Uso fraudulento de planes de empleo en Quillota era sólo "la punta del iceberg"

Como en muchas cosas de la vida, hoy se sabe cómo comenzó la denuncia sobre uso fraudulento de los programas de empleo de emergencia, pero nadie sospecha en qué va a terminar. Porque en la medida que transcurren los días, aparecen nuevos e inquietantes antecedentes, se conocen detalles insólitos y va quedando en evidencia que la denuncia presentada el 7 de diciembre ante la Fiscalía por el alcalde de Quillota Luis Mella, tiene ramificaciones que comprometen a otras comunas de la Región y, tal vez, hasta se extienda más allá.

La denuncia

Recordemos que en la fecha indicada –cuatro días antes de la elección parlamentaria-, el alcalde Mella oficializó la denuncia de que en el Cerro Mayaca se estaba distribuyendo cheques por más de 50 mil pesos como pago de trabajos correspondientes a un proyecto PGE (Plan de Generación de Empleo) que nunca se efectuaron. El jefe edilicio sostuvo ante la instancia judicial que el pago lo efectuaba el activista de la campaña del candidato socialista a diputado Marco Enríquez-Ominami, Luis Fernández, y por tanto sospechaba que se estaba desviando recursos del PGE para pagar votos a favor del socialista. Ello configuraría el delito de cohecho.

Al favorecer la campaña de Enríquez-Ominami, todas estas irregularidades, además, habrían afectado directamente la candidatura de la diputada DC María Eugenia Mella, hermana del alcalde denunciante.

Simultáneamente, Luis Mella recurrió a las autoridades de su partido (DC) y al Intendente regional, entre quienes dijo no haber recibido el apoyo esperado. Por lo mismo, renunció a la Democracia Cristiana (la renuncia no le ha sido aceptada) para alejarse de la Concertación.

El 11 de diciembre, Marco Enríquez-Ominami arrasó alcanzando la primera mayoría en el Distrito, con más del 34 por ciento de los votos. Fue elegido frustrando las pretensiones de reelección de la parlamentaria hermana del alcalde Mella.

Fraude al fisco

En pocos días, la Fiscalía verificó que se estaba efectuado pagos irregulares por trabajos de un proyecto PGE de desmalezamiento del Cerro Mayaca que nunca se ejecutó.

También estableció que el mencionado proyecto (ficticio), igual que muchos otros, eran administrados directamente por el secretario regional ministerial del Trabajo, José Manuel Mancilla, ahora renunciado.

Esta autoridad manejaba proyectos en distintas comunas de la Región –además de Quillota, en Viña del Mar, Petorca, Valparaíso y San Antonio, entre otras- a través de un contratista identificado como Giovanni Malatesta. Pero esta persona estaba impedida de participar en programas gubernamentales de empleo porque había sido sancionado por la Contraloría. Por lo mismo, en los papeles aparecía un tercero –Hernán Meza- quien sólo firmaba documentos y recibía los fondos, que depositaba en la cuenta de Malatesta. Este último giraba los cheques de pago para los beneficiaros, trabajadores no siempre cesantes o inscritos en las oficinas de Intermediación Laboral de las respectivas municipalidades y que generalmente no cumplían tarea alguna.

Con todos los antecedentes a la mano, el fiscal jefe de Quillota, Pablo Bravo, formalizó acusaciones y procesos por el delito de fraude al fisco contra el ahora renunciado secretario ministerial, José Mancilla; los contratistas Malatesta y Meza y contra el activista Luis Fernández, “Luiggi”.

Diputado electo, sorprendido

El ahora diputado electo Marco Enríquez-Ominami se manifestó el más sorprendido con la denuncia y los caracteres que ha ido alcanzando.

“Nunca supe que se haya recurrido al secretario ministerial del Trabajo; nunca contratamos como ‘activista’ a Luis Fernández; jamás recurrimos a medios ilegítimos para obtener recursos para la campaña ni mucho menos pretendimos comprar conciencias para tener más votos”, aseguró, categórico.

Y es que Enríquez-Ominami manejó la campaña con los recursos que efectivamente estaban a su alcance. En lo financiero, se basó en la proyección de los fondos que recibiría del Estado, sumados a los recursos propios y aportes de familiares y amigos. Y en lo humano, contó con el apoyo de toda la estructura del partido Socialista en el Distrito, además de colaboradores, algunas personas contratadas y, muy especialmente, en personalidades que le ofrecieron su apoyo gratuito, como actores y deportistas. También contó con el aporte de parlamentarios y personas como el coronel en retiro de Carabineros Pedro Valdivia, experto en seguridad ciudadana, quien ofreció charlas en organizaciones comunitarias de la zona en apoyo a la candidatura.

También habría que sumar el inagotable trabajo casa a casa y barrio por barrio, de la animadora de televisión Karen Doggenweiler, esposa del candidato, quien tuvo enorme acogida en la población en todos los rincones del Distrito. También trabajaron incansablemente en la campaña el senador Carlos Ominami, padre del candidato, y la periodista Manuela Gumucio, su madre.

