Como autores del delito de asociación ilícita criminal y del secuestro de Berríos están encausados, Casella, Radaelli y Sarli, mientras que Rivas lo está como encubridor de secuestro.

El cautiverio de “Hermes”

Con la chapa Manuel Morales el 26 de octubre de 1991, Berríos, alias “Hermes”, fue sacado clandestino desde Chile hacia Argentina, en un cuidadoso operativo organizado por la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, entonces a cargo del general Hernán Ramírez Rurange. La operación fue cumplida por el actual teniente coronel (R) Pablo Rodríguez Márquez y el actual teniente (R) Raúl Lillo Gutiérrez, ambos DINE.

El objetivo era impedir que Berríos declarara en los procesos que en Chile se desarrolla-ban por los crímenes del ex canciller Orlando Letelier y el diplomático chileno-español Carmelo Soria, pues el ex químico podría haber contado a la justicia episodios desconocidos.

En 1992 Berríos fue llevado a Montevideo y mantenido bajo estrecha vigilancia por otros agentes de la Unidad Especial de Asesoría de Análisis de la DINE, dirigida por el entonces capitán Arturo Silva Valdés, que para ese efecto se trasladaron a Uruguay. En los últimos días de 1992 Berríos se comunicó insistentemente con el consulado chileno en Montevideo, para solicitar un pasaporte y regresar a Chile, pues “estoy siendo perseguido aquí”.

La mañana del 15 de noviembre de 1992 en Montevideo, Berríos escapó desde una casa de Radaelli donde era custodiado por Silva Valdés y el capitán Jaime Torres Gacitúa –ambos procesados como autores del homicidio del químico- y se refugió en el domicilio de un oficial de Marina uruguayo. Con éste Berríos llegó a un cuartel policial denunciando “estoy secuestrado por militares chilenos y uruguayos y me van a matar por orden de Pinochet”. Finalmente, algunos de los oficiales uruguayos requeridos en Chile lo sacan del recinto policial.

La desaparición de Berríos se produjo alrededor de febrero de 1993, fecha en que el ex dictador Augusto Pinochet visitó Montevideo y eligió a Casella como su “edecán”.

El cadáver de Berríos fue hallado el 15 de abril de 1995 enterrado en la playa El Pinar, cerca de Montevideo, con su cabeza baleada. Sus restos fueron remitidos a Chile.

Abogado de la familia Berríos dijo que
la justicia uruguaya es "medieval"

De: El Espectador, Montevideo, Uruguay

El ministro de la Corte de Apelaciones de Chile, Alejandro Madrid, pidió la extradición de cuatro militares uruguayos implicados en el secuestro y asesi-nato del químico chileno Eugenio Berríos, quien fue agente secreto durante la dictadura de Augusto Pinochet.

El abogado de la familia de Berríos, Thomas Ehrendeld, dijo a “El Espec-tador” que la resolución se demoró demasiado debido a la falta de colaboración de la justicia uruguaya. Recordó incluso que hubo un juez que llegó a archivar el expediente del caso. Las investigaciones chilenas nunca fueron tomadas en forma activa por las sedes judiciales uruguayas, dijo el letrado.

Insistió en que el sistema judicial uruguayo es lento y no permite que se puedan ejercer controles sobre el mismo. "Los abogados querellantes no pue-den hacerse parte en el procedimiento. Esa parte del presumario es absoluta-mente secreta. Es una justicia de tipo inquisitiva, medieval; de forma que no existe –en este tipo de investigaciones- el control que podrían ejercer la prensa y los abogados interesados en colaborar con la acción de la justicia para que se resuelvan los asuntos", opinó.

Ehrenfeld añadió que espera que sea afirmativa la resolución de la Su-prema Corte de Justicia chilena y uruguaya a la solicitud de extradición de es-tos oficiales uruguayos.

Por su parte, el juez Madrid informó hoy a “El Espectador” que su pedido recae sobre Tomás Casella, Eduardo Radaelli, Wellington Sarli, y Ramón Ri-vas, a quienes pretende someter a juicio en Santiago.

Los tres primeros aparecen involucrados en una supuesta colaboración con militares chilenos en el caso que derivó en la muerte de Berríos, cuyo cuerpo apareció en la Playa de El Pinar, en abril de 1995.

Por su parte, el coronel Ramón Rivas era el jefe de Policía de Canelones en aquella época.

Madrid insistió en que la extradición se solicita por asociación ilícita y secuestro y agregó que Berríos fue muerto porque quería volver a Chile y pres-tar declaración.

"El procesamiento de los militares uruguayos trae como consecuencia eso, precisamente: su juzgamiento en Chile, por lo menos la petición para que ello ocurra. Es un trámite que establece nuestra legislación: yo solicito eso a la Corte Suprema chilena, que si lo aprueba lo va a solicitar a la justicia uruguaya por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores. En definitiva la justicia uruguaya tendrá que resolver, la Corte Suprema uruguaya, si accede o no a esta petición", dijo.

Respecto a las penas para los militares, señaló que son altas: "Son pe-nas altas que varían y que en todo caso superan las que exige la legislación internacional para solicitar su extradición, que es de tres años. Además existe un tratado bilateral entre Chile y Uruguay de cooperación recíproca en materia penal; eso se señala en la petición a la que hago referencia".