Ministra en visita recibió antecedentes

En Olmué existiría otro cementerio clandestino

Todo hace presumir que la ministra en visita Gabriela Corti no investigará la existencia de un cementerio clandestino en la comuna de Olmué, provincia de Quillota, para no desviar su labor de las causas que instruye por graves violaciones contra los derechos humanos en la V Región.

La jueza está a cargo de los procesos por la masacre perpetrada en Quillota en enero de 1974, con resultado de nueve dirigentes de izquierda muertos; el homicidio del periodista, constructor civil, regidor de Limache e interventor de la CCU Jaime Aldoney y el homicidio del ex enfermero de la Escuela de Caballería, Juan Fuentes, en manos de efectivos militares. Debió dejar el proceso por el homicidio del sacerdote Miguel Woodward después de haber intentado cerrar el caso sin procesar a los responsables.

Fuentes cercanas al tribunal informaron a este medio que durante los interrogatorios realizados por la ministra Corti para esclarecer el homicidio de Aldoney, recibió antecedentes sobre un cementerio clandestino que se ubicaría en el sector Quebrada Alvarado, en Olmué, donde a comienzos del régimen militar habrían sido enterrados ilegalmente cadáveres de ejecutados políticos.

Según la misma versión, las declaraciones quedaron estampadas en el expediente, pero la magistrada Corti no habría dispuesto diligencia sobre el caso alguna hasta ahora, debido a que no tiene relación alguna con las causas que está instruyendo.

Sin embargo, los mismos antecedentes habrían sido también puestos en conocimiento de los efectivos del Departamento Quinto de Investigaciones, que han trabajado con la jueza Corti, quienes tampoco han iniciado indagaciones en torno a esta nueva denuncia.

Procesos paralizados

Por otra parte, ha causado preocupación entre los familiares de las víctimas de la masacre de 1974 en Quillota la aparente paralización en que se encuentra la causa.

La ministra en visita logró establecer en detalle cómo se registró el múltiple homicidio el 18 de enero de ese año en el sector del Camino a San Isidro, decretando los procesamientos y detención de oficiales y suboficiales en retiro, encabezados por los coroneles (r) Sergio Arredondo y Ángel Torres. Todos fueron dejados en libertad condicional, pero desde entonces, los familiares no han conocido mayores avances e ignoran si la magistrada determinará el cierre del sumario, el inicio de la etapa plenaria y la posterior acusación y condena de los responsables.

En cuanto al caso Aldoney, también se desconocen nuevos avances, a pesar que los abogados y parlamentarios Laura Soto y Juan Bustos han ido entregando nuevos antecedentes al tribunal.

Fuentes cercanas a los procesos explicaron a este medio que esta aparente paralización de las causas por violaciones a los derechos humanos obedece a que la ministra en visita nunca ha podido abocarse en forma exclusiva a estos procesos, ya que sigue conformando salas en la Corte de Apelaciones e instruyendo numerosos procesos penales.