Denuncia de cohecho enturbia triunfo del diputado electo en el Distrito 10

La denuncia fue oficializada ante la Fiscalía de Quillota el martes 6 de diciembre por el alcalde Luis Mella. Según los antecedentes entregados a la instancia judicial, en el poblado Cerro Mayaca de esta ciudad, se había pagado cheques por 54 mil pesos a más de 50 pobladores, a quienes se pidió apoyar la campaña de Enríquez-Ominami. El dinero procedía de un programa del Plan de Generación de Empleos (PGE), destinado a ejecutar trabajos de mejoramiento para ofrecer puestos temporales de trabajo a personas cesantes.

Según la denuncia, en este caso las personas que recibieron cheques no realizaron trabajo alguno, ya que se trataba de un programa ficticio destinado a desmalezar algunos lugares del Cerro, tarea que no se realizó. Se trataría –según el denunciante- de un evidente caso de cohecho, ya que con recursos públicos se estaba pagando a electores por dar su voto al candidato socialista.

Secretario Ministerial del Trabajo

Mientras el entonces candidato Marco Enríquez-Ominami aseguraba desconocer todo antecedente sobre lo denunciado, en Valparaíso, tal como si saltara un fusible, se informaba que el secretario regional ministerial del Trabajo, José Manuel Mancilla, renunciaba a su cargo para permitir una mejor investigación de este caso.

Luego se supo que los proyectos PGE son administrados directamente por la Secretaría Regional Ministerial y que en el caso del programa denunciado, el propio Mancilla lo había asignado a un contratista de su confianza.

El candidato Enríquez-Ominami reclamaba, en tanto, porque la denuncia se hizo en días inmediatamente anteriores a la elección, cuando las posibilidades de aclarar o formular descargos prácticamente no existe debido a las restricciones legales.

Por esos días, el alcalde Luis Mella reclamó públicamente porque ni el intendente regional ni la Democracia Cristiana apoyaron sus denuncias y anunció que renunciaría a la DC –y, por tanto, a la Concertación- por este motivo.

En tanto, el caso alcanzaba resonancia nacional y el alcalde de Valparaíso, Aldo Cornejo, se sumaba a las denuncias asegurando que en ese Puerto el secretario ministerial del Trabajo también mantenía pagos a trabajadores por proyectos PGE que no se habían ejecutado.

En Quillota, el fiscal Pablo Bravo anunciaba que formularía cargos para iniciar una investigación judicial contra el secretario ministerial José Manuel Mancilla, dos contratistas y el “intermediario” de los pagos efectuados en el Cerro Mayaca, como imputados en el delito de fraude fisco. La formalización de cargos se hizo efectiva justamente al momento de cerrar esta información y sólo se conocieron las declaraciones de Mancilla insistiendo en que bajo su administración, no se efectuaron pagos de fondos públicos por proyectos no ejecutados.

El cohecho

Durante los últimos días del año pasado y los primeros del 2006, la denuncia inicial del alcalde Mella ha ido alcanzando caracteres insospechados, ya que ahora se habla de otros proyectos PGE administrados de manera fraudulenta y hasta de un circo presentado en Viña del Mar en apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet, que habría sido financiado con 50 millones de pesos procedentes del Gobierno Regional.

Pero mientras se avanza en las indagaciones y numerosos personeros políticos se suman a las acusaciones cruzadas, no asoman nuevos antecedentes que permitan configurar el delito de cohecho, que consiste en pagar votos con beneficios para el sufragante.

Los antecedentes presentados por el alcalde Mella vinculan el pago de cheques en el Cerro Mayaca con la candidatura de Enríquez-Ominami porque la persona que entregaba los documentos, identificada como Luis Fernández (“Luiggi”) se habría desempeñado como activista de la campaña del cineasta.

Quienes conocer el caso más a fondo, aseguran que resultará prácticamente imposible configurar el delito de cohecho, porque se requeriría que los presuntos beneficiados demuestren que se les entregó dinero a cambio de su voto a favor de Enríquez-Ominami. Pero no habría documento alguno y, menos, personas dispuestas a declarar en ese sentido por temor o sencillamente, porque no hay electores comprometidos de esa manera.

Expectación

Transcurridos los primeros días del 2006, no se sabe en qué terminarán las investigaciones del fiscal Bravo. Está claro, eso sí, que la denuncia original permitiría destapar una “olla” de insospechados componentes, con ramificaciones que comprometerían a distintas reparticiones y comunas de la Región.

Por ejemplo, surgió un informe realizado por la Contraloría Regional a petición de un concejal comunista, que entrega antecedentes sobre mal uso de recursos públicos. El informe de la Contraloría había sido enviado al intendente Luis Guastavino hace cuatro meses, pero se mantuvo oculto en el escritorio de uno de sus asesores y el jefe regional recién supo de su existencia el último día de 2005, a raíz del caso que se investiga en Quillota.

Por su parte, el alcalde Mella entregó su denuncia al presidente de su partido, senador Adolfo Zaldívar, pero no le fue aceptada y sería retirada debido a que finalmente la DC y la Concertación se comprometieron claramente con la denuncia del jefe edilicio de Quillota.

En el Distrito 10 tanto como en la V Región y en el resto del país, existe gran expectación por el avance y desenlace que pueda tener la investigación sobre la denuncia de cohecho. Se sabe que saltarán plumas y se descubrirán hechos insospechados hasta ahora, aun cuando se estima que no se logrará configurar el delito de cohecho.

Lo que es evidente, por otra parte, es que la denuncia que investiga la justicia y que ha causado tanto revuelo en todo el país, ha impedido que el flamante diputado electo Marco Enríquez-Ominami pueda disfrutar o celebrar como corresponde la deslumbrante primera mayoría alcanzada en el Distrito 10 durante las recientes elecciones parlamentarias.