Hogares chilenos destinan el 43% de sus ingresos a pagar deudas

Por Álvaro Ramis, Teólogo
De: Correo Semanal/ Partido de los Trabajadores

Los chilenos estamos muy endeudados. El Banco Central calculó que los hogares chilenos están destinando 43% de sus ingresos a pagar deudas. En 2000 esa cifra sólo llegaba a 35%. Este salto ha sido posible mediante la circulación de 13 millones de tarjetas de crédito para una población activa de sólo 7 millones de personas. Se calcula que el endeudamiento de los hogares chilenos aumenta cada año en 16%. Definitivamente, nos están comiendo las deudas.

No es extraño que el nuevo proyecto para el financiamiento universitario preparado por el Ministerio de Educación haya encontrado tanta oposición. Es evidente que la universidad es la principal vía de movilidad social que está al alcance de la población. Optar a mejores niveles de productividad y salarios pasa por la inversión que sea capaz de realizar una persona. En ese punto hay consenso, pero las diferencias comienzan al pensar en las responsabilidades de las personas, el Estado y el mercado en ese proceso.

En los últimos 25 años la cobertura de la educación superior chilena se ha ampliado hasta llegar a los 600 mil estudiantes. Este crecimiento ha sido desigual y fragmentado, tanto en calidad como en orientación. Las nuevas universidades privadas han hecho inversiones y han canalizado las demandas de movilidad social de una importante porción de la población.

La propuesta que el Ministerio de Educación ha elaborado en la nueva ley de financiamiento trata de responder a este escenario al tratar de elevar los estándares de calidad por medio de políticas de acreditación y al abrir nuevas posibilidades de financiamiento a los estudiantes de las universidades privadas e institutos técnicos. Pero el proyecto contempla que el actual crédito universitario sea otorgado, universalmente, por la banca privada, bajo sus condiciones de interés y cobranza.

Para los hogares chilenos, sobreendeudados y acosados por la vulnerabilidad y flexibilidad de los empleos, esta solución no es atractiva. Es justo que exista un sistema de crédito para estudiantes que deseen tomar libremente esa opción. El problema es que el costo de las carreras es tan alto que para la gran mayoría sería imposible acceder a estudios universitarios sin contraer una deuda bancaria. En el sobreendeudamiento generalizado es una mala noticia. ¿Estamos condenados a un endeudamiénto crónico, que hipoteque las posibilidades de nuestras familias de acceder a otros bienes? Muchos pensamos que no. Pero para eso es necesario construir una “agenda pro igualdad”, que contemple medios de redistribución del ingreso. No basta asignar al Estado el rol de nivelador de las asimetrías. También es necesaria una mayor e inteligente inversión estatal.

En la actualidad, de cada 10 pesos que se invierten en educación superior, el Estado aporta 2 pesos. El 80 % restante proviene fundamentalmente del bolsillo de las familias. Esta desproporción es una de las más altas del mundo. Según un estudio del Banco Mundial sólo Singapur aventaja a Chile en esto. Una solución justa debe evitar que el gasto estatal termine subsidiando a quienes cuentan con los recursos suficientes para sus estudios. La educación es un bien público por cuanto reporta beneficios a la sociedad, pero también claros beneficios privados a cada estudiante. Por eso se requiere un sistema en que los costos sean compartidos.

¿Por qué no pensar en un subsidio por el costo de oportunidad de trabajo de los estudiantes más pobres? ¿Porqué no plantear una reforma tributaria progresiva, focalizada en los profesionales, como retorno social por su educación? ¿Porqué no privilegiar en la asignación de recursos a los CFT e IP? Un estudio de la Cepal ha confirmado que bajar en uno o dos puntos el índice Gini, que mide la concentración del ingreso, lograría la misma reducción de la pobreza que muchos años de crecimiento. Necesitamos una “agenda pro igualdad” que no le tema al desafío.