Senador Alberto Espina sospecha presiones de Estados Unidos... |
De: Amnistía Internacional- Chile
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Pese a que existía un acuerdo entre la Concertación y la Alianza para avanzar en la aprobación del Estatuto de Roma, que da vida al Tribunal Penal Internacional (TPI), el Ejecutivo retiró la ''suma urgencia'' a la iniciativa.
En la oposición aseguraron que la decisión respondió a presiones por parte de Estados Unidos, que exige la firma de un pacto que otorgue inmunidad a sus soldados.
Definitivamente, el mandato de Ricardo Lagos no ratificará el Estatuto de Roma, iniciativa que le otorga a Chile la facultad de aplicar justicia, investigar, enjuiciar y, eventualmente, condenar crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidios.
El mencionado instrumento fue el que creó la Corte Penal Internacional (CPI) en 1998 y era uno de los temas fuertes en la administración de Lagos, pero tras tener el acuerdo requerido para ratificarla, se habría decidido no volver a plantear el asunto durante su gestión.
La iniciativa “quedó en tabla”, afirmó el senador José Antonio Viera-Gallo (PS), integrante de la comisión de Constitución de la Cámara Alta y uno de los principales impulsores del Estatuto de Roma en el país, aunque especificó que la voluntad de aprobarlo existe y en el Congreso sólo están a la espera de que el Ejecutivo reponga la urgencia.
Todavía no está claro cuándo se retomará la discusión del proyecto, señaló otro de los integrantes de la Comisión de Constitución, el senador Andrés Zaldívar (DC). “Podría ser durante la segunda quincena de enero o no, porque como ya no existe urgencia no sabría si se irá a reponer”, aseguró, aunque recalcó que es un tema que atañe al Presidente.
El 4 de octubre del año pasado, la Comisión de Constitución del Senado aprobó por unanimidad –cinco votos a favor y cero en contra- la necesidad de que Chile se incorpore a las tipificaciones que sanciona el Estatuto de Roma, un acuerdo al que se han sumado cien países y que condena todo tipo de abusos que atenten contra la dignidad de las personas.
Fuentes gubernamentales señalaron que a partir del 15 de enero se volverá a colocar en tabla la ratificación del Estatuto y se estudiará qué urgencia se le asigna, aunque precisaron que el que lleva el tema es el Ministerio de Relaciones Exteriores. En la Cancillería informaron que sólo podrían referirse al tema a fines de este mes.
El senador Alberto Espina (RN), presidente de la Comisión de Constitución del Senado, lamentó el retiro de la urgencia, y advirtió que la medida se habría adoptado por supuestas presiones que habría recibido La Moneda de parte de la Casa Blanca.
"El gobierno lo retiró porque, seguramente, recibió presiones de Estados Unidos. Es, simplemente, decirle al gobierno que si firma ese Estatuto de Roma o la Corte Penal Internacional, seguramente Estados Unidos va a tener ciertas represalias contra Chile”, aseguró.
El legislador asegura el retiro de la celeridad debe responderlo el Canciller porque "él habló conmigo personalmente y me pidió urgencia al proyecto, se lo aprobé, le puse el proyecto en tabla; generamos un acuerdo y está en lista para votarse. ¿Por qué no lo aprueba, en circunstancias que hay un acuerdo unánime? La razón es la presión americana y la debilidad del gobierno a esa presión”.
Aprobar el Estatuto de Roma no sólo implica poder juzgar crímenes de lesa humanidad, sino que también colocaría a Chile en “jaque” ante Estados Unidos. Este último habría ofrecido al gobierno de Santiago ser aliado de la ex OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), a cambio de que sus soldados no puedan ser juzgados por el TPI.
Al no aceptar firmar dicho convenio, Chile podría tener represalias tanto políticas como económicas, pues los países que ya son integrantes del Tribunal Penal Internacional y no subscribieron el acuerdo bilateral previo con EE.UU., han sufrido el retiro de la ayuda militar de la nación norteamericana.
Sin embargo, si Chile lo suscribe, recibiría el reproche de la región.
