Después de 32 años, responsables de Masacre de Quillota siguen impunes

Ya sea por manipulación o simple casualidad, al cumplirse el miércoles 18 de enero 32 años desde la masacre perpetrada por militares para asesinar a nueve militantes de izquierda en Quillota, el proceso judicial se encuentra aparentemente paralizado desde hace meses y ninguno de los familiares de las nueve víctimas ha recibido información alguna sobre el caso.

Se trata del episodio registrado el 18 de enero de 1974, cuando ocho prisioneros políticos eran trasladados en una patrulla fuertemente custodiada desde el Regimiento de Ingenieros a la Escuela de Caballería y en el Camino San Isidro seis fueron ejecutados y otros dos –el ex alcalde Pablo Gac y el abogado Rubén Cabezas- fueron llevados a la Escuela de Caballería, donde se les fusiló junto al dirigente campesino Levi Arraño, quien se encontraba en el recinto militar.

En esa época, ejercía como jefe militar, gobernador provincial y comandante de la Guarnición el entonces coronel Ángel Custodio Torres, que era comandante del regimiento de Ingenieros “Aconcagua”.

Pero las indagaciones posteriores indican que toda la operación fue planificada y ejecutada por orden del director de la Escuela de Caballería, teniente coronel (grado inferior al anterior) Sergio Arredondo González. Este oficial recién había terminado su cometido como segundo jefe de la Caravana de la Muerte, que asesinó a cerca de un centenar de dirigentes de izquierda en el sur y el norte del país y fue “premiado” por Pinochet con el cargo en Quillota.

Toda la operación se basó en las mismas fórmulas y procedimientos que los crímenes cometidos por la comitiva del tenebroso helicóptero Puma dirigido por el general Sergio Arellano Stark.

Una sangrienta masacre

La autoridad militar de la época prohibió a la prensa local investigar o difundir más información que la oficial, que señalaba que extremistas habían asaltado la patrulla militar que trasladaba detenidos a la Escuela de Caballería, resultando –según la versión- seis prisioneros muertos y dos fugitivos: el ex alcalde Pablo Gac y el abogado Rubén Cabezas, ambos socialistas.

Lo concreto es que por orden de Arredondo, el coronel Torres había hecho reunir en el Regimiento a los militantes y dirigentes de izquierda Manuel Hurtado Martínez, funcionario de Tesorería, Secretario Regional del Partido Socialista; Hugo Aranda Bruna, agricultor y dirigente vecinal; Julio Loo Pardo, dirigente sindical de Rayón Said, militante comunista; Eduardo Manzano Cortés, presidente del Sindicato Rayón Said, militante del MIR; Víctor Fuenzalida Fuenzalida, jefe del Departamento Técnico de la CORA, Secretario local del Partido Comunista; Ángel Díaz Castro, obrero textil y dirigente vecinal; Pablo Gac Espinoza, alcalde de Quillota, militante del socialista y Rubén Cabezas Parés, abogado, Fiscal de la CORA, también socialista.

Esa madrugada, todos fueron subidos a jeeps militares y se les trasladó al Camino a la Escuela de Caballería. Sólo Gac y Cabezas llegaron al instituto militar ubicado en San isidro, donde se hallaba el dirigente campesino Levi Arraño. Los tres fueron fusilados en el recinto y sacados al día siguiente en un helicóptero de la Armada, que los lanzó al mar.

Los seis restantes llegaron sólo hasta un recodo del Camino a San Isidro, a pocos metros de un paso caminero bajo nivel, donde los propios militares atacaron con granadas y metralletas el vehículo en que se les transportaba, dándole muerte a todos... menos uno.

Consumada la masacre, todos los cuerpos fueron llevados de regreso al Regimiento, donde un oficial se percató que una de las víctimas permanecía con vida. Lo subieron a un vehículo militar y lo llevaron al mismo lugar de la matanza, donde el oficial le propinó un tiro de gracia en la cabeza. Verificada la muerte, lo llevaron nuevamente al Regimiento, desde donde se les envió a la morgue ubicada en el Hospital de Quillota.

Allí, los doctores Orazio Bruzzone –que en 1989 sería candidato a diputado por la derecha- y Jorge Abdé les hicieron autopsias, cuyos informes resultaron confusos y no fueron conocidos por los familiares, quienes recibieron los cadáveres en urnas selladas que nunca pudieron revisar.

28 años más tarde

Debieron transcurrir 28 años para que después que los familiares presentaran tres querellas contra Pinochet ante el juez Juan Guzmán, se remitieran los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, donde fue designada la ministra Gabriela Corti para investigar los hechos.

La magistrada logró desentrañar toda la trama y en 2004 sometió a proceso a ocho ex uniformados, logrando establecer las responsabilidades de cada cual en la masacre. Todos fueron detenidos, pero luego recuperaron la libertad bajo fianza sin que se hayan hecho efectivas las acusaciones judiciales.

Hasta donde se sabe, la ministra Corti realizó una investigación muy acuciosa interrogando a todos los ex uniformados comprometidos. Sometió a proceso como principales responsables del sangriento episodio a los dos altos oficiales que ejercían en Quillota: el coronel Torres y el comandante Arredondo; también al entonces capitán Francisco Pérez, quien se encargó de la ejecución directa de la matanza; a otros oficiales subalternos y a varios suboficiales; entre ellos el suboficial mayor de Ejército Sergio Placencia, especializado en Inteligencia Militar, y al suboficial de Carabineros Laureano Hernández, muy conocido en Quillota como “El Loco”.

Extraña paralización

Después de tanto avance y medidas judiciales tan concretas, el proceso entró en una nebulosa que –entre otros factores- ha sido posible porque la mayoría de los querellantes sólo cuenta con la asesoría legal de abogados del FASIC que son de Santiago y no viajan a Valparaíso para pedir diligencias o dinamizar el avance del proceso.

Extraoficialmente se supo que hace meses, la ministra Gabriela Corti dejó todos los casos sobre derechos humanos que estaban a su cargo y que se designó otra ministra de la misma Corte, a quien tampoco se asignó dedicación exclusiva. Entonces, está más preocupada de los procesos “día a día”, dejando de lado las causas que se arrastran desde tantos años.

Familiares de las víctimas señalaron que no han logrado que los abogados o procuradores del FASIC viajen a Valparaíso para interiorizarse sobre el estado de la causa. Tampoco han conseguido la asesoría –que debe ser gratuita- de algún abogado de la plaza porteña; de tal modo, que efectivamente, al cumplirse 32 años del más negro episodio de la historia social de Quillota, los asesinos continúan sin recibir castigo.

Sólo un recuerdo

Al cumplirse 32 años de la cruel matanza, las organizaciones de Derechos Humanos de Quillota, junto a las agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Ejecutados Políticos, nuevamente recordarán el sangriento episodio con una velatón frente al monolito a las víctimas de la dictadura ubicado a un costado de la Plaza de Armas de Quillota.