“La verdad, no necesitamos más recursos –aclara Enríquez-Ominami-; y aunque los hubiésemos requerido, en ningún caso habríamos recurrido a medios ilícitos para obtenerlos”.

¿Qué sucedió, entonces?

El cineasta y ahora diputado electo Enríquez-Ominami ha comprometido –y prestado- todo su apoyo a los investigadores para aclarar lo sucedido que, dice, “ni yo mismo comprendo”. Sólo se puede deducir que personas vinculadas a su candidatura se coludieron sin su conocimiento ni consentimiento, con el secretario ministerial del Trabajo para realizar algunas acciones ilegítimas. Lo insólito es que tales acciones resultaban totalmente innecesarias.

“Luiggi”, ex líder DC

Luis Fernández Sarmiento es un hombre sencillo, de 41 años de edad, padre de cuatro hijos, que desde temprana edad se involucró en la política local.

Hoy es conocido como “Luiggi” y se le ha sindicado como “activista político” de Quillota. También le han llamado “mercenario”.

Según los antecedentes que maneja la Fiscalía, Fernández habría operado para la candidatura de Enríquez-Ominami y en tal carácter, habría “reclutado” a más de 50 pobladores del Cerro Mayaca para beneficiarlas pagándoles salarios del PGE sin haber cumplido trabajo alguno. El propio “Luiggi” habría sido quien repartió los cheques por algo más de 54 mil pesos cada uno, correspondientes a la cuenta del sancionado contratista Malatesta.

El domingo 8, Luis Fernández participó en el programa “Pulso 153” de Radio Nexo para aclarar su participación en los hechos.

Allí recordó que durante años fue militante del Partido Demócrata Cristiano, donde llegó a ser presidente de la Juventud en la provincia de Quillota. En tal carácter trabajó intensamente contra la dictadura en la campaña del No para el Plebiscito de 1988 y posteriormente mantuvo algún grado de relación con el ahora alcalde Luis Mella, quien se incorporó a la colectividad política después de ese año.

Fernández reconoció haber gestionado y trabajado en algunos proyectos que lo vincularon con el alcalde Mella no sólo a nivel municipal, sino en el Club de Deportes San Luis.

También reconoció haber apoyado las sucesivas candidaturas municipales del derechista José Antonio Rebolar, último alcalde designado por la dictadura en Quillota, no por razones políticas sino porque “a él le debo la vida”. Dijo haber recibido siempre gran apoyo de parte de Rebolar.

Luis Fernández aclaró que nunca fue activista remunerado de la candidatura de Marco Enríquez-Ominami. “Yo solamente apoyé su campaña facilitando algunos encuentros con grupos de personas y, lógicamente, voté por él pero solamente como adherente voluntario”.

Y sobre su participación en el PGE del Cerro Mayaca, Fernández reconoció que fue contratado como capataz de una cuadrilla para efectuar labores de desmalezado en el sector. Pero las herramientas no llegaron nunca y al terminar el mes, hubo que pagar a la gente contratada. “Yo participé en el proceso en la calidad de capataz que se me había asignado”, dijo.

Ramificaciones

Tanto el alcalde Mella, que denunció el caso, como los actores políticos de uno y otro lado, confían plenamente en que la Fiscalía logrará desenredar todo el asunto y aclarar lo sucedido, estableciendo responsabilidades y sancionando los posibles delitos cometidos. El fiscal Bravo cuenta con nueve meses de plazo para investigar; en tanto, Mancilla, Malatesta, Meza y Fernández siguen sometidos a proceso y con orden de arraigo.

Pero entretanto, se supo que las irregularidades en la administración del PGE por parte de la Secretaría Ministerial del Trabajo habían sido detectadas por un concejal comunista de Viña del Mar, quien pidió una investigación a la Contraloría. El organismo contralor investigó el PGE de 2004 detectando gravísimas irregularidades constitutivas de delitos, enviando en agosto del año pasado un completo informe al intendente Luis Guastavino. Pero sucede que el documento nunca llegó a manos del jefe regional, porque algún funcionario subalterno lo dejó “enredado” en un cajón de su escritorio. El Intendente recién lo recibió en los últimos días –cuatro meses más tarde- y mientras lo estudia, ordenó un sumario para establecer por qué se lo ocultaron.

En San Antonio, en tanto, se inició la investigación sobre las ramificaciones que la administración fraudulenta del PGE tuvo en ese puerto. Igual se espera aclarar en Viña del Mar.

Pero en la medida que pasan los días y semanas, se va generalizando la convicción de que la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo a cargo del funcionario Mancilla, generalizó el manejo fraudulento de los Planes de Generación de Empleo. A esta sensación contribuyen las palabras del intendente Guastavino, quien el domingo 8 declaró a El mercurio de Santiago que “hay parlamentarios de todos los sectores políticos que solicitaron una cantidad de cupos” de los programas de empleos de emergencia.

...Y como en la Secretaría Regional del Trabajo el manejo irregular de estos planes era algo “normal”, queda de manifiesto que en muchas comunas se incurrió en irregularidades para favorecer con cupos a parlamentarios, alcaldes, concejales y candidatos del más diverso color político.