Si se logran implementar los puntos que establece el Estatuto de Roma, se faculta a los tribunales chilenos para que apliquen justicia en el caso de que los delitos sean cometidos en territorio nacional o extranjero, por un compatriota o en contra de un chileno, explicó la abogada Camila Maturana, del Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Corporación Humanas.
“Después de lo que pasó con Pinochet en España y Londres, cada vez se hace más necesario que Chile se integre, porque es importante también pertenecer a la justicia globalizada, y así podamos tener acceso a la persecución de atentados contra los derechos humanos”, afirmó a su turno el abogado Leonardo Aravena Arredondo, coordinador de justicia de Amnistía internacional y de la Corte Pena Internacional.
Una institución como la Corte Penal Internacional (CPI) habría permitido que casos como el del ex gobernante peruano Alberto Fujimori fueran investigados y sancionados en su país de origen. No obstante, cabe destacar que dicho acuerdo establece que no existe retroactividad en su aplicación y no actúa en casos que ya están en procesos de investigación.
¿Qué pasaría si la implementación no se consigue?
Si esta ley de implementación no se realiza, cada vez que se cometa uno de estos ilícitos quedarán sin sanción, porque los tribunales chilenos no van a tener la habilidad legal para actuar y aplicar justicia, indicó Camila Maturana.
“Nosotros hacemos un llamado a los legisladores para que no se aparten de este consenso mundial y de los estándares internacionales del Estatuto de Roma, porque de lo contrario los tribunales chilenos no van a poder aplicar justicia”, agregó la abogada de Humanas.
Aravena Arredondo considera que este instrumento permitiría que sean los propios tribunales chilenos los que ejerzan su jurisdicción preferente. Aunque si es necesario que la CPI se haga cargo del caso, se puede hacer, siempre que exista la autorización del país respectivo, porque el Estatuto de Roma es un complemento o subsidio de la justicia de cada Estado.
En la actualidad, Chile es el único país sudamericano que no ha ratificado el Estatuto de Roma. Más al norte, ya fue aprobado por Canadá y México, y aunque lo aceptó en primera instancia, Estados Unidos –al igual que Israel- se retiró en último momento. Mientras, toda la Unión Europea ya lo visó.
La abogada Maturana señaló que existe actualmente un espíritu de implementar estos puntos y se puede ver con la votación unánime que obtuvo el proyecto del Estatuto de Roma en la comisión de Constitución.
Sin embargo, Aravena Arredondo estimó que "lo que se acordó y aprobó 5-0 en la Comisión de Constitución del Senado es muy difícil que pueda pasar de nuevo", especialmente si no se hace con la actual composición del Congreso. “Hay que considerar que parte de la Cámara Alta cambia para este año”, asegura.
Pero ahora sólo queda esperar, y ver si se el proyecto se repone después del 15 o si la tarea queda para quien llegue a La Moneda el próximo 11 de marzo.
La operación del Estatuto de Roma sólo se pondría en marcha si se cumplen los siguientes puntos que son obligatorios en el funcionamiento del acuerdo internacional.
No funcionaría cuando un caso es inadmisible ante la Corte Penal Internacional cuando haya sido juzgado o esté siendo investigado o juzgado por la justicia nacional. Ninguna persona será entregada por Chile a la Corte Penal Internacional mientras los órganos del Estado tengan la oportunidad de investigar y juzgar el presunto delito.
La cooperación entre las autoridades nacionales y la Corte Penal Internacional, se sujetará a lo que disponga la ley chilena respectiva. Ninguna persona podrá ser arrestada o detenida por solicitud de la Corte Penal Internacional, sin ser solicitada por la justicia chilena primero. Lo dispuesto en el Estatuto de Roma sólo corre para los crímenes posteriores a la entrada en vigor en Chile del Estatuto de Roma.
El Estado de Chile se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier modificación a la tipificación de los delitos de competencia de la Corte Penal Internacional. Fuente Amnistía Internacional. La entrada en vigor del Estatuto de Roma se hizo durante el año 2002, por lo cual aún no tiene a su haber un fallo mundialmente conocido, pero sirve para que los países que lo acuerden dejen atrás sufrimientos o malas experiencias del pasado.
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